El Govern estudia eliminar la ayuda a extutelados para integrarla en la nueva Renta Garantizada

"La prestación social a los jóvenes extutelados está mal diseñada", coinciden varios expertos e investigadores en garantía de ingresos como son Manuel Aguilar o José Antonio Noguera de la UB y la UAB. También lo corroboran técnicos que están participando en el rediseño de las prestaciones sociales en Catalunya. El problema, apuntan estos investigadores, es que las ayudas sociales no incentivan a que estos chicos, que carecen de referentes familiares que les puedan orientar, trabajen y menos aún que se formen, como hacen el resto de jóvenes de su edad que no han visto rota su estructura familiar. La Generalitat está estudiando hacer desaparecer esta ayuda para integrarla en la nueva Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), de esta manera los jóvenes podrán recibir ayuda al tiempo que trabajan sin que eso les penalice.

A día de hoy, 5.800 jóvenes de entre 18 y 24 años que han estado tutelados por la Administración catalana perciben una prestación social específica que busca ayudarles a lograr su autonomía. Hay que tener en cuenta que a los 18 años dejan de poder vivir en los centros de menores. Quedan en la calle sin red familiar. Por ello reciben una prestación de 730 euros mensuales, claramente insuficientes para llegar a fin de mes. Otras ayudas como el IMV o la RGC se dan a partir de los 23 años. La Administración es consciente de que cada vez serán más los beneficiarios: la mitad de los niños tutelados hoy tienen entre 15 y 17 años.

"Lo que necesitamos de forma urgente es la compatibilidad del trabajo con las prestaciones sociales, les tiene que salir a cuenta trabajar, y sobre todo, formarse"

Manuel Aguilar

— Investigador de la Universidad de Barcelona (UB) experto en servicios sociales

Estas últimas semanas la Generalitat ha iniciado un proceso de revisión de los cobros realizados a miles de jóvenes, a los que ha enviado cartas solicitando que devuelvan supuestos pagos indebidos. A muchos se les reclaman importes de hasta 40.000 euros. Ello pone a muchos de estos chicos y chicas en situaciones muy complicadas. Algunos de ellos, que cada seis meses revisaban su expediente con educadores de referencia, ya han protestado contra esta decisión. También la Sindicatura de Greuges ha instado a Drets Socials a perdonar las devoluciones a aquellos que recibieron los pagos por error de la Administración.

Sistema demasiado rígido

De fondo, el problema está en la rigidez de todo el sistema de ayudas sociales en Catalunya, de la que esta prestación no está exenta. "Lo que necesitamos de forma urgente es la compatbilidad del trabajo con las prestaciones sociales, les tiene que salir a cuenta trabajar, y sobre todo, formarse", recuerda Aguilar. Actualmente tal y como está diseñada esta prestación, quedan fuera todos los que trabajan por más de 1.167 euros al mes.

"Es demasiado rígido, les estamos sometiendo a un precipicio de la pobreza al ser incompatible con un trabajo donde se cobra el salario mínimo. Es inaceptable si lo comparamos con el resto de Europa", lamenta por su parte Noguera, que señala que las prestaciones sociales, especialmente esta teniendo encuenta el colectivo al que se dirige, no tan solo deben ser compatibles con el trabajo sino que deberían contar con algún incentivo.

"Tenemos que hacer que aquellos que trabajan tengan un incentivo, evidentemente teniendo en cuenta el salario, si no caemos en la trampa de la pobreza"

José Antonio Noguera

— Profesor de Sociología de la UAB y experto en políticas sociales

"Tenemos que hacer que aquellos que trabajan tengan un incentivo, tengan un ingreso extra, evidentemente teniendo en cuenta el salario, si no caemos en la trampa de la pobreza", subraya Noguera. Aguilar también plantea que se incentive y ayude a aquellos jóvenes que opten por estudiar, tal vez con becas extras. "Necesitamos que para ellos estudiar tenga recompensa, habría que estudiar alguna compensación", propone.

Los datos revelan que los menores tutelados tienen el doble de fracaso escolar que el resto de los catalanes a su edad. "En el norte de Europa lo tienen claro, las prestaciones sociales tienen como objetivo la emancipación, por eso pagan el alquiler a los universitarios", apunta Noguera.

Los cambios en la RGC

La Conselleria de Drets Socials lleva meses trabajando en un nuevo proyecto de Renta Garantizada de Ciudadanía, que permitirá compaginar los bajos salarios con esta ayuda social. Fuentes de la conselleria confirman a EL PERIÓDICO que dentro de este proyecto de ley, y a través de un reglamento, incluirán a los jóvenes extutelados para que, excepcionalmente, puedan percibir la Renta Garantizada, que a su vez es más alta que la ayuda que reciben ahora, haciendo desaparecer la actual ayuda de extutelados. Una medida que, como temprano, verá la luz en 2027.

Otro problema de las ayudas a extutelados es que son ellos quienes deben iniciar el trámite, y muchos lo desconocen o se pierden en el proceso

Los expertos también señalan que hay otra derivada de todas las ayudas sociales de la Generalitat, incluida la paga de extutelado: son los problemas de implementación y de gestión. Por un lado, hay decenas de personas que podrían cobrar las ayudas pero no las perciben. En el caso de los jóvenes extutelados, deben ser ellos quienes hagan el trámite, no se les realiza de forma automática desde los centros, lo que hace que muchos lo desconozcan o se pierdan en el proceso burocrático.

Otro poblema es la falta de efectivos humanos y tecnológicos para llevar cierto orden y control de este proceso. En el caso de la paga de extutelado, hay un servicio externalizado que revisa cada seis meses los expedientes, aunque era la DGAIA quien debía realizar las notificaciones, que se alargan meses e incluso años. "Faltan procesos de revisión ágiles, músculo para adaptarse a los cambios de la realidad social", insiste Nogueras, que también dirige Grup de Recerca en Sociologia Analítica i Disseny Institucional (GSADI) de la UAB.

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