Un juez de Tarragona investiga fallos en el control de residuos importados ilegalmente desde Italia

La exportación e importación de residuos no siempre sigue los cauces legales. El caso más llamativo que puso el foco sobre la falta de inspección acerca de este tipo de prácticas es la investigación por parte del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) y de un juzgado de Tarragona de una presunta red internacional dedicada al tráfico ilegal de residuos urbanos procedentes de Italia y que depositó 40.000 toneladas de basura al año en vertederos de Tarragona y Cuenca. La operación, bautizada como 'Rifiuti', se desarrolló también en Aragón y Castilla-La Mancha, donde también se trataban desechos trasladados desde Italia sin los controles necesarios. Las pesquisas apuntan a que el objetivo de la red era reducir los costes aprovechando las rendijas de la normativa ambiental.

El juzgado de Tarragona que instruye el caso sacó a la luz un presunto sistema fraudulento que permitía a empresas italianas derivar sus residuos urbanos a vertederos en España. En teoría, la importación de residuos está pensada para materiales industriales o residuos muy específicos, pero no para la basura municipal, que debe gestionarse cerca del lugar en el que se genera.

Entre 2020 y 2024, la ARC realizó 55 inspecciones a Griñó Ecològic y solo en una ocasión detectó irregularidades

Sin embargo, una red de empresas intermediarias presuntamente falseaban la documentación y simulaban tratamientos que nunca se llevaban a cabo. Esta maniobra permitía superar los controles y obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes, entre ellas la Agència de Residus de Catalunya (ARC), que, según las entidades ecologistas que han denunciado el caso, mostró una actitud de "pasividad", "trato de favor" y "falta de supervisión".

Entre las empresas investigadas figura Griñó Ecològic, un operador con sede en Lleida que gestiona plantas de tratamiento en Constantí y Riba-roja d’Ebre. La empresa Griñó, a través de un portavoz, ha expresado su voluntad de colaborar con la investigación y ha asegurado que siempre ha actuado "de acuerdo con la legalidad". Sin embargo, las plataformas ambientales IPCENA y GEPEC, que se han personado como acusación popular en la causa penal, denuncian que la ARC no detectó irregularidades pese a haber realizado 55 inspecciones entre 2020 y 2024 en las plantas de Constantí y Riba-roja.

Las pesquisas apuntan a que el objetivo de la red de tráfico ilegal de basura era reducir los costes aprovechando las rendijas de la normativa ambiental

La propia agencia reconoce que no tramitó ningún expediente sancionador respecto a esta última planta, operada por la mercantil Lestaca Projectos S.L., vinculada también a la trama. En el caso de Constantí, sí existe una sanción impuesta en 2020 por el traslado de 120.000 toneladas de residuos a Zaragoza sin la autorización correspondiente. La multa fue calificada como infracción "grave", aunque los ecologistas cuestionan tanto esa calificación como la reducción del importe (de 15.000 a 6.000 euros) aplicada por el entonces director de la agencia, Josep Maria Tost. En aquel momento, el Departament de Territori estaba liderado por Junts per Catalunya.

Entidades ambientales consideran que la "falta de control" sobre la exportación de residuos es constante y avisan de que casos como este son la punta del iceberg

Tanto IPCENA como el GEPEC consideran que la "falta de control" institucional sobre la exportación de residuos es constante y avisan de que casos como este son solamente la punta del iceberg. "No tiene sentido que no se detectara nada irregular durante años cuando ahora sabemos que miles de toneladas de residuos sin tratar llegaban directamente desde Italia", critica Joan Vázquez (IPCENA), en conversación con este diario. Para él, esta operación demuestra que las prácticas irregulares son sistemáticas a la hora de enviar y recibir residuos del extranjero.

Se calcula que desde 2021 se han depositado de manera ilegal más de 40.000 toneladas anuales de basura italiana en territorio español. Según la Guardia Civil, estos movimientos generaron unos ingresos ilícitos superiores a 19 millones de euros para la organización.

Suscríbete para seguir leyendo