La Síndica de Greuges revela que Drets Socials ya detectó "irregularidades" en las ayudas a los extutelados en 2024

La Conselleria de Drets Socials del Govern de Salvador Illa abrió un expediente informativo en diciembre 2024 sobre la gestión de las ayudas a los menores extutelados en Catalunya que "puso de manifiesto varias irregularidades en la gestión de estas prestaciones", en palabras de un informe de la sindicatura de Greuges, meses antes de que estallara la crisis de la DGAIA, y que motivó una auditoría iniciada la primavera de 2025. Así lo han explicado en la Sindicatura de Greuges en un informe presentado este viernes sobre el apoyo a la emancipación de los menores extutelados en Catalunya, sobre una denuncia que la Oficina Antifrau está analizando.

En concreto, quien abrió este expediente fue la en aquel momento directora de la DGAIA Isabel Carrasco. Lo hizo en diciembre, pero fue fulminada del cargo tres meses después. "Nosotros tuvimos conocimiento de este caso en mayo de 2024. Nos dirigimos a Drets Socials, pero se produjo una dilación con el cambio de gobierno. Fue un proceso ciertamente lento", ha explicado Aida Rodríguez, adjunta de la Sindicatura.

Según fuentes de la sindicatura, este expediente abierto por Drets Socials detectó cuatro casos de jóvenes que percibieron ayudas cuando no les tocaba, que no dormían en las plazas de las entidades que les alojaban o que éstas no activaron el copago de las plazas que ocupaban, cuando deberían haberlo hecho. Cuando un menor cobra cierta cantidad de dinero, debe colaborar y pagar una parte del precio de la plaza. Aún así, este expediente acreditó que no se cometió ningún delito porque el Govern aún estaba a tiempo de pedir el recobro. La Sindicatura considera que no ha habido controles ni auditorías a estos servicios, y que deberían de empezar a hacerse.

El aviso de un trabajador

El 14 de mayo de 2024, un trabajador del servicio externalizado que se dedica al apoyo socioeducativo, y gestiona las ayudas y prestaciones a los menores extutelados en Catalunya, alertó a la Generalitat. Denunció que conocía a tres jóvenes que no debían recibir la prestación social que cobraban porque no cumplían los criterios y que ocupaban camas de pisos de inserción cuando no residían allí. Esta denuncia, que también esta analizando la Oficina Antifrau, trata de esclarecer si la fundación que gestionaba ambos servicios (el de las prestaciones y la vivienda) se benefició económicamente de las ayudas del Govern por un servicio que no estaba prestando.

La conselleria abrió expediente ante la insistencia de la Sindicatura pidiendo información

Por primera vez, la Sindicatura de Greuges aporta información sobre este caso. Después de la queja en mayo de 2024, tanto el Servei de Valoració i Seguiment de Persones Joves Extutelades (Sevap), gestionado por UTE de las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles, como el Area de Suport al Jovent Tutelat i Extutelat (ASJTET) de la Generalitat aseguraron que todo se hacía correctamente, en informes del 28 y 29 de ese mismo mes. Pero cuando la Sindicatura insistió, dice el informe, se abrió un expediente informativo (5/2024).

Sin embargo, este mismo expediente llegó a la conclusión que estas irregularidades no se pueden considerar malversaciones penales o contables, por que no hay ningún perjuicio definitivo sobre la Hacienda de la Generalitat y por que estos pagos no han prescrito. Para considerarse delito, tendrían que haber pasado cuatro años, cuando ya no son reclamables.

Controles y auditorías

La Sindicatura pide que se hagan controles de supervisión a los servicios externalizados en la Dirección General de Prevención y Protecció a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). "No nos consta que en los últimos años se hayan hecho controles ni auditorías específicas sobre el funcionamiento del Sevap ni los servicios de vivienda", resume el informe. Fuentes del Sevap explican a este diario que cada dos o tres meses reciben informaciones contradictorias, con criterios cambiantes de funcionamiento. "Vamos a ciegas", lamentan.

El informe de la Sindicatura apunta que estas entidades pueden tener incentivos para alargar las estancias de los jovenes para facilitar su solvencia económica, y que si son las mismas que controlan la gestión de las prestaciones, se podría incurrir en un conflicto de intereses. También pide que haya protección para quienes alertan de irregularidades administrativas. La Generalitat ya anunció que va a traspasar la gestión de estas ayudas a otra dirección general del Govern, pero hay dudas de como se garantizará el apoyo educativo a estos jóvenes.

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