Segregación escolar
La escuela concertada catalana triplica la matrícula de niños de origen migrante en una década
Un informe de la Fundació Bofill concluye que el alumnado de 7 de cada 10 colegios concertados ya es tan diverso como los centros públicos de su entorno
Un 21% de la concertada no escolariza ni el mínimo de alumnado vulnerable que recoge la norma y actúa como una privada, y un 10% ya tiene "cierta diversidad"
Catalunya arranca el curso escolar con el reto de atender a un 30% del alumnado con necesidades educativas especiales
No retroceder en la lucha contra la segregación escolar, el principal reto para construir un "nosotros" desde las aulas

Escuela concertada Vedruna Manlleu. / Zowy Voeten

La Fundació Bofill ha presentado este jueves una radiografía sobre la corresponsabilidad de la escuela concertada en la escolarización de alumnado vulnerable, que concluye las escuelas concertadas "equilibradas con su entorno" representan hoy por hoy casi un 70% del total. Es decir, son centros sin grandes diferencias respecto a la realidad socioeconómica de sus barrios, que escolarizan de media a un 33% de alumnado vulnerable, un porcentaje cercano a la media que representa el riesgo de pobreza y exclusión social en Catalunya (35%). El Pacte contra la segregación escolar a Catalunya -impulsado hace seis años- con la implicación de familias y escuela concertada, ha permitido, en conjunto, reducir un 25% la segregación escolar a Catalunya.
Así, en pocos años, Catalunya ha pasado de ser uno de los territorios con más segregación escolar de Europa a avanzar hacia un sistema educativo más cohesionado. El conjunto de la escuela concertada ha triplicado el número de alumnado migrante con dificultades socioeconómicas en una década; aunque, en la otra cara de la moneda, un 21% de la concertada, es decir, una de cada cinco, sigue siendo elitista (no escolariza ni el mínimo de alumnado vulnerable y actúa como una privada); y un 10% ya tiene "cierta diversidad", pero con grandes desequilibrios respecto a su entorno.
Cada año 402 millones de euros, un tercio de los recursos públicos para la escuela concertada, van a ese 21% de centros (son 105) que perpetúan la segregación
Pese a esos datos positivos, el informe 'La escuela concertada hoy. Propuestas para revisar los conciertos educativos en clave de equidad', de la experta en segregación escolar de la Fundació Bofill, María Segurola, concluye que cada año 402 millones de euros, un tercio de los recursos públicos que la Generalitat destina a financiar escuelas concertadas, van a parar a "centros que perpetúan la segregación" (el 21% de esa concertada elitista recibe fondos públicos).
"Uno de los principales retos que se debe seguir abordando es la mejora de las diferencias socioeconómicas entre centros", apunta Segurola, convencida de que el gran reto del país es la cohesión social y de que escuelas no segregadas son la clave para hacerla posible.

María Segurola, responsable de incidencia y políticas contra la segregació escolar de la Fundació Bofill. / Manu Mitru / Manu Mitru
Un 32% del sistema educativo
La red concertada representa actualmente un 32% del Servicio de Educación de Catalunya, aunque el informe -señala su autora- "no aborda el necesario debate sobre el peso que debe tener la red concertada en Catalunya", sino que pone el foco en el impacto que tienen los conciertos educativos en la segregación escolar.
Segura se fija en las 105 escuelas (el 21% del total de la concertada) que no acogen alumnado vulnerable. Centros grandes, ubicados sobre todo en barrios con muy poca vulnerabilidad socioeconómica y que reciben fondos públicos, aunque en su mayoría atraen alumnado acomodado de otras zonas y presentan grandes desequilibrios respecto a la composición social de sus municipios. De hecho, la mayoría (54%) tienen otros centros con mayor diversidad social a solo 15 minutos a pie.
La Bofill pide no renovar los conciertos a aquellos centros que perpetúan la segregación escolar
En un momento en que el próximo periodo de renovación plurianual de los conciertos está previsto para el curso 2026-2027, la Fundació Bofill recuerda que la renovación de los conciertos educativos no es un derecho automático de los centros, sino "una decisión de política pública que debe garantizar la función social y educativa de aquellos que reciben recursos públicos".
Ante esta urgencia, la Fundació Bofill reclama que la renovación de los conciertos se condicione a "la corresponsabilidad y al cumplimiento estricto de medidas contra la segregación" (como reservar un mínimo dos plazas para alumnado NESE por grupo-clase).
La entidad alerta de que, actualmente, los acuerdos de conciertos no son "lo suficientemente explícitos ni exigentes". Por ello, consideran "imprescindible revisar cómo se ajustan a la normativa actual y establecer acuerdos más concretos, exigentes y vinculantes".
La entidad cree imprescindible condicionar la renovación de los conciertos a la corresponsabilidad y a establecer acuerdos más exigentes
Con el precedente de la retirada de conciertos a los centros que segregan por sexo, la entidad pide que también se pueda evitar la renovación de conciertos a los centros que no cumplen con estos compromisos y perpetúan la segregación.
Revisar la financiación lineal
La organización pide también revisar el actual sistema de financiación lineal, que "no reconoce la complejidad ni incentiva la corresponsabilidad". "A medio plazo, Catalunya debe avanzar hacia una financiación por fórmula, es decir, establecer un sistema estructural para todos los centros sostenidos con fondos públicos, públicos y concertados, que ajuste los recursos según variables como la complejidad social del alumnado, el tamaño o el entorno del centro", apunta el informe.
"Es imprescindible una fiscalización más robusta para garantizar el uso correcto de los fondos públicos y la gratuidad real. Crear una arquitectura de control financiero más exigente por parte de la Administración: publicación anual de datos económicos completos (ingresos y gastos), implementación de una plataforma digital de monitoreo gestionada por el Departament y un control de oficio del cumplimiento de los compromisos adquiridos y la gratuidad para el alumnado vulnerable", añaden.
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