Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes

De los 12 municipios catalanes que no forman parte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y están obligados a tener una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de que acabe el año, solo tres —Sabadell, Girona y Lleida— están en disposición de sancionar a los vehículos más contaminantes. Estos son los únicos ayuntamientos que se han inscrito en la nueva plataforma digital creada por la Generalitat para gestionar las restricciones al tráfico, las excepciones y aplicar multas.

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica puso a disposición de los consistorios este sistema en línea, concebido para unificar la gestión de las ZBE y hacerla compatible con la plataforma que ya usa el AMB. En este punto, cabe señalar que no todas las localidades metropolitanas obligadas a ello están inscritas en el registro correspondiente (el del AMB).

Para las 12 ciudades que no se encuntran en el AMB, la adhesión al registro de la Generalitat no es obligatoria, pero permite a los municipios acceder a una infraestructura tecnológica imprescindible para hacer efectiva la medida: el registro de vehículos autorizados a circular en zonas restringidas y el control automatizado de las matrículas mediante cámaras.

Trabajo pendiente

Fuentes de la conselleria consultadas por EL PERIÓDICO detallan que los municipios pueden desarrollar su propio sistema. No obstante, la mayoría prefiere sumarse al del Govern por su sencillez y operatividad. De hecho, algunas de las localidades sin ZBE en marcha esgrimían hasta hace pocos meses que lo tenían más difícil al no estar disponible este registro. De momento, sin embargo, solo tres de fuera del AMB han dado el paso. Las otras ciudades de más de 50.000 habitantes que todavía no se han adherido son Tarragona, Reus, Manresa, Mollet del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Granollers, Terrassa y Mataró.

A día de hoy, ninguno de estos municipios está aplicando multas en las ZBE, que deberán estar operativas y vetar a los vehículos sin etiqueta a partir del 1 de enero de 2026. Será dos años más tarde, a partir de 2028, cuando se prohíban los coches con etiqueta amarilla. La creación del registro autonómico, antes de verano, debía servir para desbloquear una de las principales trabas que habían frenado la puesta en marcha de las ZBE en buena parte de Catalunya.

Hasta ahora, varios ayuntamientos argumentaban que no podían empezar a sancionar porque no existía una base de datos común donde registrar los vehículos exentos, como los de personas con movilidad reducida, servicios esenciales o profesionales con condiciones especiales. El AMB, pionera en esta materia, dispone de su propia plataforma desde hace años, pero no era accesible al resto de poblaciones. Aun así, algunos municipios estudian crear ellos mismos un registro propio, que puede llegar a tener alcance supramunicipal, para cumplir con la obligación de restringir el paso a los coches más contaminantes.

Control, excepciones y sanciones

La nueva herramienta, desarrollada por la Generalitat y la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), permite a los consistorios gestionar sus ZBE, controlar las matrículas captadas por las cámaras de videovigilancia y tramitar las infracciones. Cada ayuntamiento puede decidir si se adhiere de forma completa, con todo el sistema de control y sanción, o solo parcialmente, para inscribir las excepciones.

El Govern confía en que la puesta en marcha del registro acelere la implantación real de las zonas de bajas emisiones. A día de hoy, más de la mitad de los municipios obligados por la normativa estatal todavía no multan. Las ZBE, diseñadas para reducir la contaminación del aire y las emisiones del tráfico rodado, han avanzado con ritmos desiguales en Catalunya. Mientras algunos consistorios metropolitanos han ampliado sus perímetros o revisado sus ordenanzas, otros aún ultiman sus marcos normativos.

El Govern insiste en que la plataforma común facilita que todos los municipios catalanes puedan cumplir la ley y activar sus sanciones en los próximos meses. Más adelante, las ciudades de más de 20.000 habitantes serán las próximas que deberán afrontar el reto de desplegar Zonas de Bajas Emisiones.

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