Trabajadores de la DGAIA, ante la reforma del organismo: "No se fiscaliza la gestión"

Guías de calidad, programas, leyes, decretos, proyectos... Existen hasta ocho medidas que en las últimas décadas la Generalitat debería haber aplicado en los centros donde residen los niños tutelados por el Govern, pero que han terminado en nada, según el Col·lectiu d'Educadors de Catalunya (CEC), grupo que representa a 346 profesionales de los centros públicos de la Generalitat. "El aumento de recursos externalizados y de menores tutelados no ha venido acompañada de un aumento de profesionales públicos para poder fiscalizar la gestión y los servicios", estallan estos trabajadores. Precisamente este lunes la conselleria presenta su proyecto de reforma de la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) ante los medios.

"La reforma exprés del sistema nos hace temer lo peor. Aún no sabemos si el sistema actual es válido porque ni tenemos los recursos ni se implementa la normativa", lamenta este colectivo en una carta que han hecho llegar a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo; al secretario general Raúl Moreno, y a la Sindicatura de Greuges. Por ejemplo, la guía de Estándares de Calidad en Atención Residencial (EQUAR), de 2012, indicaba que los centros de menores no deberían superar las 12 plazas. "En Girona, en un mismo edificio, residen 100 menores", cuestionan los educadores. El programa marco de la DGAIA y la Cartera de Servicios Sociales marcan unas ratios de personal de un educador social por cada cinco menores, como mínimo. Según este colectivo, no se cumplen. "Tanto la DGAIA como las fundaciones del Tercer Sector contratan integradores sociales u otros perfiles profesionales en plazas fijas".

Promesas que no se aplican

Según estos trabajadores, tampoco se han constituido los consejos de participación de los centros, donde los niños y sus familias deberían poder intervenir. Igualmente obsoleta ha quedado la figura del responsable de proteger a los menores ante abusos y violencia sexual que el Govern anunció cuando estalló el caso Trinity, en el que menores tutelados fueron víctimas de pornografía infantil. Por su parte, dicen estos profesionales, el programa de colaboración T-27 entre los Centros de Salud Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) y los centros de menores se cumple parcialmente en función de cada centro.

Aparte de los incumplimientos, el colectivo de educadores señala otro de los grandes problemas de la DGAIA: la falta de recursos. Los déficits ya se acusan en los Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA), encargados de analizar los casos de maltrato infantil y proponer las medidas de protección. "Van desbordados con cargas de trabajo que no pueden asumir: deberían ver a los niños de los centros como mínimo una vez cada seis meses, pero la realidad es que hay EAIAs que hace más de dos años que no ven a los niños".

Sin plazas suficientes ni fiscalización

Asimismo, los educadores también denuncian la sobreocupación de los centros: es decir, cuando hay más niños que plazas. "Es un problema crónico que arrastramos desde hace nueve años con diferentes promesas de la DGAIA". Los profesionales lamentan que estas sobreocupaciones no comportan un aumento de las plantillas. Afirman que hay bebés en los centros (los menores de seis años se han duplicado en la DGAIA) por falta de incentivos a las familas de acogida. "Los centros son un 'cul de sac, y eso no ayuda al desarrollo de los niños'", dicen.

Además, piden que los centros sean públicos para evitar la precarización de la plantilla y las puertas giratorias de los gestores de los centros subcontratados. También instan a que, si se sigue subcontratando este servicio público a entidades privadas y fundaciones (que gestionan el 90% de los centros), se contrate a profesionales que fiscalicen la gestión y los servicios. También denuncian que el programa informático de la DGAIA está obsoleto y que los educadores sufren agresiones constantes.

Con todo este análisis, en una carta de cinco páginas, este colectivo reclama que se tenga en cuenta el conocimiento de los profesionales a la hora de refundar el ente. "No nos creemos en la voluntad de cambio si esta no va acompañada de que nuestro colectivo participe y que se consulte sistemáticamente a todos los centros para conocer la detección detallada de las necesidades", sigue la carta. No son los únicos críticos. "Es muy grave la dejadez de funciones y obligaciones de la DGAIA desde hace años, y me sabe muy mal que sólo se reaccione ante un caso tan grave. Hace años que todos los Gobiernos tenían conocimiento de que las cosas no iban bien y no han hecho nada para cambiarlo", se queja Albert Parés, abogado defensor de decenas de menores tutelados a lo largo de los años en Catalunya.

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