El Govern liquida un proyecto de familias profesionales para acoger a menores tutelados

La Conselleria de Drets Socials ha decidido liquidar definitivamente un proyecto piloto financiado con fondos europeos para que los niños con problemas graves de conducta desamparados y tutelados por el Govern puedan vivir con una familia de acogida. Este experimento social constistía en que profesionales del mundo social acogen en sus familias casos muy complejos de menores que residen en centros de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia i l'Adolescència (DGPPIA, antes DGAIA) y se dedican a ellos en cuerpo y alma, con un salario y cotizando.

El Govern empezó a cerrarles el grifo en diciembre del año pasado, pero se comprometió a retomarlo el 25 de junio de este año. Sin embargo, hace un par de semanas informó a las familias de que liquidaba definitivamente el proyecto. Los afectados sienten que la Administración ha actuado con "menosprecio" hacia ellos y hacia los niños acogidos. "Nos queda muy claro que ni el interés superior del niño ni la promoción de la acogida familiar son prioritarios en Drets Socials", se queja Tomàs Carandell, uno de los afectados. La conselleria, que lleva meses pidiendo a la ciudadanía más familias de acogida, agradece su compromiso y asegura que ha intentado continuar el proyecto.

En un año y medio de proyecto, los menores, algunos con graves trastornos, habían dado ya señales de mejora

En marzo de 2023, y a través de un proyecto financiado con los fondos europeos Next Generation, la Generalitat, entonces con el conseller Carles Campuzano al frente de Drets Socials, junto con Navarra, Madrid y Álava, iniciaba un proyecto piloto para implementar el modelo guipuzcoano de familias de acogida especializadas: los padres o madres son educadores, psicólogos, trabajadores sociales o especialistas del ámbito social a los que se les forma específicamente para que acojan en sus casas a un menor tutelado y desamparado en situaciones complejas. Suelen ser niños con elevadas discapacidades, trastornos de salud mental o problemas conductuales graves, en muchas ocasiones a raíz del trauma generado cuando se les apartó de sus familias biológicas.

"Nosotros lo dejamos todo para implicarnos en este proyecto, y ahora nos encontramos que nos cambian radicalmente las condiciones"

Tomàs Carandell, padre de acogida afectado

Un año y medio después de su puesta en marcha, la evolución de los niños ya daba sus resultados. Los menores, fuera de los centros y con un vínculo más estable y reparador con su referente, han retomado su relación académica, cerraban heridas que les atormentaban desde pequeños o empezaban a prepararse para reencontrarse con sus madres y padres. "Catalunya es la única comunidad que no da continuidad a este proyecto: los navarros, madrileños y vascos han encontrado las fórmulas legales para mantenerlo e incluso ampliarlo. A nosotros nos lo han liquidado definitivamente", explica Carandell.

Agravio económico y educativo

Esto genera un agravio comparativo fuerte para estas familias. En primer lugar, económico. Se reduce la aportación que reciben, pasando de 122 euros al día a 80 euros al día. Pero tampoco podrán cotizar, como sí que hacían antes. "Nosotros lo dejamos todo para implicarnos en este proyecto, y ahora nos encontramos que nos cambian radicalmente las condiciones", lamenta Carandell.

Tendrán que buscar otro trabajo para poder cotizar, con lo que reducirán el tiempo para estar pendiente de los niños, y tampoco les podrán ofrecer las mismas actividades y servicios que hacían antes, con una mayor prestación económica. Otro problema es el apoyo. "Hasta ahora contábamos con un equipo educativo que nos ayudaba a entender lo que ocurría a los nños y a buscar soluciones y estrategias; todo esto ya ha desaparecido y lo hace mucho más difícil", cuenta Carandell, teniendo en cuenta la alta complejidad de estos menores. Un ejemplo, las escapadas constantes de casa y todo lo que comporta para encontrarles de nuevo. "Hay una explicación dentro de su comportamiento. Perdemos la ayuda experta para entenderlo y tratar de resolverlo", sigue.

Las familias tendrán ahora que buscar empleo y ya no podrán estar pendientes de los niños todo el tiempo

En diciembre, la conselleria ya les dijo que no podía mantener el proyecto, pero se comprometió a hacerlo en junio de 2025. "Estamos iniciando la convocatoria de la provisión del servicio que prevé mantener el mismo modelo de intervención y la relación laboral", se comprometió por carta Elena Lledós, directora del Institut Català d'Acollida i Adopció (ICAA), y que fijaba la fecha de junio de 2025 para un periodo de seis meses de duración. Fue ella también quien les comunicó a las familias en una reunión 'online' que el proyecto no seguía. "Se excusaron en motivos burocráticos", se queja Carandell.

Las cuatro familias implicadas se sienten engañadas, frustradas y menospreciadas. "Lo dejamos todo para esto, nuestras familias se han implicado, y ahora nos encontramos que nos dejan solos. Juegan con nosotros porque no queremos devolver los niños a los centros, sabemos que esto no les ayudará, pero nos lo pon muy difícil", lamenta Carandell.

El Govern asegura que está trabajando para que estas familias puedan, al menos, cotizar a la Seguridad Social para así poder dignificar su labor profesional. También les felicitan por su "compromiso excepcional con la protección y bienestar de los menores". Pero Carandell y el resto de familias de este proyecto están hartos de las buenas palabras. "Hace un mes que salieron en prensa diciendo que querían menos centros y más familias de acogida, que querían dar respuestas especializadas, y ahora nos encontramos con esto", zanja.

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