"Madrid no tiene competencia directa para actuar en el aeropuerto. Otra cosa es que el Gobierno quiera echar balones fuera"

Licenciada en Psicología, Ana Dávila-Ponce de León Municio, entró en política en 2011 en el Ayuntamiento de Las Rozas e inició su vínculo con la Comunidad cuatro años después como asesora en la Consejería de Presidencia. Desde entonces ha sido diputada en la Asamblea regional en las tres últimas legislaturas y desempeñado distintos cargos sin dejar de ejercer como psicóloga hasta que tras las elecciones de 2023 Isabel Díaz Ayuso la eligió para hacerse cargo de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Desde esa responsabilidad ha tenido en los últimos meses, entre otras cuestiones, que confrontar con el Gobierno tras la aprobación del real decreto pactado con Junts que establece los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados cuando en una comunidad se declare la contingencia migratoria extraordinaria y en virtud del cual se prevé que este verano en torno a 4.500 menores sean trasladados a la Península desde Canarias y Ceuta. La medida, recurrida por la Comunidad ante el Tribunal Constitucional, fue definida como "la mayor infamia de Sánchez" por Dávila, quien lideró la oposición de las comunidades gobernadas por el PP en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

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Ahora le toca también defender la posición de la Comunidad de Madrid ante la crisis de las más de 400 personas sin hogar que llevan meses pernoctando en el Aeropuerto Adolfo Suárez y en la que el Ejecutivo regional tiene un guion claro: la Comunidad no tiene competencias sobre una instalación gestionada por una empresa dependiente del Gobierno.

¿Qué responsabilidad tiene o qué puede hacer la Comunidad de Madrid en relación con el alrededor de medio millar de personas sin hogar que pernoctan en Barajas?

La Comunidad de Madrid no tiene una competencia directa para actuar en el aeropuerto puesto que son instalaciones de otra administración. Aena es una empresa pública que depende del Ministerio de Transportes. Estamos muy preocupados y queremos que se encuentre una solución, pero, por esa cuestión competencial, no podemos actuar directamente. Actuamos coordinados con los ayuntamientos cuando se requiere la actuación de la Comunidad de Madrid en los casos en los que sí se tiene esas competencias. Pero en este caso no es así.

Desde algún ministerio sí se ha apuntado que es competencia autonómica.

Pues no nos lo han trasladado. Estamos trabajando con ellos, el director de Aena me pidió que nos incorporásemos a las reuniones técnicas que se celebran y no se ha trasladado ese extremo en ninguna de las reuniones. Saben, además, porque hace un año ya hubo una reunión previa, cuál es la fórmula por la que la Comunidad de Madrid ha de actuar, y yo creo que lo tienen meridianamente claro. Otra cosa es que el Gobierno, porque se le ha enquistado este problema, quiera echar balones fuera, que es lo que estamos viendo con esta y con otras tantas cosas.

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¿Tendrían capacidad la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en los recursos disponibles de acoger a la gente que hay ahora allí?

Si nos correspondiese, por lo que sea, ahora mismo no, no tenemos 500 plazas vacías. Tampoco sería una buena gestión tener recursos en funcionamiento con plazas vacías. Los recursos se van adaptando a las necesidades, pero todo requiere un tiempo.

Otro asunto que enfrenta a Comunidad y Gobierno es el real decreto que recoge los criterios para el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas. ¿Por qué se oponen?

En primer lugar, porque ya hay unos criterios aprobados por las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial, que es donde se tienen que acordar las cuestiones que afectan a las competencias de las administraciones regionales. Este real decreto nunca se ha llevado a debate en el marco de la Conferencia Sectorial, y eso ya es una ilegalidad de por sí, porque todo lo que afecta a las competencias de las comunidades autónomas es de obligado cumplimiento debatirlo con las comunidades autónomas.

