El Ministerio de Justicia rechazó registrar operaciones en las que intervino el notario investigado por estafa a ancianas

La Dirección General de Seguridad Jurídica, un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, ha denegado la inscripción en el Registro de la Propiedad de operaciones y escrituras de opción de compra de propiedades en las que ha participado el notario barcelonés Sergio González Delgado, al estimarse “inadecuada a derecho”, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes oficiales del Ministerio. Este notario está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona por presuntamente haber participado con otros imputados, todos ellos ya citados a declarar, en una presunta estafa a una veintena de ancianos y personas con discapacidad o problemas de salud mental que han perdido sus propiedades.

Los Mossos sostienen en los atestados que figuran en la causa que los afectados creían que firmaban unos préstamos, cuando realmente lo que hacían era rubricar una opción de compra de su vivienda a un precio muy inferior al del mercado, que incluso podía llegar a la mitad de su valor. A raíz de estas escrituras, los prestamistas que dejaban el dinero a las víctimas podían vender esas residencias. Al final, los perjudicados perdían la propiedad. La policía apunta a que el notario investigado no les leía las escrituras, ni les ofrecía la información. "Solo di el DNI y firmé", afirmó a este diario una mujer que se quedó sin dos casas. Sin embargo, Sergio González rechaza esta acusación y asegura que siempre ha cumplido con sus deberes de notario. "Llevo 30 y pico años en esto y he firmado 60.000 escrituras", subrayó a este diario esta semana. Su abogado defensor también ha argumentado que no hay base para acusar a su cliente.

A raíz de este proceso judicial, la Dirección General de Seguridad Jurídica, que supervisa la labor de los notarios y registradores, ha ordenado al Col.legi Notarial de Catalunya que abra un expediente disciplinario a este profesional, ya que Sergio González podría haber cometido una falta grave o muy grave. El Col.legi Notarial de Catalunya, que ejerce la acusación particular, deberá ahora tramitar el expediente, aunque es el Ministerio de Justicia quien debe decidir si separa o no de sus funciones al notario. Las operaciones bajo la lupa de la justicia se efectuaron antes de 2024, cuando la dirección general cambio su criterio y empezó a valorar las circunstancias del caso.

Fuentes oficiales del Ministerio de Justicia, a preguntas de este diario, ha explicado que la dirección general ha denegado “diversos” recursos en relación con operaciones en las que ha intervenido el notario Sergio González. Es decir, precisan las mismas fuentes, la dirección general ha confirmado la decisión del registrador de la propiedad de no inscribir algunas escritura públicas en las que ha participado por considerarla “inadecuada a derecho”. El Código Civil catalán regula la opción de compra. Si el acuerdo es libre y entre iguales en posesión de su capacidad, la transacción es legal siempre que se no se produzca un enriquecimiento "injusto". El problema surge cuando el que firma cree que está pidiendo un préstamo normal y no es así.

La legalidad

En este mismo sentido, aunque a nivel general y tras unas declaraciones del notario Sergio González, el Colegio de Registradores de España ha emitido un comunicado en el que manifiesta “la importancia” del control de la legalidad en las opciones de compra, algunas de las cuales podrían enmascarar un préstamo. Según esta entidad, en la actualidad la inscripción de las operaciones de opción de compra formalizadas “según modelo estandarizado” es sistemáticamente denegadas, ya que las garantías legales de protección del deudor (quien recibe un dinero a cambio de la opción de compra de una propiedad) en caso de ejecución “brillan por su ausencia”. Los registradores recuerdan que esta situación puede ocasionar que el propietario de la vivienda la pierda, como ha sucedido en los casos investigados por el juez de Barcelona. Fuentes del sector notarial han precisado que la "inmensa mayoría de opciones de compra si se inscriben, pues persiguen fines licitos" y que incluso son los notarios quienes se niegan a intervenir si tienen sospechas.

El Colegio de Registradores, se ha llegado a esa conclusión tras ante la denegación de inscripción de escrituras y argumentan que se deja el control del contrato “al arbitrio del prestamista”, entre otros defectos. En su opinión, “no hay duda” que se trata de “operaciones de financiación extrabancaria”, es decir un préstamo de unos particulares a otros, con una “garantía real” (la vivienda), “en las que no se han observado ninguna de las exigencias que para la protección de los deudores se establecen por ley en materia de suministro de información precontractual, evaluación de solvencia, transparencia formal”, condiciones financiera o tasación oficial de la propiedad que se ofrece como garantía, entre otros aspectos. Los registradores indicen que, precisamente, es la denegación de la inscripción de las escrituras la que impide esta desprotección.

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