La DGAIA tardó nueve meses en activar el protocolo de abusos en el caso de la menor víctima de una red de pederastia

La escuela de la menor de L'Hospitalet de Llobregat que fue víctima de violaciones mientras estaba bajo guarda de la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) dio el primer aviso sobre los abusos en marzo de 2021, pero no fue hasta nueve meses más tarde, en diciembre de aquel mismo año, cuando la DGAIA activó los protocolos. Las agresiones sexuales habían empezado un año y medio antes. De hecho, la madre de la niña había presentado la primera denuncia ante los Mossos en mayo de aquel año, pero la explotación sexual de la menor siguió al menos hasta octubre. Estas son las conclusiones del informe jurídico que la consellera Mònica Martínez Barvo ha presentado ante el Parlament. "No fue suficiente para parar los abusos. ¿Cómo es posible que no se pudiera impedir que continuara sufriendo estos ataques?", se ha preguntado la consellera, en su comparecencia sobre un caso que ha provocado la reestructuración de la conselleria.

Según la investigación judicial, Teófilo Lapeña empezó a agredir sexualmente a esta menor pocos días antes de que cumpliera 13 años, en mayo de 2020. No fue hasta marzo de 2021 que la escuela de la menor dio la primera señal de alarma. En esa fecha "la escuela derivó el caso a servicios sociales y, a partir de ahí, ese mismo mes se hizo una comisión socioeducativa ampliada de seguimiento con la escuela, el pediatra, el CSMIJ (Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil) y los servicios sociales", ha explicado la consellera, quien ha señalado que que se activaron los mecanismos de protección de manera urgente ante este caso.

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Unas semanas después, a medidos de abril, los equipo especializados decidieron que la niña entrara en un centro de acogida, les Cases d'Infants, con el mecanismo de guarda. Los padres seguían teniendo la tutela de la menor, ya que el objetivo era que mantuviera la relación con su familia, especialmente el padre. "En mayo de 2021 la menor, acompañada por su madre y una educadora del centro, tramitaron la primera denuncia", ha explicado la consellera. Un dato que llama especialmente la atención, ya que en el sumario del caso no consta esta denuncia y solamente se recoge una denuncia de octubre, cinco meses después.

Primera denuncia

"La primera denuncia se interpuso un mes después de iniciar la situación de guarda gracias a la acción de los educadores, gracias al buen trabajo que hicieron. Y fue esta denuncia la que permitió desarticular toda la trama en la que están implicados 10 menores más", ha explicado la consellera. Hasta aquí los elogios de su comparecencia. Después ha llegado el resumen de fallos y errores que, aunque explicados por Martínez Bravo, ocurrieron bajo el mandato de la entonces consellera Violant Cervera (Junts), que no fue advertida del caso.

"Es cierto que todo fue lento y el caso no se acabó de afrontar hasta meses más tarde: fue en diciembre de 2021 cuando se activó el protocolo, más de un año después. Hay un retraso en la activación de protocolos", ha asegurado Martínez Bravo. Los abusos empezaron en mayo de 2020, cuando la menor aún no había cumplido los 13. Los adolescentes menores de 16 años no están capacitados para consentir una relación sexual, que se considera agresión, según la legislación española.

Centro más especializado

La segunda denuncia que consta en el caso –la que se recoge en el sumario– es de octubre de 2021. Semanas más tarde, en noviembre, se detuvo al pederasta. La niña siguió en la Cases d'Infants, aunque la consellera ha destacado que habría sido oportuno haberla derivado a otro lugar más especializado. "Al no reducirse los indicadores de riesgo grave, deberían haberse valorado opciones de tutela y medidas terapéuticas más intensivas y especializadas", ha asegurado.

También ha explicado que la niña siguió en el centro hasta que se escapó en 2023, cuando los servicios sociales se volvieron a poner en alerta. "No hubo actuación de emergencia para retornar a la menor al centro y en abril de 2023 se inició un estudio de desamparo", ha explicado la consellera. Al final esta petición terminó archivada y se optó por que volviera con su familia en mayo de ese mismo año. A requerimiento de la entonces menor, se dio luz verde a que finalmente se fuera a vivir con su novio de 25 años.

Como la DGAIA nunca llegó a tutelar formalmente a la niña, el Govern nunca tuvo información del caso porque era su padre (la madre falleció) el encargado de estar en la causa, no el Govern. La DGAIA no descubrió que detrás del caso de esta niña había toda una red de pederastia hasta que se reveló a la prensa. "Se desconocía el alcance de la red, no se ha tenido acceso al detalle de la investigación de Mossos", ha seguido Martínez Bravo.

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Labor de educadores

La consellera ha querido poner en valor la labor de los educadores que "se dejan la piel" en proteger a los menores y ha destacado que fue la escuela la que "con los instrumentos que tenía" supo detectar que algo no iba bien. "Pero, a pesar de su trabajo, está claro que el sistema no es suficiente y debemos mejorarlo", ha reconocido. En este sentido, ha apelado al apoyo de los grupos parlamentarios para, "entre todos, encontrar los recursos necesarios" que permitan estar a la altura de los retos que suponen los abusos a menores.

Aunque ha admitido "disfunciones", la consellera ha defendido que "no hubo un error concreto ni una solución fácil". "No hay una sola cosa que haya fallado, es un caso muy complejo. El sistema de protección de la infancia funcionó lo mejor posible con las herramientas de las que disponía", ha asegurado.

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En su intervención, la consellera ha recordado las mejoras previstas en la nueva DGPPIA, Dirección General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència, términologia que sustituye a la de DGAIA, y ha anunciado la creación de una comisión mixta formada por los Mossos d’Esquadra y la DGPPIA para prevenir casos de "depredadores" que amenacen a menores en situación de riesgo. También ha recordado que la policía recurrirá a la inteligencia artificial para detectar a pederastas que actúan en internet.