Silvia Giménez-Salinas, decana emérita del Col·legi de l'Advocacia: "Las retiradas de tutela en Catalunya no tienen garantías legales"

Silvia Giménez-Salinas, decana emérita del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), lleva más de 30 años de experiencia trabajando en el ámbito de las familias y la infancia, litigando también contra las decisiones de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). La última petición que le ha llegado, la de un niño tutelado: "Ayúdame a volver con mi madre", le implora. Salinas opina que la DGAIA actúa sin garantías legales y sostiene que la revisión del sistema debe pasar porque las retiradas de custodia las decida un juez.

¿Qué opina de la DGAIA? La gente no es consciente del sistema de protección a la infancia que tenemos. Aquí la Administración tiene el poder de separar a menores de su familia con independencia del poder judicial, una decisión muy grave para el menor.

Usted que presidió el colegio de abogados en Europa, ¿hay otros países que lo hagan igual? No, no ocurre en ningún otro lugar. En Francia, el sistema judicial de menores tiene dos vertientes; la penal, para menores infractores, y la de protección, para menores vulnerables. En Alemania, el juzgado de familia es quien ordena la declaración de desamparo. En España, los padres tienen dos meses para recurrir ante un juez la decisión de la Administración, pero la respuesta puede tardar dos años en llegar.  El sistema no garantiza los derechos de los niños; son objeto de protección pero no de derecho.

"En ningún lugar de Europa pasa como lo que sucede en España que es la Administración, y no jueces, los que deciden sobre tutelas y custodias"

¿Por qué? Desde que se inicia el procedimiento de desamparo, los progenitores deben ser conscientes de que se están jugando la separación del niño, no se les acompaña. No hay un aviso, no pueden probar que quieren al niño, que hay un vínculo de apego. Las crianzas no son perfectas, pero según datos de la Sindicatura de Greuges, el 33% de las retiradas de custodias son por negligencia y el 1%, por abusos sexuales. En la mayoría de casos, pues, es mejor apoyar la protección de la familia y que el niño se quede en el núcleo familiar.

"Para cambiar y refundar la DGAIA hay que ir al Congreso a cambiar la ley de 1996 y que el desamparo deje de ser una decisión administrativa"

Hace muchos años que los abogados reclaman que los menores tutelados tengan abogados automáticamente. El proceso administrativo del desamparo no tiene asistencia letrada ni para los progenitores ni para los menores. No tienen derecho de acceso aunque la Constitución sí lo ampara. Los niños ven a los padres como los culpables, interpretan que están en un centro por ellos, ahí se rompen sus vínculos emocionales y se vuelven vulnerables a cualquier red que les preste atención, como ha ocurrido con la niña de 12 años violada y abusada bajo guarda de la DGAIA. ¿No es mejor destinar el tiempo y los recursos a ayudar a los padres y que los niños puedan estar con su familia?

¿No se deberían retirar custodias? Debe ser el último recurso, provisional y cautelar o para los casos más graves. Dos meses en un centro es soportable, dos años no. Según los datos de la Sindicatura de Greuges, en los últimos 20 años, entre el 7% y el 10% de menores infractores que pasan por justicia juvenil están en centros. Los menores vulnerables que viven en centros son el 50%. Lo que no se entiende es que sea el mismo ente el que detecta e investiga el maltrato, el que propone medidas y las aplica. Es una decisión grave, que atenta contra el artículo 8 de los Derechos del Niño, que dice que todos tienen derecho a vivir con su familia, suficiente como para que lo revise otra autoridad independiente.

"En la mayoría de casos, es mejor apoyar la protección de la familia y que el niño se quede en el núcleo familiar"

¿Cómo debería ser este procedimiento? No me meto en el trabajo de los técnicos, solo digo que el sistema no cumple con procedimientos de garantías legales. El ciudadano que lo sufre no puede tener acceso a un ente independiente, y esto es un abogado. No puede ser que no haya un reglamento de visitas para los centros, que cada uno proponga el que quiera, algo que no ocurre ni en la cárcel. Los técnicos que hagan sus informes, pero que sea un juez el que los ejecute o decida no hacerlo.

"Es curioso que para Drets Socials el Derecho no sea importante, porque no han citado a los colegios de abogados"

¿Confía en la reforma de la DGAIA que ha prometido la consellera? Es curioso que para Drets Socials el Derecho no sea importante, porque no han citado a los colegios de abogados ni a ningún operador jurídico. Creo que buscan mejorar el control sobre los centros, pero para cambiar y refundar la DGAIA hay que ir al Congreso a cambiar la ley de 1996 y que el desamparo deje de ser una decisión administrativa.

¿Le han llamado desde el Govern? No, siempre he llamado yo para ofrecer colaboración. Hace años les propusimos un modelo de mediación con la DGAIA, sin éxito. Me sorprende que el sistema de protección no tenga en cuenta el Derecho, que crean que son cosas diferentes.

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