La Sindicatura de Comptes detecta pagos indebidos de Drets Socials de más de 167 millones

La Sindicatura de Comptes ha detectado pagos indebidos de prestaciones del Departament de Drets Socials que superan al menos los 167,5 millones de euros en el periodo 2016-2024. En total, 227.990 unidades familiares percibieron ayudas sociales cuando ya no les pertocaban. En 90% de los casos, Drets Socials ha reclamado estos cobros, aunque 7,17 millones no se han podido requerir porque habían prescrito. La Sindicatura habla de "infracciones legales" que han causado "menoscabo" a la Generalitat. Los hechos, según este organismo, podrían ser "perseguidos administrativamente y judicialmente". Por su parte, la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, se plantea hacer una nueva amnistía (la de este año afectó a 30.000 familias) para los usuarios que no puedan asumir estas devoluciones. Martínez Bravo atribuye estas incidencias a falta de medios y control, y niega que haya habido malversación de fondos públicos.

El informe de la Sindicatura se centra en fiscalizar las 17 prestaciones sociales que dependen de la Conselleria de Drets Socials. En 2022 se gastaron casi 1.000 millones de euros en este concepto. El 43% corresponde a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y el 40% a prestaciones de la Ley de Dependencia. Si lo extrapolamos durante todos lo meses del estudio, algo que no concreta el informe, podríamos hablar de unos 8.000 millones de euros totales. Fuentes de la conselleria dicen que estos pagos indebidos afectan al 0,01% de todo su presupuesto.

Lo detectado por la Sindicatura es que hubo 227.990 casos en los que el cobro de esta prestación ya no era compatible y no se detectó. Por ejemplo, familias dependientes que siguieron percibiendo la ayuda cuando el afectado había fallecido; familias que percibían otras ayudas públicas que no eran válidas con las que les otorgaba la Generalitat, personas que siguieron cobrando la RGC aunque estaban trabajando o menores extutelados en condiciones similares. La Conselleria no revisó los expedientes a tiempo, por falta de medios personales e informáticos. Por ello las cantidades son tan elevadas.

En el informe, el organismo fiscalizador pone de manifiesto la “falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones”, lo que ha provocado “la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un elevado volumen de pagos indebidos”. La Sindicatura también ha detectado que hubo 115 familias que cobraban dos prestaciones incompatibles entre sí. En algunos casos, esta situación se alargó durante más de cuatro años. El informe también constan 2.000 familias que percibieron la RGC teniendo un contrato laboral vigente. Esta excepción está permitida por ley en algunas circunstancias, pero el informe dice que no ha podido constatar si cumplían o no con los supuestos. La Generalitat lleva meses trabajando en un cambio en la RGC para que se pueda cobrar con un contrato laboral. La Sindicatura también ha detectado a 558 beneficiarios de la RGC que tienen un contrato laboral fuera de Catalunya.

Carga administrativa

En su informe, el organismo fiscalizador concluye que no se ha fomentado una cultura de regularidad y transparencia en las actividades financiadas con fondos públicos. Tampoco un marco que garantice los principios éticos y de buen gobierno de imparcialidad, integridad y objetividad en la gestión de los recursos. La Sindicatura destaca “importantes debilidades” que afectan negativamente la eficacia, eficiencia y economía en la gestión del conjunto de prestaciones económicas. El problema que señala es que ni las herramientas informáticas ni el personal que están dedicados al control están funcionando de forma efectiva para ello.

Según la Sindicatura, el caso más grave son lo más de 7 millones de euros que no se han podido reclamar por haber prescrito. Algunos de los expedientes empezaron con las incompatibilidades en 2016, pero no se llegaron a revisar. Por tanto, entienden que la Conselleria ha incurrido en una "infracción" de la ley de finanzas públicas, atendiendo que han causado un "menoscabo efectivo hacia la Hacienda de la Generalitat". "Todos los hechos descritos en este apartado podrían dar lugar a hechos perseguibles administrativa y judicialmente", sostiene la Síndica, Maria Àngels Cabasés en el informe. Esta gestión afecta, pues, a la actual consellera, que accedió al cargo en agosto de 2024, pero también a Carles Campuzano (ERC), Violant Cervera (Junts), Chakir el Homrani (ERC) y Dolors Bassa (ERC).

