El Gobierno ultima un acuerdo con Canarias para acoger a los menores refugiados

El Estado comienza a dar los primeros pasos para atender a los menores migrantes con derecho a asilo. Este martes está prevista una reunión entre representantes del Ministerio de Migraciones y del Gobierno de Canarias para avanzar en la propuesta con medidas concretas que el Ejecutivo central presentará ante el Tribunal Supremo, en cumplimiento del auto que le obliga a integrar en el sistema nacional de protección internacional a los niños refugiados acogidos en centros del Archipiélago. Ya han pasado 90 días desde que el alto tribunal dictara las medidas cautelares, pese a que el plazo inicial fijado para garantizar los derechos de estos menores era de solo diez días.

Canarias, mientras tanto, sigue sosteniendo en solitario un sistema desbordado. Cuando el Supremo dictó el auto, el pasado 25 de marzo, había 1.008 menores solicitantes de asilo en el Archipiélago; hoy ya superan los 1.300, según datos actualizados por el Ejecutivo regional. Desde el primer momento, el Estado ha alegado que el sistema de protección internacional está saturado y sus centros no están acondicionados para atender a infancia migrante no acompañada, pues no cuentan con profesionales especializados que puedan atender a los niños las 24 horas del día.

El Estado vuelve al TS con la tarea sin hacer: ni un niño refugiado atendido

Sin refuerzos

Sin embargo, el Gobierno de Canarias lleva dos años batallando para garantizar que ningún niño quede desatendido, subraya el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello. En solo 15 meses, el Archipiélago ha pasado de 24 a 82 centros activos, ha movilizado 194 millones de euros y ha declarado la emergencia para poder sostener la red de acogida. "Claro que crear un sistema de atención a menores es complejo, pero Canarias lo ha hecho", recuerda. Frente a ese esfuerzo, reprocha la pasividad del Estado: "Podían haber hecho mucho más de lo que están haciendo".

El pasado 29 de mayo, el Supremo le dio un nuevo plazo al Gobierno de España para poner un plan sobre la mesa. Hasta ahora, la situación no ha cambiado en absoluto: no han salido niños de los centros canarios, no se ha reforzado la Policía Nacional para agilizar las citas y tramitar los expedientes y no se ha hecho ni una sola entrevista. "La situación administrativa no ha cambiado en nada", denuncia Cabello, quien expresa abiertamente su malestar ante la inacción estatal. Los centros en el Archipiélago continúan al límite, con niños soldados, menores de colectivos sensibles o que han perdido familiares en la travesía compartiendo espacio en condiciones de vulnerabilidad extrema. "Necesitamos bajar la presión de los centros porque un día va a pasar algo", alerta el viceconsejero de la Presidencia.

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