El Ministerio de Justicia ordena abrir un expediente disciplinario al notario investigado por estafar a ancianos y personas discapacitadas

La Dirección General de Seguridad Jurídica, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, ha ordenado al Col.legi Notarial de Catalunya que abra un expediente disciplinario al notario de Barcelona Sergio González Delgado, investigado por un juez por presuntamente estafar a ancianos y a personas con discapacidad o problemas de salud mental, según han explicado a EL PERIÓDICO fuentes ministeriales.

El objetivo del expediente, según las mismas fuentes oficiales, es "comprobar la corrección" de su función notarial y depurar su "eventual responsabilidad" por haber autorizado de "manera continua escrituras de opción de compra" sin supuestamente adoptar "las cautelas pertinentes", especialmente ante personas que se "encontraban en situación de vulnerabilidad", como es el caso de la mayoría de la veintena de víctimas. Según los Mossos, los afectados creían que firmaban unos préstamos cuando lo que realmente hacían era rubricar una opción de compra de su vivienda a un precio muy inferior al del mercado que incluso podía llegar a la mitad de su valor. De esta manera, los prestamistas podían vender la residencia y los perjudicados perdían la propiedad. El notario, según los afectados, no les leía las escrituras y solo se las extendía para firmar.

Según el Ministerio de Justicia, el hecho de no adoptar este tipo de cautelas ante las personas que firmaban las escrituras de esas opciones de compra puede "suponer una omisión del deber de control de legalidad del instrumento público y de asesoramiento imparcial que compete al notario en el ejercicio de su profesión". Esta actuación, según la legislación vigente y el Reglamento Notarial, puede constituir una falta grave o muy grave.

El Reglamento Notarial sanciona a los notarios que no cumplan "las reglas esenciales" de su función, siempre que se deriven de perjuicios graves para los clientes

Este reglamento, que regula la profesión de notario, sanciona "la autorización o intervención de documentos contrarios a lo dispuesto en las leyes", así como la vulneración de "sus formas y reglas esenciales, siempre que se deriven de perjuicios graves para clientes", terceras personas o para la propia administración. Este reglamento también considera una falta grave "las conductas que impidan prestar con imparcialidad, dedicación y objetividad las obligaciones de asistencia, asesoramiento y control de legalidad" atribuida a los notarios o "que pongan en peligro los deberes de honradez e independencia necesarios para el ejercicio público de su función".

Cámaras en el despacho

El "elevado" número de cheques usados como medio de pago en las operaciones vinculadas a las opciones de compra investigadas (varios de ellos iban a parar directamente a los intermediarios) ha comportado que la Dirección General de Seguridad Jurídica comunique los hechos a la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. Además, también se ha informado a la Agencia Española de Protección de Datos de que Sergio González, como él mismo admitió a este diario, disponía de cámaras en su despacho y grababa las firmas de las escrituras (el notario precisó que lo hacía bajo autorización previa de los comparecientes). "Dichas grabaciones no están previstas en la normativa notarial, por lo que deben entenderse prohibidas", recuerda.

La Dirección General de Seguridad Jurídica ha enviado una comunicación a la Comisión de Blanqueo de Capitales por los cheques cobrados por intermediarios

La decisión de la Dirección General de Seguridad Jurídica se ha tomado después de que el Col.legi Notarial de Catalunya les remitiera una información reservada sobre la actuación del notario Sergio González, quien ha negado a este diario las irregularidades. A propuesta de la Fiscalía de Barcelona, el Juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, que investiga la presunta estafa, ya requirió en marzo de 2024 a la Dirección General la apertura de un expediente disciplinario contra este profesional, una acción que solo puede llevar a cabo el colegio de notarios catalán. La Abogacía del Estado, sin embargo, consideró entonces que no era posible suspender al notario (facultad que tiene el Ministerio) de forma automática por la sola apertura de un proceso penal, por lo que la Dirección General pidió al colegio notarial una información reservada, cuyo informe ha recibido ahora y ha propiciado que se ordene la incoación del expediente disciplinario.

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