Sanciones de seis meses de empleo y sueldo por las prácticas irregulares de FP en el instituto de Tortosa

El Departament d'Educació i FP abrió a finales del curso 23-24 dos expedientes por presuntas irregularidades en las prácticas de Formación Profesional (FP) al director y a la administradora del Instituto de l'Ebre de Tortosa y ambos dimitieron de sus cargos antes de finalizar el curso. Un año después, los sindicatos CGT e Intersindical aseguran que las irregularidades se han confirmado, ya que los expedientes se han resuelto como "sancionadores graves" con seis meses de suspensión de empleo y sueldo.

En un comunicado hecho público este lunes, los dos sindicatos aseguran que la conselleria corrobora los "hechos gravísimos" que tanto la CGT como la Intersindical llevaban denunciando desde marzo del año pasado: "alumnos del centro han trabajado en él sin contrato ni convenio de prácticas, sin estar dados de alta en la Seguridad Social y, por tanto, sin protección en caso de accidente laboral", describen los hechos. Además, según prosigue el comunicado, los estudiantes desconocían la empresa para la que supuestamente deberían haber estado trabajando durante meses y "ni siquiera tenían un tutor de empresa asignado".

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Estas irregularidades ya fueron probadas por la Inspección de Trabajo, que declaró los convenios de prácticas "no válidos" y multó al Instituto con más de 50.000 euros en mayo del año pasado, una sanción que los sindicatos consideran que "previsiblemente" se verá incrementada, ya denuncian que se han detectado 18 alumnos que desde 2021 realizaron prácticas de manera irregular en el centro (los casos anteriores a 2021 han prescrito), cuando inicialmente solo eran cuatro. De hecho, siempre según el mismo comunicado, el miércoles 30 de abril, la Inspección de Trabajo se personó en el instituto para investigar posibles irregularidades en los últimos casos detectados.

Nuevo expediente

Además, las mencionadas organizaciones sindicales afirman tener constancia de la apertura de un nuevo expediente al director dimitido. El expediente, que aún se encontraría en fase de instrucción, hace referencia a la decisión que, presuntamente, tomó el director de cortar toda vía de comunicación del centro con los denunciantes durante meses.

Una vez finalizada la vía administrativa, los sindicatos aseguran que los denunciantes están valorando la posibilidad de llevar la denuncia a la vía penal como un presunto delito de fraude a la administración, falsificación documental, malversación de fondos y prevaricación.