Exresponsables de la DGAIA admiten que faltaron recursos para acoger a menores migrantes: "Afrontamos una crisis humanitaria con miserias"

"Los presidents Torra y Puigdemont avalaron la decisión política de acoger a todos los menores en Catalunya, pero tuvimos que gestionar esta crisis humanitaria como pudimos, con miserias: nos gusta ser solidarios, asumir retos, pero luego lo hacemos sin infraestructura ni recursos y con todos los déficits", ha esgrimido este miércoles en comisión parlamentaria Josep Ginesta, el que fue secretario general de Afers Socials desde enero de 2016 a noviembre de 2020. Igual que él, otros cuatro altos cargos de la conselleria nombrados por ERC durante los gobiernos de Puigdemont y Torra han defendido su gestión, insistiendo en que las deficiencias en la contratación detectadas por la Sindicatura de Comptes son "incidencias administrativas, no irregularidades", en palabras de Ginesta. El informe de la Síndica, Maria Àngels Cabacés, les acusa de subcontratar 292 centros de menores tutelados por valor de 114,6 millones de euros a través del procedimiento de emergencia y con prórrogas extinguidas "sin amparo legal ni documental" de 2016 a 2020.

El informe de la Sindicatura señala que durante aquella época el Govern abusó de los contratos de emergencia para abrir centros de menores, mientras que en muchos otros centros los contratos se extinguían y seguían prestando servicio. Según la Síndica, se trató de una forma de proceder "sin amparo legal ni documental". Según los altos cargos de ERC, fue la única alternativa que encontraron ante la llegada de más de 8.000 menores que debían acoger y las dificultades de gestión durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En 2016, 2017 y 2018, centenares de menores terminaron durmiendo en la Fiscalía de Menores o en las comisarías de los Mossos por falta de plazas en el sistema de protección. Los presupuestos estaban prorrogados. "No podíamos usar otra fórmula que la de emergencia, si hubiéramos usado la contratación de urgencia habríamos tardado, como mínimo, seis meses. Nuestra obligación legal, ética y moral era que debíamos dar respuesta y que los menores entraran en el sistema de protección", ha explicado el exconseller Chakir El Homrani.

Ricard Calvo se defiende

El primero en comparecer este miércoles, que lo ha hecho solo, ha sido el exdirector de la DGAIA, Ricard Calvo, ahora subdirector de Plataforma Educativa, una de las entidades bajo el foco. Calvo ha insinuado que antes de su llegada, en 2015, los contratos de la DGAIA con los centros de menores no se hacían a través de la ley de contratación pública. "Nosotros mejoramos la transparencia y la igualdad de oportunidad de los concursos públicos, que a partir de entonces se publicitaron y fueron de libre concurrencia, a diferencia de como se hacía en 2015", ha explicado. También ha apuntado a que en aquel momento, tras los recortes, el sistema de protección ya estaba el límite, con lo que los primeros menores migrantes que llegaron aquel año, en 2016, el doble en número que el ejercicio anterior, se acogieron en los centros ya existentes, sobreocupando las plazas.

Sin embargo, la mayoría de su exposición se ha centrado en defender su actuación. Calvo salió del conglomerado de entidades sociales dedicadas a la infancia cuando fue director general. Después regresó a estas fundaciones. La propia conselleria y un juzgado de Barcelona lo investigaron durante dos años para determinar si había cometido algún delito. La causa terminó archivada en 2019. "No he obtenido ningún beneficio personal, al revés, se ha hecho un juicio mediático sobre mi persona con importantes costes personales y profesionales", ha denunciado Calvo.

Acogida sin capacidad

Ginesta, quien precisamente hizo dimitir a Calvo, ha explicado que en los años siguientes la llegada de menores migrantes siguió disparada. "Son circunstancias excepcionales. La capacidad de atender a menores la superábamos cada año multiplicando por tres la capacidad ordinaria de Catalunya", ha añadido. Ha asegurado también que la DGAIA no estaba preparada para aquello. "No teníamos presupuesto para tramitar de forma rápida las contrataciones. El departament había sufrido recortes y estaba infradotado", ha añadido.

