Hablan los profesionales que detectan el maltrato infantil: "En la DGAIA faltan recursos por todos lados"

"Faltan recursos por todos lados", estalla Roc Masiques, psicólogo veterano de los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) en las comarcas de Girona. "No es solo un problema de manos, también de experiencia y de criterios", señala otra profesional del ámbito en el área metropolitana. El caso de una niña de 12 años de L'Hospitalet captada por una red de pornografía cuando estaba bajo guarda de la DGAIA ha puesto en entredicho la labor de este organismo. El Govern ha anunciado una transformación radical del sistema que, entre otros aspectos, tiene en el punto de mira a los EAIA, los profesionales que detectan situaciones de riesgo, y valoran y proponen medidas de protección para los menores. El Govern ha pedido a los expertos que replanteen los criterios y las formas de tratar los desamparos. Tres profesionales del ámbito rompen el silencio y conversan con EL PERIÓDICO sobre su desconocido trabajo y los retos que afrontan.

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Los EAIA son equipos de profesionales integrados por psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales y pedagogos que están especializados en detectar, atender y proponer soluciones ante el maltrato infantil. Así, aplican una competencia de la Generalitat delegada a los ayuntamientos: trabajan para los municipios de más de 20.000 habitantes o para los consejos comarcales. Ellos se encargan de estudiar los casos y proponen medidas a través de extensos informes. También hacen el seguimiento de los niños y adolescentes. Sin embargo, son los Equipos Funcionales de Infancia (EFI) de la DGAIA, es decir la Conselleria de Drets Socials, quien o bien acepta y aplica estas medias o bien las desestima.

Un educador social asegura que la DGAIA autorizó que la niña tutelada violada fuera a vivir con su novio de 25 años

El caso Damocles, que investiga la red de pederastia que abusó de la menor, ha puesto en la picota también la función de los EAIA y su relación con la DGAIA. En este caso, el servicio de L'Hospitalet, que acumula quejas desde hace dos años por falta de personal, detectó los abusos, los denunció y propuso que la Administración asumiera la custodia de la menor para evitar que la niña, con 15 años, se fuera a vivir con un novio de 25. Los EFI desestimaron la propuesta, pero nadie ha explicado todavía por qué.

Dos denegaciones

"El aspecto jurídico ha ganado mucho poder y se ha dejado de lado al técnico. En la DGAIA hay muy poca preparación y nos tumban las decisiones sin saber con qué criterio. Antes se podía hablar de los casos y decidir conjuntamente, ahora ya no", se queja una trabajadora de los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) del área metropolitana, que tras más de 20 años de servicio dejó la institución hace dos harta de ver cómo no se respetaban sus propuestas.

En su caso, explica, hubo dos expedientes que marcaron su adiós a la DGAIA. Uno, una propuesta de retirada de tutela parental de dos hermanos menores de 5 años que vivían en una chabola y eran atendidos por una madre afectada por un trastorno de salud mental. "Sufrían indicadores graves de desnutrición de los que alertó la escuela", recuerda. Cuando le tumbaron la propuesta, la familia escapó de Catalunya.

El segundo caso era un menor que vivía con su madre y su padrastro. "Él era un maltratador y cuando me desestimaron la propuesta escaparon a Francia", cuenta. El niño fue asesinado por el padrastro en Marsella en agosto de 2020. "Yo no sé lo que ocurre en el resto de Catalunya, pero en nuestro caso era evidente que no se nos tenía en cuenta", asegura esta profesional.

"En la DGAIA hay muy poca preparación y nos tumban las decisiones sin saber con qué criterio"

Exmiembro de un EAIA

"Lo que no se puede hacer es generalizar a raíz de un caso, porque cada expediente es un mundo y las decisiones deben estar fundamentadas en los criterios técnicos y en los derechos del menor, aunque sí que necesitaríamos más flexibilización a veces", sostiene Teresa Planas, veterana en los EAIA que ya afronta la jubilación. Una orden del Departament de Drets Socials de 2013 incluye más de 500 criterios ante el maltrato y el desamparo de los menores. Además de estos indicadores, los EAIA abordan en sus estudios la capacidad de resiliencia, el desarraigo o los efectos en el desarrollo normal del menor a raíz de la situación sufrida.

"Tenemos muchos protocolos pero el impacto de estas medidas en los menores se evalúa poco"

Teresa Planas

— Miembro de un EAIA

Planas señala especialmente el problema de la salud mental de los menores. "La red pública está muy colapsada y los niños tutelados tienen necesidades específicas para la reparación que no se realizan. Se les atiende a nivel psiquiátrico pero no psicológico, y aquí fallamos, se necesitan más recursos", lamenta. Añade que es necesario un mayor control en la gestión de los centros y una evaluación generalizada caso a caso. "Tenemos muchos protocolos pero el impacto de estas medidas en los menores se evalúa poco", cuenta Planas.

Listas de espera

La falta de medios también se detecta en la falta de profesionales en este servicio. "A veces los estudios de los casos se alargan más de lo que querríamos porque vamos saturados", explica Masiques. Pero cuando toman la decisión, aunque sea aprobada, esta tampoco es automática. "¿Qué haces cuando después de un estudio, de proponer una medida, la DGAIA te dice que este recurso no existe o que debes esperar semanas porque no hay plazas? Tú sabes que el menor no puede quedarse en casa, que existe un riesgo grave", sigue Masiques.

"¿Qué haces cuando después de proponer una medida, la DGAIA te dice que este recurso no existe o que debes esperar semanas porque no hay plazas?"

Roc Masiques

— Miembro de un EAIA

"Faltan familias de acogida, faltan centros especializados como los de régimen cerrado o los terapéuticos. Y a veces incluso también faltan plazas en los CRAE (los centros de menores ordinarios), especialmente cuando hay hermanos a los que no queremos separar. La falta de recursos es evidente y existe un orden de prioridades", añade Masiques.

Atención del "inframundo"

Este profesional señala la realidad que atienden es una especie de "inframundo" del que la mayoría de personas no son conscientes. "Hay muchas familias que acumulan mucho sufrimiento y la complejidad social que atendemos cada vez es mayor", cuenta Masiques. Habla del cruce de culturas, del duelo migratorio, del desarraigo, de los problemas de identidad y de situaciones que ponen en riesgo a los menores ante abusos de todo tipo.

"Hay adolescentes que llegan aquí con 13 años que no conocían a sus madres y que no pueden tener ningún vínculo porque han estado ausentes y lo siguen estando por sus condiciones laborales; mujeres que trabajan de internas y que cada día deben dejar a sus hijos con personas diferentes".

También apunta al gran problema de la vivienda. "Hoy día, el alquiler es un lujo. Hay pisos donde conviven varias familias en distintas habitaciones y en los que personas desconocidas están en contacto con los menores mientras sus padres trabajan". Y luego están, dice, los cambios en el consumo de drogas. En este sentido, pues, Masiques cree también que hay que replantear los criterios de desamparo y adaptarlos a la realidad de hoy.

Sin embargo, los tres profesionales consultados coinciden que empezar una reforma tras un caso mediático nunca es una buena señal. "Necesitamos un debate amplio, abierto, profundo. No hay que actuar de manera reaccionaria", opina Masiques. Y pone de ejemplo el caso de la niña Alba, en 2006, que motivó la ley de Oportunidades de la Infancia en Catalunya. Han pasado 20 años de su aprobación y aún no se han desplegado decretos, reglamentos ni el presupuesto para aplicarla correctamente.

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