La Audiencia Nacional envía a juicio al 'Madoff catalán' por una estafa piramidal de 250 millones

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado la apertura de juicio oral contra Antonio Mas Samora, también conocido como el Madoff catalán, por la presunta estafa piramidal que puso en marcha a partir de 2003 a través de un entramado que simulaba contratar espacios publicitarios. La presunta estafa se eleva, según los cálculos de los Mossos d'Esquadra, a 250 millones de euros y el número de perjudicados asciende a 1.081. El fiscal reclama para Antoni Mas 12 años de prisión por los delitos de pertenencia a asociación ilícita, estafa y falsedad. Otros cuatro imputados se enfrentan a penas de cuatro años de cárcel. Mas optó por autoinculparse ante los Mossos para pedir protección policial por temor a su integridad física y de su familia, según fuentes próximas al caso.

El escrito de la fiscalía, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, sostiene que Antoni Mas, con "experiencia en la organización de eventos y el campo audiovisual" concibió un sistema para apoderarse "en beneficio propio" de fondos para solventar los problemas económicos que sufría derivados de su actividad empresarial. Así, a través de una serie de sociedades perpetró "una estafa de tipo piramidal" que se basaba en la captación de fondos mediante la realización de contratos de préstamo participativos en supuestas inversiones en campañas de publicidad.

La acusación sostiene que el imputado simuló la contratación con clientes que serían empresas multinacionales muy conocidas en el mercado. Sin embargo, estas firmas anunciantes "ni conocieron, ni tenían relación alguna" con Antoni Mas o alguna de sus sociedades, "atribuyéndose el acusado una supuesta gestión de las mismas que era inexistente".

Una relación comercial fingida

Para la captación de los fondos se firmaban contratos de préstamo acompañados de una supuesta facturación de las empresas investigadas en este procedimiento, "fingiendo" una relación contractual con importantes compañías del mundo audiovisual, de Telefónica, Nintendo, Coca-cola, Nestlé, entre otras. Estas empresas, indice la fiscalía, "ni tenían relación" con las vinculadas a Antoni Mas, "ni suscribieron ni conocieron nunca" que los imputados manifestaban haber suscrito contratos de publicidad, hecho que nunca sucedió.

Según el fiscal, Mas hizo creer a los perjudicados que la inversión consistía en la financiación de una campaña publicitaria que necesitaba, dado es desfase entre la compra del espacio y el pago de las empresas anunciantes. A cambio, ofrecía el pago de importantes rendimientos que oscilaban entre el 6% y el 18% mensual.

La acusación precisa que "como todo era un artificio para captar fondos y enriquecerse los acusados", lo que hacía Mas y sus colaboradores era utilizar el dinero aportado por las víctimas para el pago de intereses y el retorno del capital invertido y otras simulando esos pagos como rendimiento de la financiación. Parte de esas cantidades, recalca el escrito, fueron "apropiados" por los investigados y las empresas vinculadas a la trama que colaboraron en "la comercialización de los falsos contratos" por los que se otorgaba "ficticiamente" financiación para la compra de espacios publicitarios. Entre los inversores estafados no solo hay españoles, sino también residentes en el Reino Unido, Alemania, Suiza, Luxemburgo y Francia.