Denunciada una residencia pública de Barcelona que instaló pestillos para encerrar a los ancianos en las habitaciones

El comité de familias de la residencia pública Molí-Via Favència, ubicada en Barcelona y gestionada por el grupo Mutuam, ha denunciado a la dirección del centro ante el servicio de inspección de la Generalitat. El geriátrico, que pertenece a la Generalitat pero está subcontratado, instaló durante dos semanas pestillos en las habitaciones de 60 residentes para poder encerrarlos en el interior de sus habitaciones desde el pasillo, aunque las familias dejan claro a este diario que no tienen constancia que se usaran. La Generalitat, al enterarse de este hecho, requirió su retirada inmediata el pasado 23 de septiembre. La residencia afirma que ya han retirado los cerrojos y asegura que trabajan por el bienestar de las personas.

El pasado 9 de septiembre, María Carmen González, familiar de una de las ancianas que vive en esta residencia pública y representante de las familias en dicho centro, se percató de que el geriátrico había instalado 60 pestillos en las habitaciones. La medida pretendía, según los familiares y la propia Generalitat, que el equipo de profesionales pudiera cerrar las puertas de las habitaciones para impedir que los ancianos salieran de ellas. Se trata de una medida, según informan desde el Departament de Drets Socials, que habían reclamado algunos familiares porque había usuarios con capacidades mentales alteradas que habían entrado en las habitaciones de otros residentes. "Es una medida inadmisible, prohibida y que atenta contra la dignidad, la seguridad y la libertad de los mayores", se queja González. Explica que los pestillos funcionaron en las tres primeras plantas del centro durante dos semanas. Un extremo que confirman desde la conselleria.

Drets Socials explica que la instalación de los pestillos se realizó sin su consentimiento y que la residencia les informó de ello a posteriori. El pasado 23 de septiembre la conselleria exigió su retirada inmediata por estar prohibido y "vulnerar todos los derechos" de los residentes. "Es intolerable que en una residencia de mayores pueda existir la posibilidad de que alguien llegue a encerrar a los residentes dentro de sus habitaciones como si fueran presos, restringiendo su libertad y vulnerando sus derechos y atentando contra su dignidad", insiste la representante de las familias. El grupo Mutuam responde que tras retirar los cerrojos, da por zanjado el asunto. "Hemos trabajado intensamente con todas las partes: hay familiares a favor y otros que no", responden desde la empresa, que aseguran que velan por el bienestar de los usuarios.

Más quejas

No se trata, sin embargo, de la única queja que expresan los familiares del geriátrico. El colectivo mantiene, por ejemplo, que un miembro de personal de atención directa trata a los residentes de forma inadecuada. "Les zarandea, les sujeta bruscamente y sin el cuidado necesario, les habla con tono desagradable, les da órdenes de forma autoritaria", consta en una de las quejas presentadas el pasado 12 de septiembre al geriátrico. También señalan que otra familia ya interpuso una queja formal ante el geriátrico porque, según ellos, una auxiliar forzó a un anciano a comer de "forma brusca y violenta", explica González.

A la vez, critican la falta de mantenimiento en el comedor de la tercera planta, donde las cortinas o bien se encuentran rotas o bien se han sustituido con sábanas. La representante de las familias también cuestiona la falta de personal, bajas que no se suplen y cuidadores que no hablan ni castellano ni catalán, algo que hace imposible relacionarse con los residentes. "Nosotros hemos contratado a una persona que le dé la comida a mi madre cada noche para asegurarnos de que se alimenta", añade González. Mutuam declina hacer comentario sobre estos hechos que describe la representante de las familias.

Los familiares reclaman desde hace semanas a Mutuam, la empresa que gestiona la residencia, el cese de la directora. "Si no fuera por las familias que detectamos y denunciamos estas actuaciones, la directora no habría intervenido ni tomado ninguna medida", lamenta González. La representante de las familias ya ha interpuesto una denuncia al Síndic de Greuges y al servicio de Inspección de la Generalitat de Drets Socials.

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