La jubilación del "baby boom" reabre el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones

La jubilación de la generación del baby boom, los hijos del desarrollismo económico de los años 60 y principios de los 70, va a generar un pico de gasto en pensiones hasta 2050 que ha reabierto el debate periódico sobre la sostenibilidad del sistema.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) asegura que las pensiones serán sostenibles siempre que lo sean el conjunto de las Administraciones Públicas, puesto que su viabilidad no solo radica en los ingresos por cotizaciones sociales sino en la recaudación total del Estado, que es el que garantiza el dinero necesario para cubrir ese gasto.

Los nacidos en 1960 cumplen 65 años en 2025 y ya pueden jubilarse con la pensión completa si tienen 38 años y medio cotizados, en un momento en que el mercado laboral está en máximos de ocupación, lo que ha elevado a 2,34 los cotizantes por cada pensionista.

Los años más críticos empezarán en 2030, momento en el que la población activa comenzará a descender, de acuerdo con las proyecciones de la Airef, que prevé que al mismo tiempo aumente la participación de los mayores de 60 años en el mercado laboral, una tendencia que se extenderá durante dos décadas, hasta que a partir de 2050 vuelva a crecer de nuevo la población en edad de trabajar.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que en 2050 se alcancen 16,6 millones de personas mayores de 65 años, frente a alrededor de 27 millones de personas en edad de trabajar. Para supervisar que el sistema siga siendo sostenible, la última reforma de las pensiones incluyó un examen trienal.

Este año se ha aprobado la primera prueba, aunque la Airef ha puesto de manifiesto que la regla no tiene en cuenta si el Estado tendrá que aumentar su aportación al sistema a través de unas transferencias que la institución calcula que llegarán a triplicar su peso sobre el PIB en 2050.

El Gobierno estima que el pico de gasto en pensiones llegará al 14,7 % del PIB en 2050, frente al 12,9 % de 2022, en tanto que la Airef lo eleva al 16,1 % del PIB y centros de estudios como Fedea le suman hasta dos puntos más.

Fedea defiende la introducción de medidas de contención del gasto, que afecten no solo al cálculo de la pensión inicial, sino también a su revalorización, fijada por ley en el equivalente a la inflación media anual, pero sin descartar que se considere un recargo en la cuota estatal del IRPF.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que fue el artífice de la reforma de pensiones durante su etapa como ministro de la Seguridad Social, explicaba recientemente en los actos por el 40 aniversario de Fedea, que las propuestas que salen de los centros de estudios deberían tener en cuenta el marco institucional al que se dirigen.

A su juicio, en España no es posible cambiar el sistema de reparto de caja común en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo pagan las pensiones de los trabajadores jubilados.

Escrivá aún defiende que su reforma, de la que todavía se siguen cerrando flecos como el de la jubilación flexible, garantiza que se podrá transitar por el pico de gasto del sistema esperado en 2050 gracias a la mejora de los ingresos y a los incentivos a la continuidad en el mercado laboral, que ya han elevado la edad efectiva de jubilación por encima de los 65 años.

Para la mayoría de la población el futuro de las pensiones no está entre sus mayores preocupaciones, como refleja el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), según el cual solo un 4,1 % de los ciudadanos lo sitúa entre sus principales inquietudes, casi un punto más que en el sondeo de enero, pero aún muy lejos de los problemas económicos, la vivienda, la sanidad y el empleo que ocupan los primeros puestos.