La víctima de los pederastas del Raval acusa a Teófilo de "dañar" su desarrollo emocional y de aprovecharse de su "vulnerabilidad"

A mediados del próximo año, la Audiencia de Barcelona juzgará a Teófilo Lapeña Martínez, el presunto responsable de la red de pederastas del Raval, por las violaciones continuadas a la menor bajo guarda de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El sospechoso también deberá responder ante la acusación de haber concertado encuentros con otros adultos para agredir sexualmente a la niña, que entonces contaba con solo 13 años. Tal como ha avanzado EL PERIÓDICO, los implicados conocían la edad de la víctima, como consta en los abundantes mensajes que se intercambiaron en Instagram.

En la causa que juzga los presuntos abusos de Teófilo contra la niña, este está acusado de los delitos de acoso a menor por medio de tecnologías; exhibición obscena; agresión sexual; uso, elaboración y distribución de pornografía infantil, y cooperación para que otros hombres violasen a la víctima: supuestamente ofreció a la menor a otros adultos "para tener relaciones sexuales" a sabiendas "de su corta edad y en varias ocasiones habría grabado vídeos del acto", tal como consta en el sumario.

Él 40 años, ella 12

La víctima, que comparece como acusación particular en este procedimiento, reclama una pena de casi 108 años de cárcel para el acusado (muy similar a la de fiscalía, que solicita 107 años), además de una indemnización de 100.000 euros por los daños morales sufridos. El escrito de acusación remarca que la niña, que cumplirá 18 años esta semana, sufre un "menoscabo moral", a causa de estas agresiones sexuales, que "afectará a su desarrollo psicomadurativo". 

Tanto la acusación particular como el ministerio público subrayan que el sospechoso contactó con la víctima en 2020, cuando él tenía 40 años y ella 12, a través de la aplicación Badoo "con claro ánimo lascivo y aprovechándose de una situación clara de vulnerabilidad que sufría la menor". Entre mayo de 2020 y octubre de 2021 el procesado acumuló 44 fotos sexuales de la niña.

El escrito de acusación subraya que la menor, que cumplirá 18 años esta semana, sufre un "menoscabo moral" por estas agresiones que "afectará a su desarrollo psicomadurativo"

Poco después del primer contacto, el acusado supuestamente sacó provecho del contexto "personal, familiar, escolar y administrativo" de la menor para quedar con ella varias veces más y mantener relaciones sexuales (la edad mínima de consentimiento en España son 16 años, por lo que hablamos de agresiones sexuales). La acusación destaca que el procesado grabó 20 vídeos sexuales de la víctima y, a partir de mediados de noviembre de 2020, empezó a ofrecerla a otros hombres. A partir de un perfil falso de la menor que abrió en varias redes sociales y aplicaciones de contactos, el sospechoso se contactaba con otros posibles agresores, les comunicaba que la víctima tenía 13 años y les mostraba imágenes pornográficas de ella. 

Cinco hombres más

De esta forma, la acusación particular mantiene que, hasta marzo de 2021, el sospechoso quedó con otros cinco hombres, investigados en otro procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, para agredir sexualmente a la menor en su domicilio de la calle Unió, en el barrio del Raval. Además, señala que Teófilo grabó algunos de los encuentros, en los que daba "indicaciones" sobre encuadres y posturas, y difundió esas imágenes. 

En un registro del domicilio del acusado y en sus dispositivos electrónicos, los Mossos d'Esquadra encontraron 576 vídeos y 889 fotografías digitales con contenido pederasta creados por otras personas no identificadas que él se descargaba de plataformas de mensajería. Este material pornográfico se suma al que presuntamente elaboró el procesado junto con otras víctimas de la red y que se está analizando en otra causa abierta en el mismo juzgado.

Además de los 108 años de prisión, la acusación particular también reclama que se le retire el derecho de patria potestad durante 10 años; se le inhabilite para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular con menores de edad durante 15 años, y se le imponga una pena de 10 años de libertad vigilada cuando salga de prisión así como la prohibición de acercarse, también durante una década, a menos de un kilómetro del lugar donde resida, estudie o trabaje la víctima. 

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