El Govern destinará 20 millones de euros a reformar 70 residencias de ancianos y a crear 504 plazas nuevas

El Govern de la Generalitat destinará 20 millones de euros a un plan de choque para mejorar las residencias geriátricas, de personas con discapacidad y centros de día de la tercera edad. La mitad de estos fondos (9 millones para ser exactos) se destinarán a costear obras de reforma en más de 70 centros, una promesa del Ejecutivo de Salvador Illa que tenía que materializarse con urgencia dado que una parte importante de los geriátricos tienen que cambiar su estructura si quieren poder servir ofreciendo sus plazas a la Administración pública tras un canvio de la normativa, como ya avanzó EL PERIÓDICO hace un año. Otros cinco millones de euros se dedicarán a mejoras tecnológicas, y el resto (5,3 millones) se invertirá en crear este mismo año 504 nuevas plazas que estarán ubicadas en edificios de ayuntamientos y otros entes locales.

El plan, que ha sido presentado este sábado por el president, Salvador Illa, y la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, no menciona cambios en materia de financiación, ratios de personal ni sueldo, principales reclamaciones del sector.

"Los centros públicos deben ser el ejemplo de lo que queremos que sea el conjunto del sistema: una atención humana, rigurosa e innovadora -ha señalado la consellera Martínez Bravo-. Por eso impulsamos este plan de mejora integral que incluye tecnología para mejorar la gestión y la calidad asistencial; redimensionamiento de las plantillas según las necesidades de los centros, formación en liderazgo para el personal directivo y un plan de obras urgente en decenas de centros".

Con estas 504 plazas ya serán 2.041 las plazas para dependientes que el Govern ha creado en estos 10 meses de legislatura

Hace años que los diferentes responsables de la Conselleria de Drets Socials anuncian medidas para combatir los déficits en las residencias: Catalunya lleva diez años liderando las listas de espera de la dependencia en toda España, algo que se agrava con las listas de espera para acceder a un recurso residencial. La mayoría de familias deben esperar más de tres años para entrar en una residencia financiada con fondos públicos. Y mientras cada vez hay más personas dependientes, hay geriátricos que desaparecen: o bien por el precio del alquiler, o bien porque aquellos más antiguos no estaban adaptados a los nuevos requisitos legales y no se podían costear las reformas.

Obras urgentes

Ante este panorama, la voluntad del Govern es invertir 9,1 millones de euros para realizar obras que permitan resolver los problemas "más urgentes" de estos centros, para que, así, puedan seguir operando. Algunas fuentes señalan que en esta situación podría haber unos 200 centros, 3.000 plazas, la mayoría en la ciudad de Barcelona.

Concretamente las obras incluidas en el plan de choque son 60 en residencias de la tercera edad, 12 en residencias de personas con discapacidad y tres en centros de día de personas mayores. Por municipios, los centros beneficiados están en Barcelona y su área metropolitana, pero también en comarcas como el Ripollès, Alta Ribagorça o Ribera d'Ebre. Los trabajos se iniciarán entre este año y el siguiente.

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Otra parte importante de los fondos, 5,3 millones de euros, se dedicará a abrir 504 plazas nuevas a través de colaboración con los municipios. Para que estas plazas sean una realidad se consorciarán en equipamientos públicos de ayuntamientos y otras entidades del mundo local. En concreto, 229 plazas estarán en residencias; 182 en servicios de atención integral en el ámbito rural pensadas para las zonas más despobladas, y 93 en centros de día.

Estas plazas nuevas son públicas, pueden acceder a ellas los beneficiarios de la ley de la dependencia a través del copago, pero estarán externalizadas: las gestionarán, o bien los ayuntamientos, o bien entidades o empresas privadas.

Con estas 504 plazas ya serán 2.041 las plazas para dependientes que el Govern ha creado en estos 10 meses de legislatura. Faltan 4.000 para cumplir con las 6.000 prometidas por la consellera Mònica Martínez Bravo para final de mandato.

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Hace unos meses el Govern también lanzó una línea de subvenciones de cinco millones de euros, ampliables a diez, para ayudar a los ayuntamientos a construir o comprar edificios donde instalar residencias. El anterior Govern de Pere Aragonès estimaba que para 2030 Catalunya necesitaría sumar a las 45.000 plazas geriátricas que hay en la actualidad otras 18.000 nuevas para cubrir las necesidades de la población.

El plan incluye también una partida de 5 millones de euros procedentes del fondo de Next Generation para que los geriátricos introduzcan mejoras tecnológicas. La inversión les permitirá incorporar nuevos sistemas de comunicación, de registro y seguimiento de los cuidados, robots y cabinas higiénicas para estimular a residentes con demencias, por ejemplo.

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Finalmente, el Govern modificará las modalidades de inscripción de los diferentes equipamientos donde viven las personas dependientes para que en ellos puedan vivir otras personas con otras problemáticas. Por ejemplo, que en una residencia puedan convivir personas mayores con jóvenes con discapacidad, o con mujeres víctimas de violencia de género.

La financiación y el personal

El plan no habla de una de las claves que hace años que espera el sector: el precio de las tarifas, los sueldos y las ratios de personal. Las entidades y empresas reclaman que las tarifas, es decir el coste que el Govern paga por cada plaza, aumente un 12%, pero la Generalitat ya les ha advertido de que como máximo lo hará un 5% este año, aunque de momento no hay acuerdo. A día de hoy, el Govern paga cada mes 2.000 euros por plaza en una residencia y 900 para una plaza en centro de día, al menos 200 euros menos de lo que cuesta en realidad.

Sobre la situación laboral y de plantillas, la realidad es acuciante porque cada vez falta más personal, y es más difícil cubrirlo. El plan solo plantea medidas para los 16 centros de gestión 100% pública, aunque hay casi 900 geriátricos en Catalunya, y apenas aparecen en el documento. El texto solo habla de "flexibilizar criterios y perfiles profesionales, ajustar plantillas según prioridades y preveer una reducción futura de gastos derivados por las sustituciones".

El plan sí que menciona mejoras en aspecto formativo, especialmente de los directivos. También plantea nuevos modelos de mejora de la calidad, medidas de evaluación, de participación y transparencia. Los familiares, dice el plan, serán escuchados, y las actas del servicio de inspección de las residencias serán públicas.

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