Protección de la infancia en Catalunya
El servicio de menores de L'Hospitalet alerta de que la falta de personal pone en peligro a decenas de niños
Los profesionales advertían en abril, antes de que estallara el caso de la niña de 12 años bajo guarda de la DGAIA, de que no podían atender nuevos casos
El SEAIA de L'Hospitalet debería contar con 23 profesionales. A día de hoy, hay ocho vacantes, debido a las excedencias y bajas médicas
Dos grupos de expertos se encargarán de reformar la DGAIA en un plazo de tres meses

Protesta de trabajadores del tercer sector delante la DGAIA


Elisenda Colell
Elisenda ColellPeriodista
Redactora de desigualdades y exclusión social. Premio 'Montserrat Roig', por mención especial del jurado (2024). Crecí en la redacción de informativos de la Cadena SER en Catalunya. Nací en Viu Comunicació y Cugat.cat.
"La falta de medidas efectivas por parte de la Administración local ha provocado la desatención de más de 200 criaturas en situación de riesgo grave o de desamparo. La situación crítica e insostenible, la sobrecarga de trabajo y la falta de personal impiden intervenir adecuadamente en casos graves de negligencia, abusos i maltrato". Este es uno de los fragmentos de un comunicado que el pasado abril hicieron los trabajadores del Servicio de Atención a la Infancia y Adolescència (SEAIA) de L'Hospitalet de Llobregat, el mismo servicio que dio la voz de alarma de los abusos sufridos por una niña de 12 años y que reclamó su desamparo. Hace más de un año que estos profesionales denuncian la alarmante falta de personal y avisan de que no pueden atender todos los casos nuevos que les llegan. La Síndica de Greuges local, Merche García Villatoro, ya ha abierto un expediente para investigar el asunto.
La Síndica de Greuges del municipio está investigando las condiciones de trabajo del SEAIA
Los SEAIA son equipos de educadores sociales, psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales que trabajan con las situaciones detectadas en su zona de niños y adolescentes que sufren maltrato (físico, sexual, psicológico... etc) para valorar la gravedad del asunto, atenderlos y proponer a la DGAIA las medidas de protección oportunas. Son quienes proponen que la administración asuma la tutela o el recurso más adecuado para ellos, ya sea en el domicilio familiar o en centros de la DGAIA. Tambien diseñan los planes de trabajo con las familias para que puedan hacerse cargo correctamente de los niños y proponen a la DGAIA, en caso oportuno, el retorno a de los niños a su casa. Aplican una competencia que la Generalitat delegó a los ayuntamientos. Son, por tanto, personal municipal pero financiado por el Govern. Sus propuestas de actuación van siempre acompañadas de un informe. Sin embargo, quien tiene la última palabra a la hora de decidir, especialmente en las retiradas de tutela, son los EFI (Equipo Funcional de Infancia), que dependen directamente de la DGAIA y de la Generalitat.
"La falta de medios impide intervenir en casos nuevos y compromete el seguimiento de los ya existentes, poniendo en riesgo el bienestar de los menores"
Este SEAIA es el que atendía a la niña de 12 años víctima de Teófilo Lapeña, el cabecilla de una red de pederastia que operaba desde el Raval y que abusó de una veintena de menores. Y fue este servicio el que detectó el maltrato la menor y el que la acompañó a denunciar el caso ante los Mossos d'Esquadra. Además, cuando la niña, a los 15 años, pidió irse a vivir con su novio de 25, este equipo propuso en un informe que se le retirara la tutela al padre y que la niña fuera a un centro tutelado, cosa que la DGAIA desestimó.
"Que el servicio esté saturado dificulta analizar en profundidad y con rapidez situaciones de desamparo, de abusos, de maltrato o de negligencia"
Sus trabajadores denuncian que la falta de personal se está agravando desde hace dos años. Y hace uno que llevan periódicamente sus quejas a las puertas del consistorio para pedir mejoras. "Estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades. Abordamos y priorizamos lo más urgente pero estamos haciendo un sobreesfuerzo", se sinceran fuentes sindicales del ente a EL PERIÓDICO.
En principio, el SEAIA de L'Hospitalet debería contar con 23 profesionales. A día de hoy, hay ocho vacantes, debido a las excedencias y bajas médicas por sobrecarga de trabajo, según explican las mismas fuentes. El servicio se ha visto obligado a reestructurarse debido a que una de las tres sedes territoriales andaba prácticamente sin personal. "El problema es que hace dos años que no se cubre ni una plaza, y ahora están empezando a hacerlo pero a cuentagotas y muy mal planificado", señalan las fuentes. Esta problemática está obligando a los profesionales a asumir todo el trabajo que correspondería a los puestos sin cubrir. Cada uno de ellos lleva, de media, más de 30 expedientes.
Imposible intervenir en casos nuevos
Los servicios sociales del ayuntamiento y la propia DGAIA son quienes les traspasan casos para que este servicio identifique lo que ocurre con los menores y proponga medidas. "Es imposible sostener esta interlocución", cuentan fuentes sindicales. "La falta de medios impide intervenir en casos nuevos y compromete el seguimiento de los ya existentes, poniendo en riesgo el bienestar emocional, psicológico y físico de los menores", sostiene el comunicado de los trabajadores. Las fuentes consultadas subrayan que el número de casos que deberían atender los profesionales que faltan supera el centenar, con lo cual los que sí están operativos sólo pueden dar respuesta a las situaciones más graves.
"Que el servicio esté saturado dificulta analizar en profundidad y con rapidez situaciones de desamparo, de abusos, de maltrato, de negligencias, dilatando las intervenciones y las propuestas que pueden evitar sufrimiento a estos niños y adolescentes”, alertan.
El Ayuntamiento de L'Hospitalet afirma ser consciente de la situación y aseguran que están iniciando convocatorias de empleo para suplir estos puestos. Los trabajadores entregaron en abril una carta a la Síndica de Greuges del municipio quejándose de esta situación. La Síndica ya ha abierto un expediente sobre esta cuestión. Pero más allá, fuentes sindicales reclaman un aumento de las ratios de este personal en Catalunya. Consideran que la ley que los regula, de 2006, está desfasada. "Es un trabajo muy específico que requiere mucha profesionalidad y se debe dimensionar mucho más ante la realidad que estamos atendiendo", aseguran. Precisamente esta semana la Conselleria de Drets Socials ha anunciado que ha encargado a dos grupos de expertos la transformación de la DGAIA.
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