El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya

Cada semana, el Gobierno expulsa a 10 ciudadanos extranjeros que han cometido más de tres delitos o han sido condenados a penas de prisión de más de un año en Catalunya. En total, durante los seis primeros meses de este 2025, se han registrado 265 expulsiones, un 48% más que durante el mismo periodo del año pasado, cuando fueron 176. También aumentan los ingresos en el Centro de Internamiento de Extrajeros (CIE) de Barcelona, que han pasado de 213 a 233, un 10% más.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, vincula este aumento con el cambio legislativo del Código Penal por el que se han endurecido las penas de delitos leves hasta un año de cárcel –lo que ha aumentado los encarcelamientos y ello ha facilitado los trámites de las expulsiones– y por la mejor colaboración con los Mossos d'Esquadra. También tiene esa visión el comisario jefe de la Policía Nacional en Catalunya, Manuel Rodríguez. "Hoy la colaboración es excelente", justifica. "Nos estamos esforzando para garantizar que quien comete un delito y es multirreincidente sea expulsado del país. Sin embargo, debemos recordar que estos delincuentes son una ínfima minoría respecto a todas las personas migrantes que viven y aportan en Catalunya", insiste Prieto.

Cada vez que los Mossos detienen a un ciudadano extranjero, avisan a la Policía Nacional. Una información que los agentes de la Brigada de Extranjería revisan al detalle para estudiar si procede la expulsión del país. "Los candidatos son aquellos que, o bien han cometido tres o más delitos, o bien han sido condenados a más de un año en prisión", explica a EL PERIÓDICO Federico Delgado, comisario de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Catalunya. La Policía también revisa los perfiles que les facilita instituciones penitenciarias de la Generalitat para estudiar y realizar expulsiones de las personas que están en prisión, una vez salgan en libertad. Y luego están los casos más automáticos: cuando los propios jueces, al condenarlos, commutan una parte o toda la condena con la expulsión del país.

Hastra tres meses

Para poder realizar las órdenes de expulsión, los policías deben cumplir varias garantías legales. Una: que los migrantes dispongan de pasaporte en vigor, dado que hay muchos países que no aceptan los retornos de estos ciudadanos sin este documento. Dos: que ningún juez esté investigando a estas personas. Tratándose de delincuentes multirreincidentes, que de media acumulan más de 20 delitos cada uno, es algo poco habitual. "Los agentes se dedican a hablar con cada uno de los jueces que tengan a cargo una investigación contra estas personas para que les extingan el procedimiento y acepten la expulsión", sigue Delgado. Una labor que, en algunos casos, donde puede haber 40 investigaciones en marcha, obliga a alargar los trámites policiales hasta los tres meses. Tampoco se suele expulsar a personas con una vida ya hecha en España, con hijos o cónyuges, aunque Delgado reconoce que puede darse. Ocurrió, por ejemplo, cuando se ordenó la deportación de dos hombres acusados de expandir discursos yihadistas.

Cuando se emite esta orden, la policía tiene 72 horas para hacerla efectiva. Algunas personas la reciben en la cárcel, en la calle o en los calabozos de comisaría tras haber sido detenidos acusados de cometer algún delito. También se entregan en el interior del CIE, donde los internos no pueden permanecer más de 60 días e ingresan bajo la supervisión de un juez. "En el CIE no se interna a personas sin antecedentes policiales, ya sea en España o en otros países de la UE", señala Delgado.

Tipo de delitos

Algunos países con difíciles relaciones diplomáticas con España, como Argelia, se niegan a que se produzca este retorno de sus conciudadanos. "Solo lo podemos hacer en casos en los que ellos tienen un interés policial o con salvoconductos que se pactan por la vía diplomática, pero son excepciones", explican fuentes policiales. Para evitarlo, estas personas pueden pedir asilo, por lo que se debe esperar a que este trámite sea o no aceptado. "A veces, y esto ocurre de forma más habitual de lo que debería, hay personas que en vuelos comerciales se autolesionan o arman alboroto y algunos comandantes se niegan a hacer el trayecto con ellos". En otros casos, la Policía fleta vuelos exclusivamente para ellos.

Por países, la mayoría de expulsiones son de ciudadanos de origen marroquí, latinoamericanos (principalmente Colombia, Perú o Chile) o procedentes de países asiáticos (como Pakistán o China), aunque también hay ciudadanos procedentes de países del Este, entre más de una treintena de nacionalidades distintas.

La tipología delictiva incluye desde hurtos, robos o amenazas hasta delitos más graves como agresiones sexuales u homicidios, pasando también por violencia en el deporte. La policía señala que aquellos que no pueden ser expulsados –ya sea porque no tienen el pasaporte en vigor y el consulado no quiere faciltarlo o porque la relación diplomática no permite su recepción en los países de origen– permanecen bajo "el radar policial", señala Prieto.

Foco en la seguridad

Desde la Policía Nacional no facilitan datos de cuántas expulsiones de multirreincidentes extranjeros no se realizan. En una entrevista esta semana en Antena 3, Míriam Nogueras (Junts) dijo que esta cifra ascendía al 45% de los casos. En este sentido, Delgado explica que no todas las personas que reciben órdenes de expulsión son delincuentes: la medida también puede llegar a aplicarse a personas que han llegado irregularmente a España, ya sea a través del mar, cruzando las fronteras o excediendo el visado de turista de tres meses, aunque no hayan cometido ningún delito.

"Nosotros centramos nuestros esfuerzos de expulsión en aquellos que cometen delitos", insiste Delgado. "Debemos tener en cuenta que hay muchos migrantes que vienen a España para aportar, para trabajar. Nosotros nos focalizamos en los que suponen un peligro para la seguridad, cosa que está haciendo que los delitos sigan bajando", explica Prieto. De hecho, las personas que tienen una orden de expulsión por no tener permiso de residencia pueden igualmente iniciar trámites para regularizar su situación legal en España, siempre que no tengan antecedentes penales o estos hayan prescrito.

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