Las entidades sociales logran un compromiso político para garantizar el acceso al padrón en Catalunya

Los principales partidos del Parlament, a excepción de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, han firmado este miércoles un acuerdo que les compromete a aplicar la normativa estatal de empadronamiento en los municipios donde gobiernan. "Tan solo pedimos que se empadrone a todas las personas que residen en un municipio, independientemente de cómo sea el lugar donde viven o de su situación administrativa", ha explicado Maria Creixell, miembro de la red de entidades por el padrón, que agrupa a más de 500 asociaciones en Catalunya que defienden que se cumpla este derecho básico.

Los partidos firmantes -PSC, ERC, Comuns y CUP-, se han comprometido a desarrollar herramientas para que todas las personas puedan constar en el registro municipal del padrón del pueblo o ciudad donde viven. En otras palabras, que las personas que viven en la calle, en chabolas, en edificios abandonados o en habitaciones realquiladas puedan acceder al empadronamiento. Algo que reconoce la legislación actual, pero que en realidad no se cumple en muchos municipios catalanes.

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"Era necesario dar respuesta colectiva a esta vulneración flagrante del derecho al empadronamiento, que se está convirtiendo en un arma para sacar rédito electoral cuando estamos hablando de la puerta de acceso a los derechos fundamentales", ha explicado Lluís Puigdemont, representante de las entidades de Girona. "Hace años que vemos múltiples obstáculos y restricciones que limitan e impiden el empadronamiento a miles de ciudadanos", ha lamentado.

Después de que el Govern de Pere Aragonés intentara sin éxito un compromiso y unas reglas comunes para garantizar el empadronamiento en Catalunya, ahora son las entidades sociales las que han arrancado este compromiso a los partidos políticos. El documento no tan solo reclama que se empadrone también a las personas sin hogar, sino que se haga en los tres meses previstos que tiene la ley.

Partidos, sindicaturas y entidades se reunirán cada seis meses para hacer un seguimiento del cumplimiento del acuerdo

El texto también reclama transparencia sobre los protocolos de empadronamiento a los ayuntamientos, que se tenga en cuenta especialmente a los niños y a las personas más vulnerables y que las administraciones expliquen claramente a los ciudadanos cómo funciona el trámite.

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Cada seis meses, los representantes de los partidos, las sindicaturas locales y las entidades sociales se reunirán para detectar dificultades y problemáticas en la aplicación del acuerdo y proponer mejoras para garantizar su cumplimiento. "Queremos cumplir los derechos que reconoce la normativa pero que a día de hoy está siendo ignorada", ha explicado Pepa González, vicepresidenta del Fórum de Síndics Locals de Catalunya y Síndica de Santa Coloma de Gramenet, uno de los municipios que no facilita el empadronamiento a quienes no diponen de contrato de alquiler o vivienda en propiedad.

La dirección de Junts per Catalunya se ha desmarcado del pacto, aduciendo la falta de medios de la que disponen los ayuntamientos. Hace meses que ya propusieron un cambio en la normativa para que los ayuntamientos tan solo se dedicaran a empadronar a las personas que tienen un título habilitante de una vivienda, dejando fuera miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, una parte del grupo parlamentario de Junts sí que ha firmado este acuerdo.

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