Joan Ramon Ramos, candidato a decano del Col.legi de l'Advocacia: "Hay cierto populismo al hablar solo de multirreincidencia y ocupación"

Usted propone optimizar los recursos económicos del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ¿Eso cómo se hace?

Pues suprimiendo sobre todo lo que esta candidatura denomina gastos superfluos. Por citar ejemplos: congresos y galas extraordinarias que se hacen básicamente para potenciar el posicionamiento, muchas veces personal y también de la institución; lo que llamo turismo jurídico, gastos de viajes de miembros de la junta o empleados del colegio a un congreso del cual ni hay retorno, o las presentaciones de libros, en algunos casos de horticultura, cuando deberían ser jurídicos o escritos por abogados. El foco hay que ponerlo en todo aquello que redunde en los colegiados. La suma de muchos gastos pequeños generará una bolsa dinero que puede revertir en fines sociales o en beneficio de los colegiados. Tiene que haber un cambio de rumbo. Que la formación sea gratuita.

¿Qué otras cosas cambiaría?

En la actualidad, la prioridad de los 200 trabajadores del colegio es que la junta de gobierno y el decano estén atendidos en sus planes, objetivos, desarrollo de sus temas y comisiones. El gran abandonado de la gestión son los colegiados. Cuando un colegiado tiene un problema, necesita que su colegio lo solucione. El trabajador del colegio tiene que tener claro que la prioridad no es tener contento al decano y a la junta, sino los colegiados. La sensación que tienen el 90% de los colegiados y colegiadas de Barcelona es que sus cuotas no le aportan ningún retorno.

La función social de la abogacía es importante. ¿Cómo pretende impulsarla?

Prestigiando al colegio.

¿De qué manera?

Queremos que los abogados vuelvan a pisar el colegio y a confiar en él, que los discursos sean brillantes. Reivindico la oratoria de los decanos Jose María Antrás y Josep Joan Pintó, y de los grandes juristas que han hecho brillantes discursos que motivaban. El decano es la punta de lanza, la imagen que se traslada a la sociedad, y eso hay que recuperarlo con brillantez. Ahora, el posicionamiento es personal y de la institucional, pero no está centralizado en los colegiados, por lo que la función social se verá muy beneficiada. También queremos generar recursos para realizar obras sociales directas.

Su candidatura se califica como de cambio. ¿Por qué? 

Precisamente por este cambio de enfoque. Es un cambio de 180 grados. Dejaremos de estar obsesionados y preocupados por el posicionamiento tanto de la institución como de los miembros de la junta de gobierno, y dedicaremos nuestros esfuerzos y energías a optimizar el colegio. Tenemos que priorizar lo que redunda en servicios.

El colegio es una institución influyente. ¿Qué hará para que lo siga siendo?

Para recuperar que el colegio vuelva a ser tan influyente como antaño primero hay que recuperar credibilidad. El tema de los discursos es importante, pero no suficiente. Tenemos que basarnos más en los aspectos lobistas, sobre todo en la mejora técnica de las leyes. Podemos ser mucho más influyentes como corporación si nos mantenemos equidistantes de todos los partidos políticos. Creo que en los últimos tiempos ha habido acercamiento a los partidos en el poder, con intereses a veces un poco de promoción personal. Creo que los 24.100 colegiados quieren que su decano y su junta sean neutrales en el ámbito político y que no estén escorados hacia ningún partido ni hacia ninguna tendencia. Eso nos permitirá ser más influyentes porque nos ganaremos el respeto de los políticos.

¿Tiene alguna receta para acabar con las ocupaciones?

Recetas mágicas no existen. La ocupación delincuencial es un problema social, aunque su resolución no siempre es jurídica. Pero hay otros temas. Por ejemplo, hemos normalizado que se despida a un trabajador y el señalamiento del juicio se produzca en un año y medio o dos años. Es decir, que el problema principal de la justicia en este país es económico. Es decir: faltan muchísimos recursos. La justicia tiene un decremento paulatino y sostenido en los últimos años. Instalaciones, calidad, precariedad, ausencias de salas para letrados, mil cosas que hacen que cada vez la justicia vaya hacia atrás. Se pueden cambiar todas las leyes, pero, si no se ponen todos los recursos necesarios, seguirán sin ser útiles.

¿Impulsará como se hace ahora la colaboración para elaborar leyes? ¿El poder Ejecutivo y Legislativo escucha suficientemente al abogado?

Es una de nuestras prioridades: creemos que no se nos escucha suficientemente. No debería salir una sola ley en este país que los colegios de Barcelona y Madrid, por su tamaño e importancia, no hubieran dado su input técnico. El colegio no tiene que ser un activo en la elaboración de la legislación, eso le corresponde a los políticos, pero sí debemos colaborar con las instituciones para que las leyes siempre sean técnicamente correctas.

La profesión de abogado tiene retos por delante. ¿Cuáles son a su entender?

Retos brutales. El primero, la más importante, la imagen. Ha habido un deterioro progresivo. Cuando me colegié hace 40 años, ser abogado quizá no tenía el prestigio de los notarios, pero era una de las profesiones más prestigiosas. Hay que recuperar este prestigio con la imagen, la honestidad, la transparencia y, sobre todo, apostando por solucionar los retos del futuro. Uno de los más importantes es la inteligencia artificial porque la profesión no está preparada y el colegio debe ser un apoyo para potenciar su uso y para formar.

¿La ley de eficiencia de justicia dará buenos resultados?

Tengo serias dudas. Primero por la calidad legislativa. Hay algunos puntos de mejora claros. Los tribunales superiores de justicia de las comunidades han empezado a dictar órdenes aclaratorias y ha habido un pequeño caos inicial. Esto se podía haber evitado con una mayor técnica legislativa. Pero, repito: por más leyes que pongamos, si no hay más recursos, lo que hace la justicia es colapsarse más.

¿Cómo se debería luchar contra la multirreincidencia? ¿Es suficiente el plan de choque?

Hay cierto populismo en decir que todos los problemas jurídicos son la ocupación y la multirreincidencia. Hay muchísimos más temas. De hecho, esto me permite comentar que vamos a impulsar el voto telemático de los colegiados para asuntos de impacto social. El posicionamiento de la junta y de su decano no será el de Joan Ramon Ramos, sino aquello que la mayoría de los colegiados quieren. Respecto a la multirreincidencia, vuelvo a lo de siempre: al final, si no ponemos más juzgados, más medios y más recursos económicos, todo está condenado a la dilación, a la ralentización de la justicia y, por lo tanto, al alejamiento del ciudadano de esa justicia que todos deseamos.

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