Imputadas otras 12 personas en la trama del notario investigada por estafar a ancianos y personas con discapacidad

El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona no solo ha citado a declarar como investigado al notario Sergio González Delgado: también ha imputado a otras 12 personas, entre ellos intermediarios y prestamistas-inversores, presuntamente implicados en la presunta estafa a una veintena de víctimas, la mayoría con discapacidad, edad avanzada o problemas psicológicos, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. También están siendo investigadas unas ocho sociedades, cuyos representantes también deberán comparecer en el juzgado. En un principio, los interrogatorios están previstos para el 31 de octubre y el 13 y 27 de noviembre.

Las mismas fuentes han precisado que, más allá de los 13 imputados, también están citados los representantes de las ocho empresas que han participado en las operaciones investigadas. Los Mossos apuntan a que las víctimas de esta presunta estafa creían que firmaban unos préstamos cuando lo que realmente hacían era rubricar una opción de compra de su vivienda a un precio inferior al del mercado. Además, el prestamista podía vender la residencia de forma unilateral y sin informarles. De esta forma, los afectados perdían su propiedad, que, según los agentes, pasaba a "incorporarse al patrimonio" de los prestamistas-inversores, quienes actuaban a través de sus empresas. Entre los prestamistas figuran empresarios vinculados a la promoción de viviendas y un directivo de una compañía especializada en la gestión de patrimonios.

La policía es muy contundente en sus atestados: "Las víctimas acaban recibiendo una parte dineraria ínfima de contraprestación de la compraventa y pierden una propiedad que, de venderla de forma tradicional, habrían obtenido un precio de cinco a 10 veces más del que acaban recibiendo". La policía sostiene que los afectados "no sospechan nada porque creen que están firmando un préstamo, y no se dan cuenta de la realidad hasta transcurrido mucho tiempo, cuando, en algunos supuestos, se les requiere el desahucio o reciben alguna comunicación referente al inmueble".

Obligación del notario

La policía detalla en sus atestados que el notario es "un elemento clave del entramado", puesto que sin su intervención "los hechos" que se investigan "no se habrían podido consumar". Y destacan que, "precisamente, lo más grave de la participación del notario" es que "tiene la obligación de configurarse como un garante de los derechos de las partes que comparecen". Además, subrayan que la obligación del notario es "asesorar jurídicamente, interpretar, configurar y autentificar de conformidad con la legalidad la voluntad de todas las partes y de forma especial la de aquella mas necesitada de protección".

Los Mossos recuerdan en sus escritos remitidos al juzgado que "se ha de tener en cuenta que la obligación del notario no ha de limitarse a la mera lectura de unas escrituras", sino que debe "asegurarse de que las partes" tienen "la capacidad de entender el contenido de los expresados en ellas" y las "consecuencias inherentes" a la firma del documento. El notario investigado, según la tesis policial, actuaba "de común acuerdo con el resto" de investigados, aunque el notario rechaza de plano esa connivencia y ha asegurado a este diario: "Siempre he hecho mi función de notario en todas las escrituras, leyéndolas a los comparecientes".

"No informaba"

La policía recalca que "todas las víctimas" a la que han tomado declaración "coinciden en que el notario (Sergio) González no les leía las escrituras, no les informaba del objeto de las mismas". Tampoco comunicaba el precio de la compraventa, ni que firmaban una "opción de compra que podía ser ejercitada unilateralmente". En definitiva, recalcan, "no daba a las víctimas ninguna información, cuando la firma de estas escrituras comportaba la pérdida de su domicilio".

Los intermediarios, por su parte y según los Mossos, se quedaban cheques protocolizados que constaban en la escritura de opción de compra. En el caso de una de las víctimas, esos intermediarios, que eran quienes captaban a través de internet a personas con dificultades económicas que necesitaban dinero, llevaron a la perjudicada a una entidad bancaria de L'Hospitalet de Llobregat para cobrar los cheques (31.000 euros) para después quedarse con el dinero.

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