Los jueces que investigan la trama del notario prohíben vender las viviendas de los afectados

El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona –que investiga al notario de Barcelona Sergio González Delgado y a otras 12 personas, entre intermediarios y prestamistas, por una presunta estafa a ancianos y personas con discapacidad– ha acordado, durante la instrucción del caso y ha instancia de la Fiscalía de Barcelona, la prohibición de vender a terceras personas las viviendas de la mayoría de las víctimas, que ascienden a una veintena, según fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. El objetivo de esta limitación, denominada técnicamente 'prohibición de disponer', es que los perjudicados puedan recuperar su propiedad si se acredita que se ha cometido engaño o fraude. Esta decisión también ha sido tomada por el Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona, el cual tramita un segundo proceso judicial por el que el notario se enfrenta a 10 años de prisión.

Las operaciones que está investigando la justicia son prácticamente iguales. Según los atestados de los Mossos d’Esquadra, a los que ha tenido acceso este diario, los denunciantes creían firmar unos préstamos cuando lo que realmente estaban haciendo era rubricar una opción de compra de su vivienda a un precio muy inferior al del mercado, que llegaba incluso a la mitad de su valor de tasación. Además, el prestamista podía vender la residencia de forma unilateral sin informarles. Los denunciantes sostienen que el notario ahora investigado no les informaba de lo que iban a firmar, ni de los derechos que les asistían. “No me leyó nada, solo di el DNI y firmé”, ha asegurado una de las mujeres afectadas.

La prohibición de disponer supone una restricción legal que impide al nuevo dueño de una propiedad, en los casos investigados viviendas, venderla, donarla o hipotecarla. Esta decisión judicial se lleva a cabo con la inscripción en el Registro de la Propiedad que corresponda de una anotación preventiva. De esta manera, cualquier persona que consulte el registro puede saber que sobre la finca existe esta limitación. En alguno de los casos investigados no se ha podido imponer esta medida porque los prestamistas ya habían vendido el inmueble a terceros. En este caso, no es posible devolver la casa a las víctimas, pero los perjudicados sí que pueden solicitar una indemnización si el proceso desemboca, al final, en un juicio.

Declaración anulada

El caso del Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona, en el que el fiscal reclama 10 años de prisión para el notario y ocho para la administradora de una empresa de gestión de réditos, está pendiente de juicio. Mientras, el que tramita el Juzgado de Instrucción 32, donde figuran la veintena de víctimas, se encuentra todavía en fase de investigación. En un principio, el notario Sergio González, junto con otros investigados, estaban citados el próximo 29 de octubre. Sin embargo, los interrogatorios se han suspendido y aún no se ha fijado una nueva fecha. Las fuentes consultadas han explicado a este diario que existen denuncias de otros afectados repartidas por diferentes juzgados, algunas de ellas archivadas provisionalmente, aunque no se descarta que se intenten reabrir ante la investigación efectuada por los Mossos d’Esquadra.

Expediente y medidas cautelares

Por su parte, el Col.legi Notarial de Catalunya ha acordado cumplimentar la orden de la Dirección General de Seguridad Jurídica, órgano dependiente del Ministerio de Justicia y que regula la profesión notarial, de abrir un expediente disciplinario al notario Sergio González, el cual podría haber incurrido en una falta grave o muy grave en su función profesional.

En este sentido, fuentes ministeriales precisan que en este expediente se incluirá la causa en la que el fiscal le reclama 10 años de prisión. “La situación ha cambiado, pues antes se trataba de una investigación aún sin acabar y ahora ya hay un escrito de acusación de la fiscalía”, explican fuentes del sector notarial. El expediente será tramitado por un instructor y sus conclusiones serán elevadas a la Dirección General del Ministerio de Justicia, que es el órgano que puede suspender cautelarmente de sus funciones a un notario. González ha negado reiteradamente las acusaciones y asegura que siempre ha cumplido con los deberes de su profesión.

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