Administración de justicia
Más de la mitad de las poblaciones catalanas estrenarán en julio la nueva justicia de proximidad
Las nuevas oficinas, que sustituirán a los juzgados de paz, amplían sus atribuciones
Los jueces de paz podrán celebrar juicios por pequeños hurtos
Jueces de paz: ¿qué requisitos se necesitan? ¿Cuánto cobran?

Juzgado de paz de Sant Adrià del Besòs. | JORDI OTIX


J. G. Albalat
J. G. AlbalatRedactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Premio del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona a la Trayectoria en el Periodismo del Sector Legal 2023. Colaborador de publicaciones jurídicas. Ha ejercido de profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El próximo 1 de julio 561 de los 947 municipios de Catalunya (49 tienen juzgados ordinarios) estrenarán la nueva estructura de la justicia de paz. Se trata de la primera fase del plan diseñado por la Conselleria de Justícia para desplegar las oficinas de justicia en los municipios (OJM) y que sustituyen a los juzgados de paz, una institución históricamente arraigada en las poblaciones catalanas y que constituyen el primer eslabón de la Administración de Justicia y el más cercano a los ciudadanos. La Generalitat tiene prevista una inversión de 3,7 millones de euros para efectuar esa transformación. El president Salvador Illa y el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, han recibido este martes en el Palau de la Generalitat a los representantes de los jueces y juezas de paz de Catalunya y han glosado la importancia de esta figura para la convivencia.
La ley de eficiencia de la justicia, que entró en vigor el pasado 3 de abril, ha remodelado el sistema de justicia de paz con la creación de estas oficinas que se encargarán de una serie de servicios, como la práctica de declaraciones a través de videoconferencias en procesos judiciales y la expedición de certificados penales o del registro civil. Estos órganos también actuarán de apoyo a los jueces de paz que, con la citada normativa, han visto ampliadas sus competencias en demandas civiles y conciliaciones y abre la puerta, tal como informó EL PERIÓDICO, a la celebración de juicios por delitos leves, como pequeños hurtos. El único aspecto negativo es la supresión de las bodas, aunque el Ministerio de Justicia se ha comprometido a enmendarlo.
Tres fases
Los 561 municipios que entran en la primera fase de la nueva estructura de justicia de paz pertenecen a 33 partidos judiciales, como el de Puigcerdà, La Seu d’Urgell, Esplugues de Llobregat o Vilafranca del Penedès (cada partido judicial incluye varias localidades). Algunas de estas poblaciones están integradas en agrupaciones de oficinas judiciales que abarcan los servicios prestados en varias de ellas y cuentan con personal itinerante. En la actualidad, en Catalunya hay 74 agrupaciones y se están pendientes de crear otras 44, con la finalidad de que todos estos órganos tengan personal de la Administración de Justicia.
La segunda fase del despliegue de oficinas de justicia está prevista para el 1 de octubre y corresponde al partido judicial de Badalona, con municipios como Montgat y Sant Adrià del Besòs. El 31 de diciembre se hará la tercera fase, con partidos judiciales como Tortosa, Figueres, Terrassa y Mataró. El servicio que presta estas oficinas de justicia (cubren las labores en los municipios donde no hay juzgados ordinarios) abarca a 3,2 millones de personas en Catalunya, que corresponde al 40,4% de la población y al 92,3% del territorio. La Generalitat ha encargado una auditoría sobre las dependencias donde están estas oficinas y sus necesidades.
Tribunales de instancia
Estas tres fases previstas para la justicia de paz son las mismas que las planeadas para la instauración de los tribunales de instancia, unos órganos colegiados compuestos por varios magistrados y que sustituyen a los juzgados ordinarios unipersonales. El Gobierno de la Generalitat ya ha autorizado la ampliación presupuestaria de personal de estos órganos judiciales para las dos primeras fases, que asciende a 2,7 millones de euros. La estimación para el último periodo es de otros 708.000 euros.
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