La ley del tercer sector: ¿qué es?

El pleno del Parlament ha dado luz verde este miércoles a la proposición de ley del tercer sector presentada conjuntamente por el PSC-Units, JxCat, ERC, el PPC, los Comunes y la CUP. Al no contar con enmiendas a la totalidad presentadas en su contra, la iniciativa ha continuado con su trámite parlamentario sin necesidad de que se produzca ninguna votación. Pero, ¿en qué consiste esta ley?

Esta proposición de ley, que ya se tramitaba la legislatura anterior y cuyo trámite decayó tras la disolución del Parlament, regula el régimen jurídico por el que se tienen que regir las entidades privadas sin ánimo de lucro que integran el tercer sector social al tiempo que reconoce su labor. En Catalunya, alrededor de 3.000 entidades forman parte de este tercer sector y prestan servicios a dos millones de personas en riesgo de exclusión social gracias a la acción de 110.000 trabajadores y casi 400.000 voluntarios. Mueven unos 3.000 millones al año, casi el 2% del PIB.

Censo de entidades

El texto define que las entidades sociales del tercer sector son todos aquellos entes jurídicos sin ánimo de lucro que tienen sede en Catalunya y desarrollan su actividad aquí. Pueden ser asociaciones, fundaciones, cooperativas de iniciativa social, empresas de inserción, centros especiales de trabajo de iniciativa social, entidades religiosas dedicadas a fines sociales, federaciones y entidades singulares como Cruz Roja, Cáritas y la Once. La ley estipula que se deberá crear un censo público de estas entidades.

Financiación pública y privada

La ley regula que las entidades sociales pueden colaborar tanto con empresas privadas como con la administración. Además, estipula que la vía preferente para relacionarse con el sector público es a través de la concertación y la acción delegada. Y además, los contratos públicos deben contar con una cláusula social. Este es un punto clave de la ley para asegurar la financiación pública de una forma estable y no depender de las subvenciones que cambian cada año.

Mayor incidencia social

Esta ley equipara al Tercer Sector al papel de los sindicatos y la patronal en relación al nivel de influencia con la administración. El tercer sector ser parte activa del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), del Consell del Diàleg Social de Catalunya y deben estar presentes en todas las comisiones y grupos de trabajo donde se traten políticas públicas y sociales tanto en la Generalitat como en ayuntamientos u otros entes locales. También se crea un contacto directo del tercer sector con el 'president de la Generalitat, ya que se establece una mesa de diálogo, que dependa de la conselleria de presidència, a la que acuda el 'president' y el conseller de Economía, para abordar, entre otras, las políticas públicas o el estado del tercer sector. Además, la ley obliga al Govern a elaborar un plan del tercer sector. Entre otras cosas, el Govern debe promover el voluntariado o impulsar las donaciones de ciudadanos y empresas a las actividades que realice el tercer sector.

El papel de los trabajadores

La ley regula que las entidades sociales deben cumplir con los convenios colectivos, no pueden usar los voluntarios para evitar pagar salarios de profesionales, y deben garantizar unas buenas condiciones a los voluntarios. Además, el texto añade que la financiación de los servicios públicos debe ser la adecuada para que las entidades sociales puedan pagar bien a sus empleados y logren que tengan el mismo salario que un funcionario que desempeña la misma tarea, si se trata de servicios públicos.

Mejoras fiscales

La ley obliga al Govern a desarrollar un plan de incentivos fiscales para las entidades sociales y deja en manos del reglamento los instrumentos de rendición de cuentas a las que deben someterse las entidades del tercer sector.

Superada la votación de la enmienda a la totalidad, el texto continúa ahora su tramitación parlamentaria con la fase de comparecencias en la Comisión de Drets Socials i Inclusió.

Las organizaciones representativas del sector, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, han asistido al debate y han vuelto a hacer un llamamiento a los grupos parlamentarios para que agilicen su tramitación. "Territorios como el País Vasco, las Islas Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León disponen desde hace años —9, 7, 5 y 4 respectivamente— de un marco legal propio que reconoce formalmente el papel de las entidades sociales. Ahora es el momento de dar este paso en Catalunya y otorgar al tercer sector social el reconocimiento institucional que merece por su labor esencial de servicio público", han defendido.