Prestaciones a extutelados

De toda esta muestra, 4,7 millones de euros afectan a las ayudas gestionadas por la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). La mayoría son por incompatibilidades en las ayudas a jóvenes extutelados, que fueron todas reclamadas, pero también hay incidencias en la prestación para familias de acogida a menores tutelados o para niños en riesgo social. Según el informe, casi 4.000 jóvenes han recibido estas ayudas de la Generalitat y, de estos, a cerca de mil usuarios se les debía extinguir o suspender, cosa que no ocurrió. En septiembre de 2019, el 18% de los extutelados no debían cobrar la prestación. En 2022 eran ya 26%: unos 360 jóvenes.

En este capítulo, la Sindicatura se centra en el Servei de Valoració i Seguiment de les Persones Joves Extutelades (SEVAB), creado en julio de 2022 para controlar que los jóvenes que reciben las ayudas cumplen con los compromisos y un plan individualizado, el cual ahora está bajo la investigación de la Oficina Antifrau. El servicio en cuestión está externalizado en dos fundaciones (Mercè Fontanilles y Resilis) y el contrato adjudicado es de 5 millones de euros. Tras revisar 38 expedientes, la Sindicatura afirma que "han incumplido los requisitos de los pliegues de condiciones técnicas". El organismo ha detectado que muchos de estos jóvenes se encontraban trabajando y percibiendo cantidades que les impedían cobrar la ayuda, aunque nadie lo revisó. De estos, seis habían trabajado para la empresa Eina Activa Empresa d’Inserció, SL, vinculada a Resilis, entre mayo de 2019 y diciembre de 2021, cobrando la ayuda, a pesar de ser superior al límite establecido. Tras su investigación, sigue la Sindictatura, 31 de los 38 expedientes de jóvenes perdieron la prestación. El organismo añade que, durante estos años, el Departament no supervisó ni controló estas entidades.

Más herramientas

"Éramos conscientes del problema", ha respondido este miércoles en el Parlament la consellera. "Es muy complicado tener una buena gestión de las prestaciones sociales, que no están dimensionadas correctamente y se basan en procesos manuales: el volumen de solicitudes no se puede gestionar de forma ágil con el personal existente", ha explicado Martínez Bravo. La consellera ha vuelto a insistir en su plan de automatización de la gestión, con bases de datos que permitan una gestión automática, lejos del papeleo. Ahora, ha añadido, realizan cruces manuales de los datos de forma semiautomática para reducir el tiempo a la hora de detectar los expedientes que se deben suspender. Aun así, ha insistido en que se debería aprobar cuanto antes la nueva ley de RGC que les permitirá, entre otras facilidades, empezar a usar la inteligencia artificial para realizar este control. En este sentido, Martínez Bravo no ha descartado decretar una nueva 'amnistía' para las 200.000 familias afectadas por estos cobros indebidos. "Estamos en fase de estudio para ver si ese planteamiento nos permite dar una nueva respuesta para afrontar esta problemática", ha avanzado.

Además de las irregularidades detectadas, la Sindicatura explica que estas 17 prestaciones sociales no están diseñadas correctamente. El organismo apunta a que solo reciben las ayudas el 50% de personas que podrían acceder a ellas, que ascienden al 4% de los catalanes. De hecho, si las ayudas sociales pudieran ser compatibles con el empleo, serían casi el doble (el 7,5%). Algo que ya está sobre la mesa con la nueva ley de la RGC. El estudio también cuestiona los tiempos prolongados en la gestión de las prestaciones, que pueden superar el año en algunos casos; la excesiva burocracia; la falta de mecanismos de seguimiento y control, y la inexistencia de un marco de supervisión que garantice la protección del interés general. La consellera ha recordado que la resolución de la Prestación No Contributiva (PNC) en Catalunya ha pasado de 400 a 18 días desde que ella es consellera.