Cincuenta familias con hijos tutelados por la DGAIA se reúnen para reclamar su vuelta a casa

Unas cincuenta familias que han perdido la tutela de sus hijos y que ahora están bajo la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) en centros de menores o en familias de acogida, se han reunido este sábado en el centro cultural de dones Francesca Boneimason, un centro de la Diputació de Barcelona, para estudiar posibles fórmulas colectivas de reclamar la vuelta de sus hijos en casa. Esta asamblea, donde la prensa no ha podido entrar, ha sido convocada por la asociación Sindillar, que agrupa mujeres, mayoritariamente migrantes, que trabajan en tareas domésticas y del hogar. En Catalunya, la decisión de retirar la custodia parental la justifican los 57 Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) de los servicios sociales municipales que deben acreditar el maltrato del que son víctimas los menores, aunque la última palabra siempre la tiene la DGAIA.

Hace dos semanas que la DGAIA se encuentra en el punto de mira en Catalunya desde que estalló el caso Damocles, también bautizado como el 'Pelicot catalán'. La fiscalía pide 107 años de cárcel para un electricista del Raval que lideró y gobernó una red de pederastas compuesta por al menos 15 hombres más de entre 19 y 50 años que abusaron de una decena de menores, entre ellas una niña bajo la guarda del govern. Los abusos a esta menor empezaron un año antes de entrar en el sistema de protección de menores a los 12 años, y persistieron durante al menos cuatro meses más hasta que la menor lo verbalizó a sus educadores e interpuso la denuncia que permitió abrir esta investigación.

A raíz de este caso, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, responsable del sistema de protección de menores del Govern, anunció una transformación de la DGAIA. "Si el señor Illa quiere refundar la DGAIA, que devuelva a todos los niños arrebatados injustamente sólo por el hecho de que sus madres son trabajadoras, pobres e inmigrantes", ha dicho este sábado Norma Falconi, portavoz de la asociación Sindillar. En un acto a puerta cerrada, 50 familias venidas de diferentes lugares de Catalunya han estudiado acciones a tener en cuenta para lograr el retorno de sus hijos. "La quita de custodias se basa en un sistema de creencias injustas: a las madres que trabajan muchas horas o que no pueden mantener su vivienda les arrebatan a sus hijos sin ningún indicio subjetivo de maltrato. No lo acredita ningún juez", se ha quejado Falconi a la puerta del encuentro donde ha explicado que un juez ha dado la razón a al menos tres familias de este encuentro pero como el Govern ha recurrido la decisión deben apelar a un tribunal de mayor instancia para recuperar la custodia. "Hay familias que no se lo pueden permitir", añade.

Los EAIA son equipos profesionales compuestos por trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y pedagogos que deben motivar con informes el maltrato que han detectado en los hogares y justificar las medidas de protección a los menores que consideren. Unos informes que no son públicos, y que después los Equipos Funcionales de Infancia (EFI) del Govern deben ratificar. Es decir, las decisiones no las toma ningún juez, como también piden algunos abogados. Estos equipos denuncian que les falta personal, que van saturados, pero explican que los criterios que emplean para justificar las retiradas de los menores están expuestos en un listado de criterios públicos y donde no figura la pobreza. Sí que explican que han detectado casos de familias monomarentales, especialmente trabajadoras internas del hogar, que deben dejar sus hijos con desconocidos mientras trabajan y que allí se producen abusos, o de familias con muy pocos recursos que se ven obligados a alquilar habitaciones con otras personas que sí ejercen malos tratos.