Justicia

Justícia admite por primera vez su responsabilidad en el crimen de la cocinera de Mas d'Enric e indemnizará a la familia con 40.400 euros

El dictamen reconoce "disfunciones en el funcionamiento del centro" en el asesinato de Núria López

La familia reclamaba 1,7 millones de euros por daños y perjuicios

Los hermanos de la cocinera asesinada en Mas d'Enric: “Necesitamos que el Govern admita qué falló para cerrar el duelo”

Concentración en la cárcel de Mas d'Enric en recuerdo de la cocinera asesinada hace seis meses

Concentración en la cárcel de Mas d'Enric en recuerdo de la cocinera asesinada hace seis meses / MAR ROVIRA / ACN

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Generalitat indemnizará con 40.400 euros a los familiares de Núria López, la cocinera asesinada por un preso que después se suicidó en el centro penitenciario de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), el 13 de marzo de 2024, en reconocimiento del daño causado. El pasado 30 de septiembre, cuatro familiares de la trabajadora asesinada interpusieron una reclamación patrimonial ante el Departament de Justícia en la que solicitaban la cuantía de 1.700.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados. El crimen provocó en su día el bloqueo por parte de los funcionarios de los centros penitenciarios catalanes.

En su reclamación, los familiares consideraban que había habido una "negligencia" del servicio de vigilancia penitenciaria por no haber tenido en cuenta los "antecedentes violentos" del recluso ni "las quejas de la víctima" sobre su comportamiento, por lo que imputaban a la administración el asesinato de la trabajadora.

La conselleria abrió entonces un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial dirigido al reconocimiento del daño que han sufrido los familiares de la cocinera asesinada, a raíz del funcionamiento del servicio público penitenciario y de las "disfunciones detectadas", ha avanzado 'El País' y ha confirmado la conselleria.

En el marco de este procedimiento, y en reconocimiento de este daño que ha sufrido la familia de Núria, la Generalitat, en marzo de 2025, acordó la declaración del derecho de los familiares a ser indemnizados económicamente con una propuesta de resolución parcialmente estimatoria de 40.446,20 euros, en virtud de los "baremos y criterios que marca la jurisprudencia".

Funcionamiento no adecuado

Para fijar el baremo que determina la indemnización, el dictamen incide en el hecho de que la condición de perjudicado debe ir acompañado de una prueba, como pueda ser demostrar la convivencia estable o continuada con la persona finada, sin necesidad de ser cónyuge. En este caso no se aportó documentación alguna, más allá de la aceptación de la herencia ante notario, por lo que estima "desproporcionada" la solicitud de los familiares.

En el dictamen de resolución por el que se acuerda esta indemnización, Justícia admite una "relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio penitenciario y el daño", ya que considera que el funcionamiento de la administración penitenciaria "no se adecuó a los estándares de calidad que serían exigibles".

"Existieron disfunciones en el funcionamiento del centro, así como diversas cuestiones que serían susceptibles de mejora, que, sin ser la causa directa de los hechos, si no se hubiesen producido habrían podido determinar la adopción de medidas diferentes de las que se tomaron", señala el dictamen. En este sentido, remarca que "concurren elementos que permiten calificar el funcionamiento del servicio público como defectuoso" o "anormal".

Dotación deficitaria

Entre esos "elementos", el dictamen cita una "dotación deficitaria" tanto del personal de vigilancia como de los dispositivos o mecanismos de videovigilancia o la "falta de rigor" en las actuaciones y evaluaciones del riesgo realizadas al interno, que "fueron incorrectas y deficitarias". "Se permitió que el interno obtuviera puntuaciones que no se correspondían con su nivel de implicación y de participación en las actividades principales que constaban en su programa -de reinserción-" y no se aplicaron estrategias "encaminadas a motivar" al recluso, subraya la propuesta de resolución.

El dictamen asegura que el recluso cumplía con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la normativa penitenciaria para acceder a un puesto de trabajo retribuido, y que había mantenido un "buen comportamiento", con la excepción de un "único episodio de mala conducta y agresión" a otro interno.

Sin embargo, agrega que ese puesto de trabajo -en la cocina- era "inadecuado para una persona con antecedentes homicidas, con acceso libre a objetos potencialmente peligrosos para las personas si se utilizan con una intencionalidad diferente a la que inicialmente están destinados".