Argumentan que invade competencias autonómicas.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid traslada que la adopción de la protección y tutela de menores y la organización de los recursos para proceder es competencia autonómica. Lo que sabemos de este decreto es que es un acuerdo entre Junts y el Gobierno de España. Un partido político concreto no puede tomar decisiones sobre el resto de España. Pero es que el Gobierno de España, que forma parte de ese acuerdo, tampoco puede tomar decisiones sin acordarlo con las comunidades autónomas, es un auténtico despropósito. Lo más grave es que esto afecta a personas, en concreto a menores de edad. Aquí no se está pensando en los menores, se está pensando en Sánchez y en los siete votos que Junts le ofrece a Sánchez para permanecer en el poder. Se está utilizando a menores como monedas de cambio.

Según Junts, Madrid recibirá a unos 700 menores y Catalunya, en torno a una treintena.

Se trasladan unas cuotas, porque se los está tratando como cuotas, para dañar específicamente a comunidades autónomas concretas: Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que entre las tres asumiríamos 2.000 menores de los 4.500, supuestamente, porque no sabemos ni cuántos menores realmente hay. Cómo han sacado esa fórmula: han cogido el resultado y han hecho la fórmula ad hoc. La ministra el otro día [en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del pasado 5 de mayo] dio 20.000 vueltas para intentar explicarnos los criterios, pero es que no hay por donde cogerlos.

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¿Se entiende desde Madrid, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que la situación es límite en Canarias o Ceuta?

Por supuesto. Y por eso hemos asumido durante los últimos tres o cuatro años un reparto de menores procedentes de Ceuta y de Canarias. Se ha asumido con creces. No solamente ese reparto, sino más menores que proceden de allí y que se han atendido y se siguen atendiendo.

El Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que Madrid no ha trasladado correctamente los datos para el cálculo del reparto. Argumentan que se ha aportado el número total de menores extranjeros no acompañados atendidos a lo largo de 2024, no el de los que hay acogidos en este momento, que es el que dicen que han pedido.

El real decreto lo dice claramente con la fecha de entrega, 31 de marzo, y es el número de menores extranjeros no acompañados atendidos en el año 2024 por el sistema de protección. Ese dato lo dimos tal cual: 2.442 menores extranjeros no acompañados atendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. El segundo dato que pide no está en el real decreto y es la ocupación. Nosotros hemos trasladado la información, y muchas comunidades autónomas igual que nosotros, pero tiene que entender el Gobierno de España que no sabe pedir bien las cosas. En el momento en el que nos la pide nuestra ocupación es del 132% de sobreocupación, algo que la ministra ya conocía porque en todas las Conferencias Sectoriales desde octubre de 2023 hemos trasladado que se estaba detectando una llegada masiva y que los recursos se estaban tensionando y que estaban poniendo en riesgo el sistema de protección al no actuar. Esa es la petición que se cursó, y las comunidades autónomas es lo que hemos trasladado. Nos han acusado de no dar los datos, de obstaculizar, pero hemos dado los datos en tiempo y forma.

¿Cuántas plazas tiene la red madrileña de acogida de menores tutelados?

Ya superamos las 2.300 plazas. Es interesante, porque el Gobierno de España ha trasladado que, entre otras cosas, este reparto aludía al esfuerzo realizado por alguna comunidad autónoma y que por eso le correspondían menos. Si consideramos ese sobreesfuerzo, en los dos últimos años, según los datos que la propia Generalitat de Catalunya vuelca públicamente, ha sido de cinco plazas residenciales, luego hay otro tipo de plazas. La Comunidad de Madrid ha crecido en ese mismo periodo, en estos dos últimos años, de 2022 a 2024, en 364 plazas.

Desde la Comunidad de Madrid se ha apuntado al centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, como destino de los menores que vengan. ¿Qué capacidad para aumentar sus plazas tiene ese centro?

Lo están valorando los técnicos, porque las características técnicas que tienen que cumplir los centros de menores son muy específicas, y aún no se ha resuelto el informe. Evidentemente, como siempre hacemos, vamos a acatar la ley. Otra cosa es que esa ley esté inventada para, en nuestro caso concreto, dañar a Madrid y para mantener a una persona en el poder utilizando a menores. A eso desde luego que nos vamos a oponer. Si se procediese a hacer ese reparto arbitrario, evidentemente tenemos que buscar los recursos. Y todos los demás están sobreocupados. El último recurso que hemos tenido que poner en marcha, que es el centro de La Cantueña, y que tiene posibilidad de ampliación, es a donde empezarían a llegar y donde empezaría a atenderse a esos menores.

