El Govern refunda la DGAIA: extrema su control y la deja sin capacidad para contratar ni otorgar ayudas

El Govern desmonta la estructura de la DGAIA, que cambia de nombre y pasa a llamarse Direcció General de Protecció i Prevenció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA), y crea una nueva dirección general encargada de proteger a niños y adolescentes desamparados y víctimas de maltrato en Catalunya, que hoy tiene a 8.800 menores bajo su responsabilidad y otros 10.700 bajo su radar. El plan de refundación que ha presentado este lunes la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, incluye dos unidades externas para fiscalizar esta nueva dirección general, le retira la potestad de contratar nuevas plazas y de otorgar prestaciones económicas, y divide esta dirección general en dos: una enfocada en la labor de la prevención y otra centrada en la protección de los que tiene bajo su tutela. El proyecto del Govern, sin embargo, no tiene presupuesto. "Destinaremos todos los recursos que necesitemos", se ha comprometido la consellera, que ha anunciado un giro del modelo enfocado en la prevención del desamparo parental, más allá de la asunción de tutelas. "Hasta ahora se han volcado en el día a día y no se ha dimensionado", ha asegurado Bravo.

"No es una impugnación al trabajo realizado: el sistema funciona y hace una labor inmensa para prevenir y proteger los derechos de los menores, pero el modelo arrastra deficiencias estructurales que hacen necesario abrir una nueva etapa para ser más efectivos y dignificar el trabajo", ha dicho la consellera. Martínez Bravo ha admitido que este proceso de reflexión se ha basado en los planes del Govern Aragonès que quedaron en un cajón, a la vez que se ha acelerado a raíz del caso de la red de pederastas que explotó y agredió sexualmente a una menor de 12 y 13 años bajo guarda de la Generalitat. Más allá de eso, también pesaban dudas sobre la DGAIA por el informe de la Sindicatura de Comptes que detectó irregularidades en la gestión y por la investigación de la Oficina Antifrau sobre prestaciones a los extutelados que gestionan dos fundaciones del tercer sector. Este plan se hará efectivo el próximo 3 de junio en un decreto que aprobará el Ejecutivo catalán.

Enviar auditorías

Así, la nueva Direcció General de Protecció i Prevenció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) tendrá dos organizaciones que la fiscalizarán: la Oficina de Control de Gestión y la Unidad de Seguimiento de Incidencias y Revisión de Protocolos. "Estas unidades diagnosticarán el riesgo de opacidad, el conflicto de intereses, el códico ético y el régimen de incompatibilidades. También exigiremos auditorías y transparencia salarial, y contaremos con un canal de denuncia y protección en el que podrán intervenir los menores por posibles incidencias", ha explicado la consellera. De hecho, este lunes ya han notificado a todas las entidades subcontratadas por la antigua DGAIA que deben enviar la auditoría de completa de sus cuentas del año pasado. Es una obligación que deben hacer los casi 600 centros externalizados, aunque Martínez Bravo no ha detallado cuántos aún no han realizado este trámite.

Para poner aún más coto a la gestión de las subcontratas, esta dirección general dejará de contratar nuevas plazas y tampoco podrá otorgar prestaciones económicas. Estas funciones las asumirán la Dirección General de Provisión de Servicios y la Dirección General de Prestaciones Sociales de la misma conselleria, que contratarán a 15 personas más. El caso es que los últimos 10 años, se han cuadruplicado los centros de menores. Precisamente, un informe de la Sindicatura de Comptes desveló que el Govern había gastado más de 100 millones en contratos 'a dedo' y sin amparo legal en centros de menores de 2016 a 2020. Hasta ahora, las prestaciones económicas a los extutelados se gestionaban con la ayuda de dos entidades privadas, Resilis y Mercè Fontanilles, cuyo contrato ahora desaparece. Precisamente sobre ellos la Oficina Antifrau ha abierto una investigación sobre presuntas irregularidades. "Se han externalizado funciones clave", ha dicho la consellera.

Mejorar el modelo de desamparo

La nueva estructura divide el ente en dos subdirecciones. En la primera, dedicada a la prevención, pivotarán tanto el servicio de coordinación de las 'Barnahus', especializadas en el abordaje de la violencia sexual infantil en Catalunya, como la Unidad de Atención a los niños inimputables, menores de 14 años que han cometido delitos. Quienes se seguirán encargando de esta red de prevención son los 54 Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia, que aumentaran su plantilla un 40% con la incorporación de 242 profesionales en dos años. Las denuncias de falta de medios son ya habituales. La consellera ha admitido que van sobrepasados al llevar más de 40 expedientes por trabajador. "Un desamparo es un fracaso colectivo de las administraciones por no haber ofrecido a las familias el apoyo necesario", ha dicho la consellera.

Asimismo, la conselleria también ha iniciado estudios para cambiar el modelo de desamparo. "En los próximos dos meses reformaremos el proceso de desamparo para mejorar las garantías legales de los menores en el proceso", ha expuesto la consellera, que cuenta con el apoyo de técnicos, expertos, colegio de abogados y la justicia.

Aumento del 70% en la última década

Por otra parte, la segunda subdirección general se dedicará a la protección de los 8.800 menores que están bajo la tutela del Govern viviendo en centros y en familias de acogida. "Los desamparos deben ser una última solución pensada para el retorno", ha avanzado la consellera. Esta subdirección pilotará la Unidad de Atención y Urgencias al Maltrato (UDEPMI), la cual abre cada mes entre 200 y 300 expedientes nuevos por situaciones de emergencia; el servicio especializado para los niños migrantes solos que hoy suponen la mitad de los niños acogidos en los centros de protección, y el recurso de apoyo a los menores extutelados, que se encarga del seguimiento de 5.000 jóvenes desamparados que ya han cumplido la mayoría de edad.

Los datos aportados hoy por la conselleria muestran cómo los niños, adolescentes y jóvenes en el sistema de protección han aumentado un 70% en la última década, pasando de los 8.533 en 2016 a los 14.668 actuales. De estos, la mitad son jóvenes que ya han cumplido la mayoría de edad. "El sistema ha aumentado en número y en complejidad, pero la estructura no se ha dimensionado suficiente", en palabras de Bravo.

La consellera también ha insistido en que se proponen redoblar esfuerzos para detectar depredadores digitales. En este sentido, ha anunciado un nuevo programa con los Mossos d'Esquadra en el que, a través de herramientas tecnológicas y el uso de la inteligencia artificial, se trará de llegar a los agresores, pero, sobre todo, trabajará para que los menores puedan acceder más fácilmente a los canales de denuncia de ayuda efectiva. También Martínez Bravo ha hablado de una línia específica con la conselleria de Salut sobre la mejora de la asistencia de la salud mental de estos niños y adolescentes.