El 80% de los jóvenes extutelados de Catalunya no reciben las ayudas para emanciparse

Cuando los niños que están tutelados por la Generalitat llegan a la mayoría de edad tienen derercho a pedir una prestación social, de unos 700 euros al mes, hasta los 23 años. Es una ayuda clave para no acabar viviendo en la calle, pero sobretodo para poder seguir estudiando y formarse. Según los datos que ha hecho públicos este viernes la Sindicatura de Greuges, tan solo el 23% recibía esta ayuda en 2024. El informe, que analiza el "ineficaz" apoyo a la emancipación de estos jóvenes, también revela que la Generalitat tarda casi un año en darles estas pagas, y uno y medio en retirárselas cuando incumplen los parámetros. "Pretendemos que lo puedan hacer todo y solos, sin ningún apoyo. Necesitamos ayudas flexibles, rápidas y con un apoyo", ha pedido la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas.

Si bien es cierto que hay muchos de los jóvenes extutelados que se ponen a trabajar a partir de los 18 años, lo que les impide pedir ayudas sociales, o que directamente, ya adultos, no quieren saber nada del sistema que les ha acogido durante su infancia o adolescencia, las cifras presentadas por la Giménez-Salinas, muestran cuánto de insuficiente es aún el sistema para ayudar a los niños sin familia a salir adelante cuando cumplen la mayoría de edad. "Hay muchos jóvenes que no saben ni que la pueden pedir, y sabemos que hay muchos de ellos que la necesitan", ha apuntado Aida Rodríguez, adjunta de la sindicatura.

Solo el 20% de jóvenes recibe la prestación a la que tiene derecho

En 2023, solo la mitad de los jóvenes que cumplieron los 18 solicitaron apoyo al Àrea de Suport al Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de la Generalitat. Fueron 1.300 del total de 2.700. La propia Sindicatura ha tenido que atender casos de menores que cumplidos los 18 se habían quedado en la calle sin apoyos. A juicio de la síndica, los criterios son demasiado restrictivos y no tienen en cuenta las dificultades que tienen los chicos y chicas, muchos de ellos en situación de desamparo, para tramitar dichas ayudas.

La síndica denuncia que Drets Socials no tiene en cuenta las dificultades de los jóvenes para tramitar las ayudas

Las cifras de 2024 indican que solo el 23% de los jóvenes percibían la prestación económica a la que tenían derecho (el 14% si nos fijamos solo en el mes de diciembre de aquel año) y solo el 20% accedieron a un servicio de vivienda ofrecido por la Generaliat. La Sindicatura considera que la tasa de denegación de estas ayudas para la emancipación es demasiado elevada, cerca del 40%. Y es que una cuarta de los motivos de las denegaciones son porque el joven no haya aportado suficiente información, cosa que se achaca al jóven, pero hay que tener en cuenta su condición socioeconómica y de alta vulnerabilidad.

Calvario burocrático

La minoría que sí accede a estas ayudas pasa un auténtico calvario burocrático hasta conseguirlas. De media, los jóvenes deben esperar 10 meses para saber si reciben estas ayudas. Uno de cada cuatro espera más de un año. "Esto tiene un impacto en la cobertura de sus necesidades básicas y sus oportunidades formativas. Hay jóvenes que han renunciado a trayectorias formativas más largas y se incorporan al mercado de trabajo por culpa del retraso en el cobro de la prestación", advierte el informe. "¿Qué hacen durante estos meses de demora? El trabajo debe ser un estímulo para que cuando la terminan puedan volver a cobrar la ayuda, y esta demora no ayuda", ha insistido la síndica.

El 40% de las solicitudes de ayuda se rechaza: una tasa demasiado elevada a juicio de la Sindicatura

El primer pago llega 8 meses y medio después de que les acepten la ayuda. Perciben importes demasiado elevados debido a la acumulación de los atrasos. De media, hay jovenes que pueden percibir un primer pago de más de 6.000 euros. En un 10%, se superan los 10.000 euros en un mes. Un efecto que les provoca deudas con la agencia tributaria, por la gestión del IRPF, y que les puede conllevar más problemas ya que, según constatan los educadores, no saben gestionar importes económicos tan elevados. Es habitual que haya quien haga compras excesivas, entre otros gastos poco recomendables, especialmente para su corta edad y su realidad precaria.

La media de espera para recibir la ayuda es de 10 meses: muchos jóvenes renuncian a estudiar y buscan empleo para poder vivir

El segundo problema les llega cuando, por su trabajo o su realidad personal, ya no entran dentro de los criterios de la prestación. A pesar que ellos hayan advertido a la Generalitat de estos cambios, el Govern puede llegar a tardar más de 18 meses desde que se tramita que se les extingue las ayudas hasta que dejan de percibirlas. Al 36% de los jovenes extutelados que han estado cobrando la ayuda de emancipación entre 2021 y 2023 ya les corresponde su extinción, pero más de la mitad, el 62%, aún espera la resolución. Esta tardanza está detrás de los pagos indebidos, las elevadas cantidades que han cobrado indebidamente y que luego, años despúes, el Govern les reclama, cuando no debería, en opinión de la sindicatura. La Generalitat ha decidido condonar esta deuda.

Los adolescentes tutelados que cumplen 18 años han aumentado un 557% en una década: de los 515 han pasado a ser 2.871

En el informe, la Síndica también señala que ha comprobado algunas irregularidades. Por ejemplo, jóvenes que ya no entran en el criterio para recibir la ayuda pero que en dos años nadie revisa su expediente, falta de documentación para revisar los criterios en muchos casos, también hay casos puntuales en los que se debería extinguir la ayuda y no se ha hecho, o jóvenes que si superan una cifra de ingresos deben aportar económicamente en el lugar donde viven pero no se les pide que lo hagan.

Según la Sindicatura, todo este caos en la gestión se explica porque faltan manos. El número de jóvenes tutelados que cumplen la mayoría de edad no ha hecho más que aumentar, mientras que el personal para atenderles se ha estancado. En concreto, los adolescentes tutelados que cumplen 18 años han aumentado un 557% en una década (de los 515 a los 2.871), y de ellos, los niños que migran solos solamente representan el 20% del total. Con todo ello, sin embargo, el personal para atenderles solo ha crecido un 25%, pasando de los 18 a los 25 trabajadores. "Hay una falta de dimensión en este sentido, y por eso la externalización de 2022. Nosotros recomendamos que haya mayor control", ha remachado Rodríguez.

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