Tanto Ginesta como El Homrani han recordado la presión social, pero también judicial, para que acogieran lo antes posible y con las mejores garantías. La Fiscalía de Menores emitió una orden para que los menores no estuvieran más de dos horas en la ciudad de la justicia y se abrieron diligencias de Mossos y Fiscalía para determinar si la Generalitat cometía irregularidades al no atender inmediatamente a los niños. "Solo podíamos responder con contratos de emergencia", ha afirmado Ginesta, quien ha insistido que el instrumento que usaron era el adecuado para aquel momento.

El 155 y el encontronazo con Junts

Después llegó la aplicación del artículo 155. "La ministra no firmó ni un documento, mientras los contratos se extinguían y las entidades seguían prestando el servicio", ha sentenciado El Homrani respecto a Dolors Montserrat (PP), que en aquel momento era responsable de la gestión de derechos sociales. Según estos altos cargos, esta nula gestión generó todas las prórrogas que no se pudieron renovar, porque Montserrat no lo hizo. Con el nuevo conseller El Homrani, se avalaron más de 820 millones de euros en prórrogas que no se habían pagado, 700 de los cuales pertenecían a la DGAIA. "Lo avaló el president Torra, el gabinete jurídico, la oficina de Govern, la intervención general... Todo el mundo", ha seguido Ginesta.

De hecho, la comparecencia ha tenido un enfrentamiento entre la diputada de Junts, Ennatu Domingo, y los comparecientes, porque les ha reprochado que no actuasen siguiendo la legislación. "Me duele que los compañeros de Govern, que saben las circunstancias en las que nos encontramos, nos hablen así porque conocen las circunstancias en las que estábamos y cómo afrontamos esta crisis: Puigdemont avaló que usáramos el procedimiento de emergencia, lo aprobó el Govern de la Generalitat", ha respondido Ginesta. "Nosotros hacemos oposición y queremos llegar hasta el fondo de la cuestión", ha respondido Domingo.

Defensa de la gestión

El Homrani, que fue conseller después del 155, ha explicado que cada noche recibía un mensaje de cuántos menores pernoctaban en comisaria. "Y logramos que no hubiera ni uno", ha asegurado. También ha intervenido el exsecretario general de la conselleria de Drets Socials, Oriol Amorós, de 2022 a 2024, quien durante la época de El Homrani fue secretario de migraciones. "Me siento orgulloso de haber formado parte de un Govern que acogió, que usó contratos de emergencia para acabar con el sinhogarismo juvenil, que apostó para que los jóvenes que cumplían 18 años siguieran en el sistema de protección y no les dejáramos en la calle", ha dicho Amorós. Lo cierto es que muchos jóvenes quedaron en la calle al cumplir la mayoría de edad, durante el mandato de El Homrani. Amorós ha sido sin duda el más crítico de la comparecencia, que ha llegado a afirmar que la Síndica Cabacés "no se leyó las alegaciones" que presentó su Govern.

Los altos mandos de ERC han asegurado que, a la vez que estaban al frente de esta emergencia, intentaban cambiar el modelo de funcionamiento de la DGAIA. Y aseguran, además, que lo consiguieron. En tiempo récord, según su visión, cambiaron la forma de contratar, que dejó atrás los contratos y pasó a hacerse con conciertos. Ahora solo las entidades sociales que se han acreditado como tales pueden prestar un servicio a la DGAIA, y lo hacen sin competir por el precio.

La CUP y Comuns les han reprochado que hayan seguido externalizando centros de la DGAIA y no hayan optado por el modelo público, mientras que los socialistas han insistido en que lo importante es mirar al futuro, sacando pecho del nuevo plan para la DGAIA que ha presentado esta semana la consellera Martínez Bravo. Sin embargo, han advertido de que esta situación que vivieron se puede volver a repetir, si las llegadas de menores se multiplican o si el Parlament sigue sin aprobar nuevas cuentas.