El Govern no descarta expropiaciones para mejorar la seguridad en zonas inundables de Catalunya

El Govern admite que Catalunya necesita "nuevas medidas de prevención" y seguridad ante riadas y lluvias torrenciales como las que se vivieron el pasado fin de semana en las comarcas del Ebro. Ayuntamientos como el de Alcanar, por ejemplo, se han quejado en númerosas ocasiones de que algunos de sus edificios se encuentran en zonas especialmente vulnerables.

¿Pretende la Generalitat expropiar estas casas y reubicar a las personas que viven en ellas? El Ejecutivo catalán no lo descarta pero afirma que, antes de abordar el asunto, es necesario tener actualizado el mapa de zonas inundables. Tanto la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) como Protección Civil llevan meses trabajando en una reelaboración de esta cartografía, que estará lista en las próximas semanas o meses. "Cuando tengamos los mapas actualizados, lo estudiaremos", detalla Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

"Es cierto que algunas infraestructuras, como la carretera C-12, se ven afectadas por inundaciones de forma reiterada y debemos plantear la instalación de elementos de resistencia para que sean más seguras", dice la consellera. Pero para afrontar decisiones complicadas sobre puntos concretos del territorio, el Govern quiere tener delante el nuevo mapa de peligro por inundación. "Donde sea necesario, se actuará, pero no hay una receta única y se debe analizar todo caso por caso", advierte Paneque.

El Govern activa un paquete de medidas urgentes para hacer frente a los daños provocados por Alice

De hecho, esta semana se oficializará la puesta en marcha del Observatorio de Zonas Inundables, un nuevo ente que deberá evaluar la situación de ciudades y pueblos de Catalunya en cuanto a esta amenaza. Cabe señalar que a día de hoy, en la comunidad autónoma hay más de 220 escuelas, 50 residencias y 50 centros sanitarios, además de decenas de proyectos urbanísticos de nueva creación, en áreas anegables.

El camino a seguir es similar a lo que se ha hecho con los cámpings. Para los cámpings, unas infraestructuras no rígidas y más vulnerables que otros edificios, se creó un decreto que estudiará con lupa la situación de cada actividad para determinar si es necesario aplicar nuevas medidas, trasladar algunos de los bungalows o las áreas de acampada o directamente cerrar un cámping y compensarlo económicamente. El marco legal aprobado analizará de forma individual cada cámping e irá informando de las decisiones que se tomen a través de un consejo asesor y un equipo técnico designados para ello.

Gestionar la emergencia

Más allá de estos mecanismos en proceso –creación del observatorio y actualización de los mapas de zonas de riesgo–, el Govern ha acordado crear un grupo de trabajo que estudie las medidas iniciadas y determine las futuras actuaciones que deberán llevarse a cabo. El grupo estará formado por diversos departamentos y entidades del sector público en función de sus competencias, y en él tendrá un papel relevante el delegado del Govern en las comarcas del Ebro, Joan Castor, por su conocimiento del territorio.

De hecho, Paneque ha anunciado la creación de un futuro Centro Logístico de Emergencias Catalunya Sud, para poder reaccionar con más eficacia y cercanía durante y después de las emergencias.

Las obras para reparar infraestructuras dañadas se harán con contratos por la vía de emergencia para ser más ágiles

En paralelo, la ACA ya ha empezado a cuantificar los daños en los barrancos y rieras afectados por las crecidas y, junto con Infraestructures.cat, empezará a encargar obras para reparar puentes e infraestructuras dañadas. Se hará con contratos por la vía de emergencia para ser más ágiles.

10 millones en ayudas

También se adjudicarán por la vía de emergencia ("para acelerar las obras y simplificar los procedimientos administrativos") los trabajos para arreglar los daños causados por el temporal Alice en los municipios afectados. En concreto, el Govern ha aprobado un primer paquete de medidas urgentes de 10 millones de euros (procedentes del fondo de contingencia y de las partidas ordinarias de varias conselleries) y una línea de préstamos por un importe inicial de 50 millones de euros ampliables.

La primera partida va destinada a subvenciones directas para los ayuntamientos y sectores más perjudicados. Sobre todo, serán para reparar infraestructuras municipales, apoyar al sector agrario y financiar actuaciones de la Generalitat y otros organismos públicos en las áreas afectadas.

El Institut Català de Finances (ICF) activará además, a partir del lunes 20 de octubre, una línea de préstamos de 50 millones de euros en condiciones preferentes para empresas, administraciones locales y entidades que afronten desperfectos derivados de la DANA. Los créditos podrán devolverse en un plazo de hasta diez años, con un año de carencia.

El acuerdo contempla también la creación de un grupo de trabajo para evaluar la aplicación de las medidas y planificar nuevas actuaciones, con participación del delegado del Govern en las Terres de l’Ebre y de los organismos competentes en materia de infraestructuras y emergencias.

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