Igualdad rediseña el plan de cuidados para fomentar la paridad y no solo la conciliación: las mujeres aún asumen el 80% de las tareas

Cuatro años después de que el Gobierno creara el Plan Corresponsables, destinado a que el Estado facilite y financie programas que ayudan a las familias en la conciliación laboral y el cuidado de los hijos, promoviendo la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, el Ejecutivo ha decidido rediseñarlo para asegurar, en primer lugar, que efectivamente se promueve la igualdad entre hombres y mujeres, que no siempre se impulsa en estos programas y, en segundo lugar, que las autonomías participen en la financiación, dado que corresponsabilizarse de los cuidados está también dentro de sus competencias.

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes repartir entre las comunidades 142,5 millones de euros destinados a la financiación del Plan Corresponsables en el año 2025, con la novedad de que el 25% restante, hasta completar los casi 200 millones que se distribuyen cada año, tienen que asumirlos las comunidades autónomas. La decisión del Gobierno fue trasladada a las autonomías en una Comisión Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 9 de mayo. Varias de ellas, al término del encuentro, acusaron al Ejecutivo central de querer imponer un "recorte" a mitad de año y sin previo aviso.

El "tijeretazo", criticaron, pondrá en "riesgo" servicios que facilitan la conciliación, como los programas para madrugadores en los colegios, los campamentos de verano, extraescolares o ludotecas financiadas con estos fondos. Sin embargo, el Gobierno opina que las autonomías, que también tienen competencias en la materia, deben "cofinanciar" el Plan porque la igualdad es una "política de Estado y tienen que colaborar", según ha defendido la ministra del ramo, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Conferencia Sectorial

Redondo ha avisado, además, de que la "cofinanciación" no será una cuestión a debatir en la Conferencia Sectorial que se celebrará el próximo viernes, aunque el Gobierno está "dispuesto a escuchar las sugerencias de las comunidades así como flexibilizar el reparto de fondos", dado que es consciente de que los cambios llegan cuando se ha iniciado ya el curso presupuestario.

Además de los cambios en la financiación, el Plan también se ha rediseñado para corregir las "disfunciones" detectadas en estos cuatro años y "transitar desde la conciliación hacia la auténtica corresponsabilidad", según ha expuesto la ministra. Así, desde el Ministerio de Igualdad se revisará que los fondos vayan destinados a servicios que, además de facilitar la conciliación, promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos y el hogar, dado que las mujeres asumen en más de un 80% estas tareas, lo que implica una persistente brecha en los cuidados.

El problema, explican fuentes de Igualdad, es que muchos de los servicios financiados hasta ahora por el Plan Corresponsables se han destinado a programas más propios del área de derechos sociales, destinados exclusivamente al cuidado de los niños, que a fomentar la igualdad, que era uno de los objetivos iniciales del Plan, de ahí que se proponga ahora su reformulación.

Ola reaccionaria

"Va a ser difícil avanzar en paridad y que las mujeres lleguen a puestos de responsabilidad sin reducir esa brecha en los cuidados", ha argumentado la ministra. En esta línea, el plan incorpora nuevas líneas de financiación para programas que promuevan nuevas masculinidades alejadas del machismo estructural o que conciban los cuidados "como parte del crecimiento personal". El cambio llega, según ha destacado la ministra, en medio de una "ola reaccionaria" que está provocando que aumente la misoginia entre muchos jóvenes y la perpetuación de de los roles de género.

Asimismo, el nuevo Plan contempla exigencias de transparencia sobre en qué se gasta el dinero desde "el inicio hasta el final". Para lo cual, el Ministerio ha creado una herramienta digital de seguimiento y ha puesto en marcha un equipo técnico que "acompañará a las comunidades" en el diseño y ejecución de los programas a financiar. Por último, incorpora sanciones inéditas, como la retirada de los recursos, si se incumplen los objetivos, no se aplica la cofinanciación o no se ejecutan correctamente.

Por último, en cuanto a los criterios de acceso a los servicios, se introduce el nivel de renta como criterio preferente y se amplía la cobertura a personas con discapacidad hasta los 21 años.