El fiscal reclama 10 años de prisión para el notario investigado por otro caso de estafa

La mujer, M. M. P. G., estaba en 2019 en una situación vulnerable, padecía un trastorno depresivo, tenía una necesidad económica acuciante y sus conocimientos financieros eran escasos. No podía ir a un banco a pedir un crédito porque figuraba en un registro de morosos. Su objetivo era modesto: lograr un préstamo de 10.000 euros. Al final, sin saberlo, firmó una opción de compra de su vivienda, valorada ahora en casi 300.000 euros, y la perdió. En su camino se cruzaron los administradores de una empresa y el notario de Barcelona Sergio González Delgado, para quien el fiscal solicita en esta causa 10 años de prisión, multa, más inhabilitación por un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El caso de esta mujer ha sido investigado en el Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona y está pendiente de señalarse el juicio. Este proceso, que data de 2022, ha ido más rápido que el que tramita el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, publicado la semana pasada por este diario, y en el que hay una veintena de víctimas de una amplia trama en la que figura como investigado Sergio González. El notario ha declinado hacer declaraciones sobre el escrito de acusación del fiscal, que, en un principio, le sentará en el banquillo de los acusados. Una segunda imputada en este asunto, Maria Francisca P. A., se enfrenta a ocho años de prisión.

El fiscal reclama la inhabilitación del notario en esta causa que está pendiente de fijar fecha de juicio

El fiscal relata que esta segunda imputada junto con un socio ya fallecido, como administradores de una empresa dedicada a la concesión de créditos rápidos, tenían "la intención fraudulenta de apoderarse" de la vivienda de M. M. P. G. abonando una contraprestación económica "muy inferior" al valor del mercado.

Según el fiscal, el notario Sergio González "intervino y favoreció el fraude" cometido por los administradores de la empresa prestamista

A finales del 2019, la acusada captó a la víctima y le hizo creer "en todo momento" que firmaría un préstamo por los 10.000 euros que precisaba, "ocultando" que, en realidad, la operación que iba a realizarse, "sin su consentimiento", era la compraventa de su vivienda a un precio irrisorio y sin saldar una hipoteca que tenía la finca, que siguió pagando la víctima. La acusación pública reclama que se declare nula la operación, se cancele la venta de la vivienda y se reintegre la propiedad a la víctima. Si no fuera posible, solicita que los dos acusados la indemnicen con unos 266.000 euros.

Un precio irrisorio

El precio fijado de la vivienda en la escritura era de 65.000 euros, cuando su valor era de 284.916 euros (ahora 293.139). De esos 65.000 euros se debía descontar la hipoteca que había sobre la casa, de 52.104 euros, por lo que la suma que iba a percibir la mujer era de solo 12.895 euros. Al final, M. M. P. G., recibió un total de 27.000 euros, con lo que el perjuicio asciende a más de 250.000 euros

Según el fiscal, el notario Sergio González "intervino y favoreció el fraude" cometido por los administradores de la empresa prestamista "en perjuicio" de la afectada. El escrito es especialmente duro y atribuye a este profesional "una infracción masiva por su parte" de los "deberes inherentes a su posición de notario". Entre ellos enumera el deber de denegar documentos sobre negocios de contenido "antijurídico", examinar el negocio y asesorar a la parte que firma la escritura. El notario, al entender de la acusación, debió advertir de que se iba a producir "de forma clara y manifiesta" un perjuicio a la víctima. Esta actitud de "infracción" de deberes, precisa el escrito, resultó "absolutamente determinante" para cometer el fraude.

La víctima firmó ante este notario varias escrituras pensando que "únicamente" se limitaba a recibir cantidades a cuenta o ampliando el préstamo, cuando, en realidad, estaba "transmitiendo su vivienda". El fiscal apunta que nunca se informó a la perjudicada de su "verdadero contenido" ni de "su verdadera trascendencia". El notario no le entregó ni los documentos (llegó a firmar cinco escrituras diferentes) que fueron por él autorizados. Al cabo de un tiempo, la opción de compra se ejerció, los nuevos propietarios no cancelaron la hipoteca y la perjudicada tuvo que seguir haciéndose cargo de ella.

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