Catalunya vende cada año dos millones de toneladas de basura al extranjero

Durante varios años, una planta de tratamiento de Tarragona recibió de forma continuada cargamentos de residuos industriales procedentes de Italia. En este caso, se trataba de una presunta mafia dedicada al tráfico ilegal de desechos. Sin embargo, gestionar residuos que se han generado en el extranjero no es una práctica aislada: cada vez más instalaciones españolas tratan desechos producidos por en otros países.

¿Significa este hecho que España se está convirtiendo en el vertedero de Europa? No, puesto que no solo se importan residuos sino que también se exportan, en ocasiones, a estados con normativas más laxas o menor presión ambiental. Según datos de la Generalitat a los que ha accedido EL PERIÓDICO, Catalunya importa y exporta cada año aproximadamente unos 2 millones de toneladas de residuos. El aumento del comercio de residuos arroja varias preguntas. ¿Qué tipo de desechos se quedan dentro de las fronteras y cuáles se venden al exterior? ¿Qué impacto ambiental causa esta red global que transforma la basura en mercancía? ¿Hay suficiente transparencia sobre estas transacciones reguladas?

Difícil trazabilidad

Los residuos más exportados suelen ser industriales: restos metálicos y vidrio, por ejemplo. De todas formas, también se destinan a otros países residuos municipales como el plástico y el cartón, pese a que, según la directiva europea, debería ser prioritario que se gestionaran en el mismo lugar (o como mínimo, cerca) en el que se generan.

El problema es que los datos son incompletos y no se detallan en el balance anual de residuos en Catalunya, que se centra en los desechos municipales gestionados dentro de la comunidad autónoma. Por tanto, a día de hoy, es muy difícil seguir la trazabilidad de los residuos y saber exactamente cuántos de cada tipo se exportan y se importan, y a qué lugar son destinados.

Exportar riqueza

El director de la Agència de Residus de Catalunya (ARC), Albert Planell, defiende que este intercambio de residuos es positivo si se realiza dentro de los cauces legales. “Estamos exportando riqueza, si se reciclan bien en otro lugar, no hay problema, lo importante es no perder el control de adónde van”, explica.

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“Si pretendemos tener una economía circular real, lo ideal sería tratar los residuos cerca de donde se generan, pero no siempre se puede hacer”, argumenta Planell. Pone como ejemplo el compostaje, que puede realizarse a pequeña escala, frente a la biometanización o la recuperación de metales de dispositivos electrónicos, que requieren plantas de gran tamaño y volúmenes importantes. “No podemos tener una planta de 100.000 toneladas en cada comarca”, añade.

En su opinión, si queremos fabricar nuevos productos a partir de dispositivos electrónicos, es necesario tener grandes volúmenes de este tipo de residuos. "Lo mismo sucede con las empresas que se dedican a la fundición: requieren una cantidad importante de materiales y una opción es importarlos en forma de residuos", considera. "La gran mayoría de los residuos que vienen son "recursos" que aportan a la industria catalana.

Las entidades ambientales, sin embargo, no comparten esta posición. Joan Pons, experto en residuos de Ecologistas en Acción, pone en duda las cifras oficiales: “No nos cuadran los dos millones que salen y los dos que entran. Cuando sale el informe anual, no se incluye esto”. Desde su organización reclaman más transparencia y controles públicos. “La idea europea es que los residuos municipales se traten al lado de casa, pero aquí circulan porque hay competencia entre vertederos, y se busca el más barato", sostiene. "Aunque sea legal, la huella ecológica del transporte es brutal”, advierte.

Por carretera

Uno de los problemas señalados por los ecologistas es que buena parte de los residuos viajan por carretera, en lugar de emplear trenes, lo que eleva el impacto ambiental. Y, en algunos casos, lo que no se puede aprovechar acaba en vertederos fuera de Catalunya. “Nos tendríamos que comer aquí los residuos que generamos”, resume Pons. En su opinión, la trazabilidad no está garantizada: “No sabemos qué pasa con los residuos una vez cruzan la frontera. El caso Griñó [empresa investigada por presuntas malas prácticas en Tarragona] muestra cómo un permiso puede usarse para llevar un tipo de residuo y acabar transportando otro distinto”.

Joan Vázquez, miembro de IPCENA (Institució de Ponent per la Conservació i l'Estudi de l'Entorn Natural), comparte esa preocupación. “Cuanto menos se muevan los residuos, mejor”, defiende, citando la directiva europea de 2018 que establece los principios de proximidad y autosuficiencia. “El tráfico (legal o ilegal) de residuos se trata del cuarto negocio más grande del mundo y hay que tener en cuenta que, cuando los residuos se mueven del lugar en el que se generan, existe el riesgo de que entren en un limbo descontrolado", alerta.

El actual sistema, según su punto de vista, favorece el fraude y dificulta la fiscalización: “La Agència de Residus tiene un jefe de inspección, pero sus inspectores no son agentes de la autoridad porque lo tienen externalizado a otra empresa".

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Un ejemplo a pequeña escala de esta exportación es lo que sucede en Andorra. La comarca de la Cerdanya, una de las que peor separa los residuos en Catalunya, mantiene un convenio con el Gobierno andorrano para abastecer con sus residuos la incineradora del país pirenaico. “Sin este acuerdo, la incineradora sería inviable”, afirma Vázquez. Este tipo de tratados son legales, pero plantean dudas sobre su encaje con el objetivo de tratar los residuos en origen y reducir su transporte.

El propio Planell reconoce que “hay cosas que se pueden hacer mal”, pero insiste en que los movimientos están regulados y que el control fronterizo recae en otras administraciones. La vigilancia de casos ilegales corresponde a la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y las aduanas.

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