Educadores sociales reclaman participar en la refundación de la DGAIA en una protesta ante el organismo

Medio centenar de trabajadores de los centros del sistema de protección de la antigua Direcció General d'Atenció a la Infància y la Adolescència (DGAIA) han protestado este martes en la sede de esta dirección general en la calle del Paral·lel de Barcelona, convocados por el sindicato CGT, el Colectivo de Educadoras de Catalunya (CEC) y el sindicato IAC. “Las graves situaciones que han salido a la luz no son casos aislados, sino el resultado de años de políticas de privatización, externalización y gestión mercantilista de la protección a la infancia”, ha lamentado Robert Morral, delegado sindical de Acción Social de la CGT. Asimismo, el colectivo ha reclamado formar parte del proceso de refundación del organismo.

Esta protesta se ha desarrollado frente a la sede de la DGAIA, ahora DGPPIA, dos semanas después de que la conselleria anunciara un cambio de nombre y funcionamiento del ente, le retirara funciones de contratación y le interpusiera más control en la gestión. Lo hizo después del escándalo de que una niña bajo la guarda del Govern fuera víctima de una red de pederastia y tras un informe de la Sindicatura de Comptes en el que se señalan irregularidades cometidas, y una investigación aún abierta de la Oficina Antifrau en la gestión de ayudas a jóvenes extutelados. Los dos sindicatos mayoritarios en el convenio de acción social, CCOO y UGT, no han participado de esta protesta.

Según estos educadores, no se trata de hechos aislados, sino que todo forma parte de una estructura basada en la subcontratación del 98% de los servicios públicos que presta la DGAIA. En su documento lamentan que, mientras los presupuestos para la DGAIA y los Servicios Sociales han aumentado en los últimos años, todo este dinero ha terminado en manos de entidades privadas que gestionan los centros y servicios. “No se ha abierto un solo centro de menores público desde hace 10 años, mientras que la red privada externalizada ha creado más de 250”, ha seguido Morral. Según sus cálculos, de hecho, los centros públicos de menores han caído de 22 a 11 en una década.

Sobrecarga

Desde el sindicato CGT reclaman que se contraten más educadores sociales y se quejan de la “sobrecarga” en su trabajo: mientras que el número de personas y niños atendidos no ha hecho más que crecer, cuestionan, no han aumentado los profesionales para cumplir las ratios. “Estamos desbordados, con cargas de trabajo inasumibles”, ha seguido Morral, quien ha señalado que hay muchos centros de menores donde, por contrato, deberían trabajar educadores sociales aunque su lugar es suplido por integradores, menos formados, incumpliendo así los contratos, las ratios y la forma de prestar el servicio.

Desde el CEC, César Hergueta y Mari Carmen M. Galván han expuesto una decena de incumplimientos de la conselleria a lo largo de estos años. Por ejemplo, la figura del delegado de prevención para la victimización de los niños en los centros de menores. “Han pasado 20 años desde que el Síndic de Greuges lo propuso, y 10 desde que el Govern se comprometió a hacerlo, y seguimos igual: nada”. También han pedido “protección efectiva” contra los niños que se escapan de los centros: una treintena desaparece más de dos noches fuera. Y en tercer lugar han reclamado más fiscalización a las entidades del tercer sector que gestionan estos centros y servicios. “Falta fiscalización y avaluación efectiva, no se puede delegar en entidades con irregularidades”, han lamentado.

Cambios en el proceso de desamparo

Por último, tanto el sindicato como el CEC han reclamado que los trabajadores puedan formar parte del proceso de debate que ya ha iniciado la DGAIA para aplicar mejoras en los centros y en el cambio de procedimiento del desamparo de menores. “La conselleria está volviendo a confiar en las empresas privadas que, lejos de ser la solución, son parte del problema”, han indicado.

A esta protesta también se han unido una asociación de madres cuyos hijos están dentro del sistema de protección, liderados por la asociación Sindillar. Estas mujeres han reclamado que se devuelvan los niños bajo tutela de la administración a sus familias, que se cierren los centros de menores, se anulen las sentencias y se cierren todos los expedientes de desamparo. “Cierren el negocio y pongan las infancias en el centro”, han reclamado. Estas madres también protestarán ante la sede de la DGAIA el próximo 12 de junio. Precisamente este miércoles la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, comparece ante el Parlament para explicar los detalles de la refundación de la DGAIA.