El colectivo LGTBI llevará a Europa los incumplimientos de España con la ley trans española

La federación Plataforma Trans, que agrupa las entidades en favor de las personas trans en España va a presentar una queja formal ante el servicio de asesoramiento de la Comisión Europea contra España por no estar aplicando algunas partes de la ley trans, casi tres años después de su aprobación en el Congreso de los Diputados. "El Gobierno que dice ser el más progresista de la historia, para frenar el alcance del conservadurismo y el totalitarismo, primero debería comenzar a cumplir y aplicar las leyes", se queja la presidenta de la entidad, Mar Cambrollé.

La histórica activista del movimiento LGTBI señala en dos incumplimientos de la ley que son flagrantes y que están dejando a muchas personas en los márgenes. La primera es que hace ya más de un año que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería haber enviado una instrucción a las Oficinas de Extranjería para que las personas trans que tienen permiso de residencia legal en España puedan modificar su documentación. Es decir, que se puedan cambiar el nombre y el sexo en el NIE y otros documentos, como ya pueden hacer las personas nacionales, con DNI en el Registro Civil.

Cambios de nombre y sanciones

Cambrollé explica que esto está provocando que haya personas trans inmigrantes con residencia en España que piden cita en las Oficinas de Extranjería para intentar el cambio de su documentación pero se topan con un muro. "Los funcionarios les dicen que no pueden hacer el trámite porque aún no tienen la instrucción del Ministerio, es un sinsentido", se queja. "No hay voluntad política. Tenían un año para hacerlo, ya han pasado más de dos y no está sucediendo", protesta la presidenta.

Otro de los incumplimientos graves que ha detectado esta plataforma estatal es que aún no se ha impuesto ninguna sanción ante los actos discriminatorios que sufren las personas del colectivo LGTBI. La ley estipula que las comunidades autónomas y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad son los órganos encargados de tramitar las sanciones ante la discriminación que sufre el colectivo, que van desde los 200 euros a los 150.000. "En el último año se han duplicado los delitos y agresiones de odio contra el colectivo y el régimen de sanciones administrativas aún no se ha estrenado. ¿No es raro? No tenemos protección por parte del Gobierno", lamenta Cambrollé.

La presidenta de la plataforma critica que estos incumplimientos tienen un efecto importante en la sociedad. "No se puede frenar a la derecha o a la ultraderecha desde la inacción o el incumplimiento de normas que están en vigor y defienden nuestros derechos", explica Cambrollé. Precisamente la presidenta de esta entidad ha señalado las graves consecuencias que puede traer la nueva legislación que prepara el Gobierno Británico para vetar a las personas 'trans' de lavabos y vestuarios públicos, con lo que espera que esta "ola reaccionaria" no llega a España.

Trabas laborales

También señala que uno de los problemas más graves que afronta el colectivo 'trans' a día de hoy es la falta de oportunidades laborales, y por ende, la pobreza y vulnerabilidad social en la que se encuentran muchas personas. "Nos enfrentamos a un sangrante obstáculo para acceder al empleo. Según UGT, más del 75% de personas trans tiene grandes dificultades para acceder a un trabajo, los datos del Ministerio de Igualdad señalan que el 43% de las personas trans están desempleadas", asegura. Esto ocurre, dice la presidenta, porque muchas personas trans deben abandonar su domicilio familiar a temprana a edad por incomprensión de su entorno, lo que dificulta que puedan terminar los estudios, pero también por el rechazo social de los empleadores. "Es un apartheid laboral, necesitamos políticas de equiparación de derechos para que valoren a las personas trans por sus habilidades y sus capacidades", pide Cambrollé.

Mientras Cambrollé reclama al Gobierno que aplique esta ley, otros buscan que derogarla. El Tribunal Constitucional dejó en suspenso el pasado mes de abril la ponencia por el recurso presentado por el PP. En abril, el alto tribunal consideró que no había los apoyos necesarios, por lo que le debate quedó en reposo hasta que logren dar con un nuevo texto. El borrador que no logró consenso avalaba los puntos más polémicos de la ley, como son la modificación genital en menores y la facilidad para cambiar el sexo en el Registro Civil con el único requisito de la voluntad del solicitante.

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