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Mutilacion genital femenina: No hay más casos, hay más sensibilización

Mujeres víctimas de mutilación genital femenina. / EP
Vox lleva años reforzando la idea de que estamos inmersos en una ola migratoria que dispara los casos de mutilación genital femenina y matrimonios forzados en España. El grupo parlamentario ya preguntaba por estos fenómenos en el Congreso en 2023 y 2024, y este último año ha elevado el tono apuntando a un supuesto aumento y señalando a Catalunya como el epicentro del crecimiento. El último en pronunciarse ha sido José María Figaredo, secretario general del grupo en el Congreso, que aseguró en RTVE que estos delitos “aparecen” ahora y que “nunca antes habían existido”.
La mutilación genital femenina y los matrimonios forzados estaban incluidos en el Código Penal ya en 2003 y 2015, respectivamente, y se vinculan al fenómeno migratorio, porque están muy arraigados en algunas comunidades del continente africano, y en algunos países de Oriente Medio, Asia, América Latina y el Caribe. Sin embargo, no son nuevos en España: hay casos documentados de ablación ya en los años 90, cuando la migración desde esos países se comenzó a expandir, como detalla el mapa de la Mutilación Genital Femenina en España de 2021 (elaborado por Adriana Kaplan Marcusán, Marc Ajenjo Cosp y Antonio López-Gay).
En los últimos años, las tasas de mutilación genital femenina han caído en los países de origen, en muchos de los cuales estas prácticas también son ilegales, y nada prueba que hayan aumentado en España.
El Ministerio del Interior no recopila de forma sistemática estos delitos, y las cifras que facilita de casos de mutilación genital femenina son escasas. En el caso de Catalunya, los Mossos d’Esquadra recopilan los casos atendidos desde 2009, que van fluctuando, pero no han superado los 13 casos al año desde 2018.
Por lo que se refiere a este tipo de violencia, la falta de noticias son buenas noticias, asevera Adriana Kaplan, antropóloga retirada que dirigió la Fundación Wassu - UAB. La experta, que desde 2008 coordina un mapa quinquenal sobre las niñas en riesgo de sufrir una ablación en España, y que ha diseñado índices de riesgo por provincias para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, está convencida de que la incidencia de estos delitos está cayendo.
“Hay menos casos porque sabemos que las niñas viajan y vuelven intactas. Y si vuelven es porque no las han dejado para evitar que les retiren el pasaporte”, razona. Para esto, dice Kaplan, es clave la prevención en la atención primaria, entendida en el sentido más amplio: sanitaria, social y educativa. La experta reivindica la formación de estos profesionales para evitar nuevos casos y atender a las mujeres mutiladas.
La dificultad de denunciar matrimonios forzados
En el caso de los matrimonios forzados, los datos disponibles a nivel español son muy recientes, insuficientes para sacar conclusiones sobre la evolución temporal. En Catalunya, el registro de los Mossos d’Esquadra sí que permite comparar los casos detectados desde 2008 hasta la actualidad. Pero incluso cuando estos números existen, es poco probable que exista un aumento, tal como explicaba este cuerpo a El Periódico hace unas semanas.
Para Sònia Parella, socióloga de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) especializada en migraciones, los casos que se denuncian son “solo la punta del iceberg”. Especialmente en el caso de los matrimonios forzados, apunta en conversación con Verificat, en los que las víctimas deben denunciar a su propia familia, para que la situación quede registrada, y enfrentarse luego a un aislamiento total de su entorno y a posibles represalias y falta de recursos.
Son “especificidades”, tal como las nombra la experta, que requieren de un protocolo de intervención adaptado para prevenir y detectar el delito. Pero solo Catalunya, pionera en el Estado español, y Navarra disponen de estas herramientas. El resto de comunidades lo trabajan con protocolos genéricos de violencia machista —el concepto se incluyó en el Pacto de Estado de 2017, y se englobó dentro de la violencia sexual con la Ley de 2022—, lo que dificulta la prevención y la denuncia.
De forma similar a lo que sucede con la violencia de género, apunta Parella, “a medida que pones mecanismos para que estas mujeres se sientan seguras, saldrán más casos”, pero eso no querrá decir que el fenómeno esté en crecimiento.
Según expertos y legislación, queda claro que la alerta es infundada y que no hay motivos que demuestren que estos dos fenómenos, los matrimonios forzados y las mutilaciones genitales femeninas, van en aumento. Al contrario, en la actualidad existen más herramientas de detección, sensibilización y actuación al respecto, y que crezcan las denuncias demuestra, precisamente, los efectos positivos de esa batería de medidas implementadas a lo largo de los años.
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