Entidades y educadores piden presupuesto para la reforma de la DGAIA: "Sin dinero, el plan está cojo"

El plan de refundación de la DGAIA que ha presentado este lunes la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha sido recibido con cierto entusiasmo entre las entidades sociales y con más cautela entre los trabajadores del sector. A todos les pesa el hecho de que no haya presupuesto adjudicado. Algunos, especialmente las entidades, quieren confiar de que las promesas de las consellera se harán realidad. Otros son más cautelosos. "Hace años que nos prometen mejoras y todo sigue igual o peor. Es otro movimiento estético hasta que no nos vengan con cifras concretas", lamentan representantes de los trabajadores, quienes cuestionan que el modelo externalizado sigue igual que antes.

Antes de presentarlo oficialmente ante la prensa, la consellera de Drets Socials y los altos cargos del Departament se han reunido con miembros del Col·legi d'Educadors Socials, el de Psicòlegs y el de Treball Social, así como con las principales entidades sociales del país con el objetivo de explicarles el proyecto. Estos representantes, además del Col·legi d'Advocats, serán los encargados de formar grupos de trabajo para culminar el proyecto de reforma. "De entrada la música suena bien, pero no vemos un calendario ni tampoco presupuesto. Y, sin presupuesto, la reforma queda coja", afirma Marta Fité, miembro de la junta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials (CEESC).

"Hay reformas estructurales, hay una transformación. Se revisarán protocolos, habrá más control y supervisión y, sobre todo, se abre el foco en la prevención. Es una buena noticia", añade Fité. "Sin embargo, no sabemos cómo lo harán para aplicarlo", apunta la educadora. "Cualquier persona que lidera tiene el derecho y la responsabilidad de organizar el sistema de protección, y las medidas nos parecen bien planteadas. Vemos reconocimiento de nuestra labor, nos gusta", afirma Pilar Nuñez, de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (FEDAIA).

Entidades gestoras

La FEDAIA juega un papel esencial dentro del sistema de protección, ya que representa las entidades, fundaciones o cooperativas que gestionan más del 90% de los servicios. Las medidas que ha anunciado la consellera, que implican un mayor control y transparencia en estos centros externalizados, y que quitan poder a los responsables del sistema de protección para contratarlos, siembran una duda en el tipo de gestión. "No lo hemos vivido como una desvalorización, sino que debemos mostrar que hacemos un buen trabajo, nos parece correcto, mientas se entienda que formamos parte del sistema y haya una relación de confianza", añade. Este lunes, Martínez Bravo ha recordado a todos los centros que deben enviarles la auditoría de cuentas del año pasado. La propia Núñez asume que, aunque es obligatorio, hay una parte importante de los centros que no lo hacen. "Este trabajo no es fácil", asume.

En cambio, los representantes de los trabajadores son mucho más críticos con la reforma. "Lo veo como un lavado de imagen, han cambiado el nombre a la DGAIA para salir del foco mediático pero yo que llevo 32 años en este sector y estoy muy acostumbrado a ver propuestas de cambio que acaban en nada", se queja Antonio Gutiérrez, referente de la UGT de los centros externalizados de la DGAIA. "Es un plan de buenas intenciones, pero para aplicarlo de verdad hay que poner dinero encima de la mesa", se queja.

"Seguimos con las externalizaciones y las subcontrataciones, continuamos con el mismo modelo y sin concretar nada", resume Rubén Mora, portavoz del colectivo. Echan de menos medidas sobre la atención de salud mental de los menores –ámbito en el que no se llegan a 200 plazas de atención especializada y en el que hay largas listas de espera– y cambios en las ratios de los profesionales en los centros de menores. "El presente es un sistema en quiebra que maltrata institucionalmente a los menores, que están doblemente desamparados, y en ese sentido no ha dicho nada", se queja Gutiérrez.

Financiación

Como mínimo, la brecha salarial mensual entre los trabajadores de los centros concertados y los públicos es de 700 euros al mes. La consellera ha anunciado una equiparación salarial, y una mejora de la calidad en los centros, pero supedita sus resultados al proceso del grupo de expertos, el cual debería culminar a finales de verano aunque todavía no tiene ni calendario. La mejora de las condiciones salariales la reclaman también los colegios profesionales y las plataformas de trabajadores de la DGAIA en tanto que favorece la alta rotación de los equipos profesionales y dificulta el vínculo de los menores con el sistema.

Una clave del modelo financiación son las cantidades económicas que el Govern paga por las plazas de estos centros. Este lunes la FEDAIA ha vuelto a pedir un aumento de las tarifas a la consellera, aunque los sindicatos señalan que hay que controlar estos fondos porque, dicen, no siempre llegan al bolsillo de los profesionales. La Taula d'Entitats del Tercer Sector también ha hecho un comunicado en el que tilda la propuesta de "necesaria y ambiciosa". No obstante, el director de la Confederació del Tercer Sector, Jordi Roman, reclama "recursos necesarios" para que profesionales y entidades puedan hacer efectiva esta reforma.