Sara Ayllón, doctora en Economía Aplicada: "La pobreza infantil no es una condena, podemos reducirla”

Hoy viernes se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y una cifra inquieta muy por encima de todas: uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de exclusión en España. Para reducirla, el Comitè d'Experts per a la Transformació i la Innovació Social (CETIS) presentó recientemente el informe encargado por la Generalitat con propuestas como una renta universal para todos los menores de tres años. Sara Ayllón forma parte de este grupo de expertos, además de colaborar con el Observatorio Social de la Fundación La Caixa.

¿Somos conscientes como sociedad del significado que casi el 35% de los menores de 16 años estén en riesgo de pobreza?

Estamos ante un porcentaje especialmente grave. De hecho, España ocupa el segundo lugar del ránking europeo en pobreza infantil, solo por detrás de Bulgaria. Es preocupante, porque hablamos de países con un nivel de desarrollo económico mucho menor. Aún así, todavía hay gente que niega su existencia, quizás porque es muy invisible. Pero las consecuencias son claras: muchas familias no pueden cubrir necesidades básicas de sus hijos como una dieta adecuada, actividades de ocio o una vida social normalizada.

¿Cómo es posible que, tras décadas de Estado del bienestar, no hayamos logrado reducirla?

Tenemos dos problemas con las ayudas: de cobertura y de cuantía. Por un lado, no llegan a todas las personas que las necesitan. Por otro lado, las cantidades son insuficientes. La antigua prestación por hijo a cargo quedó obsoleta, y ahora tenemos el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI). Es una buena herramienta, pero vuelve a fallar la cobertura.

La diferencia entre ricos y pobres se ensancha. ¿Las ayudas podrán llegar a cubrir esa brecha?

Las ayudas deben adaptarse a las necesidades de la sociedad en cada momento. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un gran problema con el coste de la vivienda. Por eso, el comité de expertos ha propuesto complementos específicos para ayudar a las familias con ese gasto. También defendemos una ayuda universal en los primeros años de vida. Esto facilitaría a las familias vulnerables la relación con la administración desde el principio.

¿El Govern ha recibido bien unas propuestas que implican un esfuerzo notable?

Han mostrado interés, pero ahora son ellos quienes deben decidir qué medidas se aplican y cómo. En todo caso, hay propuestas más estructurales y otras que son relativamente fáciles de aplicar. Por ejemplo, el sistema educativo ya identifica niños con necesidades especiales por causas económicas. La administración podría aprovechar esa información para contactar directamente con las familias y acompañarlas en la solicitud del Ingreso Mínimo Vital.

¿Cómo combatir los bulos que genera el sistema de ayudas, sobre todo cuando recaen sobre familias migrantes? 

No debemos ver las ayudas como un gasto, sino como una apuesta de futuro. La inmigración puede generar un coste inicial, pero a medio y largo plazo es una inversión. Cuando esas familias se integran, trabajan y sus hijos se educan, el balance es positivo. Pero para ello también se necesita un buen diseño de políticas públicas, ya que las ayudas deberían ser compatibles con el empleo, muchas veces precario, hasta que las familias logren estabilizarse.

Los vientos políticos viran hacia un mayor individualismo. ¿Es optimista a pesar de todo?

No podemos permitirnos otra cosa que ser optimistas. Hablamos de la vida de niños y niñas, y es responsabilidad de los adultos garantizarles un futuro justo. Por los tanto, debemos seguir trabajando con optimismo y voluntad política. Como demuestran aquellos países con tasas mucho más bajas, la pobreza infantil no es una condena estructural, puede reducirse drásticamente si se destinan los recursos y las políticas adecuadas.