Entiendo que lo tendrán que valorar técnicos y no pueda dar una cifra exacta, pero según esos números que adelantó Junts, a Madrid llegarían varios centenares de menores. ¿Puede La Cantueña, actualmente con 96 plazas, crecer tanto como para acogerlos a todos?

Evidentemente, sabemos que no vamos a poder ampliar tanto ese centro. Por eso estamos estudiando otras ubicaciones en otras localidades para poder instalar algún tipo de centro en que poderles atender en caso de que llegasen.

¿En qué localidades?

Bueno, estamos estudiando todas las posibles ubicaciones que sean propiedad de la Comunidad de Madrid. Los técnicos están estudiándolas. Algunas no han resultado viables y otras siguen en proceso de estudio.

Hace algo más de un mes, a finales de marzo, hubo un incidente en La Cantueña: 12 menores fueron detenidos y algunos trabajadores resultaron heridos. ¿Está garantizada la seguridad?

Hay que decir varias cosas. Los problemas en sí no provienen de los menores, provienen de las circunstancias en las que se está permitiendo que estos menores lleguen a nuestro país, de manos de las mafias y presos de las drogas. Se producen comportamientos que, en este caso, han llegado a afectar a los propios educadores. Y en los casos en los que sea necesario vamos a reforzar la seguridad de los centros. Por los trabajadores y por los propios menores también.

En alguna ocasión ha comentado que el perfil de los menores extranjeros que están tutelando está cambiando. ¿Cómo?

Es mucho más delicado que antes porque son víctimas de las mafias y en muchos casos víctimas de consumos muy graves de droga. Estamos detectando problemas muy importantes relacionados con garantizar la propia protección y salud de los menores. En ese sentido, en base al interés superior del menor, desde la Comunidad de Madrid, en la Comisión de Protección y Tutela, que determina todas las decisiones que afectan a la adopción de medidas con respecto a menores que puedan estar en situación de riesgo o vulnerabilidad, se ha determinado que en algunos casos se proceda a estudiar la reunificación familiar por parte del organismo competente, según la Ley de Extranjería, que es la Delegación del Gobierno. Esa Comisión de Protección y Tutela le ha trasladado algunos expedientes de estos menores cuya integración es absolutamente imposible y, como digo, por el propio interés superior del menor, por su protección, se ha valorado que se trabaje con las familias para proceder a la reunificación familiar.

Hace unas semanas, el portavoz del Gobierno regional informó de ello y mencionó cuatro expedientes. ¿Ha habido más desde entonces?

Sí, desde la Comisión de Protección ya hemos trasladado a la Delegación del Gobierno 11 expedientes. La Delegación ya los tiene y no nos ha contestado nada. Además, hay otros dos casos que ya se han valorado, los expedientes están en proceso de elaboración y se mandarán en los próximos días. Y se van a seguir estudiando otros.

En relación con otros asuntos de la consejería, la Comunidad de Madrid ha presentado el llamado Plan 40/40 para construir 40 residencias. ¿Qué horizonte temporal tiene y cuántas plazas se prevén?

Si todo va bien, vamos a construir estas 40 residencias y 40 centros de día aparejados de aquí al año 2030. Ya hace unos meses hicimos una orden de acreditación para que todas las residencias que se construyan en la Comunidad de Madrid, sean públicas o privadas, no tengan más de 150 plazas y estén organizadas en unidades de convivencia, que reproducen el modelo de un hogar, con un número reducido de residentes con sus propias zonas comunes.

¿Cuánto es un número reducido de residentes?

Un máximo de 25 por unidad de convivencia. Además, esas residencias van a tener como máximo un 50% de habitaciones dobles. Al menos el 50% de las habitaciones tienen que ser individuales, pero a veces hay grupos de hermanos, matrimonios o incluso amigos que quieren estar juntos.

