Agricultores y ecologistas cargan contra el decreto de las renovables por miedo a expropiaciones

El reciente decreto aprobado por la Generalitat para acelerar la implantación de energías renovables en Catalunya ha encendido las alarmas en el mundo rural y en el movimiento ecologista, dos sectores a menudo enfrentados. La nueva norma, que todavía debe recibir la luz verde del Parlament, califica los parques fotovoltaicos y eólicos, además de los campos de baterías, como instalaciones de "interés público superior".

La reacción de agricultores y entidades ambientales ha sido inmediata. Tanto la Xarxa per una Transició Energètica Justa como el Gremi de la Pagesia Catalana acusan al Govern de ceder ante los intereses de las grandes energéticas y advierten de los impactos ambientales, sociales y económicos que, según su punto de vista, pueden provocar este cambio normativo. "Se abre la puerta a expropiar terrenos fértiles a agricultores para un negocio privado", denuncia la Xarxa.

¿Pero qué modifica exactamente esta ley? Las expropiaciones de suelos agrícolas para impulsar parques solares o eólicos o incluso líneas de evacuación para transportar la energía es algo que ya se podía hacer hasta ahora, como ya explicó la directora general de Energia, Marta Morera, en conversación con este diario. En caso de que el decreto salga adelante, la diferencia es que, a partir de ahora, se podrán expropiar también superficies situadas en suelos agrícolas de tipo 1 y 2; es decir, los más valiosos. Hasta la fecha, para dar prioridad a las renovables, solo se podían expropiar suelos de tipo 3 y 4.

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Sin embargo, el documento impulsado por el Govern especifica que esto tan solo se llevará a cabo en casos excepcionales y cuando los campos sean tan pequeños que no sean rentables. Además, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació deberá emitir un informe positivo para que la expropiación se ejecute. Por tanto, a la hora de la verdad, afirman desde la conselleria, se trata de una situación que apenas ocurrirá.

Agilizar trámites

El objetivo del decreto es básicamente sortear con más agilidad los obstáculos burocráticos que frenan el despliegue renovable. Pero los agricultores opinan que este argumento sirve de excusa para consolidar un "modelo centralizado" y que no garantiza la sostenibilidad.

Otro elemento del decreto es la posibilidad de que los proyectos puedan tramitarse mediante una "modificación no sustancial" para facilitar el papeleo. No obstante, uno de los puntos más controvertidos es precisamente el uso de este concepto de "interés público superior". Esta denominación significa que cuando en un espacio no protegido compitan diferentes intereses, se dará preferencia a las renovables. Pero estas no podrán ocupar áreas protegidas que sean ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) ni Red Natura 2000. Tampoco campos agrícolas rentables. Tan solo lo podrán hacer cuando la actividad agrícola se considere "inviable".

Aun así, el Gremi de la Pagesia no "compra" estos motivos: "La norma pretende "expulsar a los agricultores de sus tierras para dejar paso al negocio energético". También advierten de que la normativa aumentará la presión sobre el campo y elevará el precio del suelo agrario, si se reduce la superficie cultivable.

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Los sectores ecologistas comparten el malestar, aunque lo fundamentan en otras razones. Sostienen que se está actuando de espaldas al territorio y que se busca crear grandes parques en lugar de apostar por el autoconsumo, la eficiencia y las comunidades energéticas. Defienden que los parques deberían situarse en entornos periurbanos degradados y no en espacios naturales, a pesar de que tal vez no estén regidos por ninguna figura de protección.

"Este decreto no tiene como objetivo combatir el cambio climático, sino dar seguridad jurídica a los inversores", critican fuentes de la Xarxa. No entienden que se avance en la puesta en marcha de grandes proyectos sin tener antes listo el Plan Territorial de las Energías Renovables (PLATER) –la consellera Sílvia Paneque se ha comprometido a presentarlo antes de final de año–, que ha de servir de marco para ordenar esta transición (decir dónde y cómo se deben instalar los proyectos) y que aún no está aprobado. "Sin planificación, la transición energética deja de ser una oportunidad y se convierte en una amenaza", advierten.

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