¿Cuántas plazas, entonces, se van a generar?

El número exacto, aún no lo sabemos. En la ciudad de Madrid, donde ya hemos solicitado formalmente 17 parcelas, sabemos que casi el 100% van a tener 150 plazas porque hay mucha demanda, y en algunos municipios grandes, también. Pero en municipios más pequeños o en residencias más específicas como, por ejemplo, en alguna residencia para discapacidad es probable que sean más pequeñas.

¿Qué otras particularidades tendrán?

Tratamos de ajustarnos a las necesidades de las nuevas realidades. Por ejemplo, las personas con discapacidad en envejecimiento prematuro. Antes las personas con discapacidad vivían menos. Eso nos obliga a tener residencias específicas. Ya antes de este Plan 40/40 vamos a tener la primera residencia pública para personas con discapacidad en situación de envejecimiento prematuro. Y otros perfiles. Habrá unidades de convivencia específicas para atender las necesidades de personas mayores con deterioro cognitivo o plazas psicogeriátricas. O, en el caso de personas con discapacidad que tengan padres mayores, si se valora necesario, unidades de convivencia para que puedan compartir sus vidas.

¿Qué aprendizajes dejó la pandemia?¿Hasta qué punto ha tenido que ver en plasmar este modelo de unidades convivenciales, de residencias con un máximo de plazas…?

Antes de la pandemia ya se empezó con experiencias de este tipo en el tratamiento a personas con algún tipo de discapacidad, de dependencia, de vulnerabilidad… Ahora es el modelo de atención social que se instaura para todas las residencias nuevas. Pero ya lo estamos haciendo en residencias actuales. Se están invirtiendo 59 millones de euros en crear 81 unidades de convivencia en residencias que ya existen.

¿Por qué se ha optado por el modelo de colaboración público privada para este Plan 40/40? ¿Por qué se descarta la gestión directa?

Primero por razones de eficiencia desde el punto de vista de la construcción. Nosotros no podríamos ponernos a construir de un día para otro 40 residencias. En cuanto a la gestión, tenemos una experiencia previa, del año 2002, en el que se construyeron 32 residencias bajo este modelo, y ha tenido muy buena acogida entre los usuarios, muy buenos índices de satisfacción. Las empresas que se ocupan de atender a nuestros mayores y personas con discapacidad traen experiencias muy enriquecedoras de otros países, porque muchas también trabajan en Francia, en Bélgica, en Alemania... Siendo un modelo de éxito, que ofrece mucha satisfacción en los usuarios, en los profesionales y en los familiares, lo que hemos hecho ha sido mejorarlo. ¿Por qué vamos a cambiarlo si es bueno?

Es un modelo muy contestado.

Quiere ser cuestionado, pero la realidad se cae por sí sola. En las comunidades autónomas donde gobierna la izquierda, que es la que nos ha criticado expresamente por este modelo, se desarrolla. Emiliano García Page, por ejemplo, ha elogiado el modelo de colaboración público privada. En el Ayuntamiento de Girona, creo recordar, hace muy poquito se ha abierto una residencia de este tipo y gobierna la izquierda… Pero, por centrarnos en Madrid, yo mandé una carta a todos los alcaldes informándoles de este proyecto y solicitándoles que, si lo valoraban, pusieran a disposición de la comunidad autónoma parcelas para que se estudiara la posibilidad de construir una residencia del Plan 40/40 en su municipio. Nos han contestado 85 ayuntamientos y una docena son ayuntamientos socialistas.

Se ha anunciado para este año la creación de un Centro de Atención Integral especializado para hombres víctimas de violencia sexual. ¿Hay fecha de apertura?

Si todo va bien estará abierto en octubre. El procedimiento de licitación ya está iniciado.

¿En qué va a consistir, qué tipo de atención va a ofrecer?

Una atención integral similar a la que ofrecemos en los centros de atención a víctimas en general: asesoramiento jurídico, atención psicológica, atención social y atención sexológica. La atención sanitaria, la valoración del daño físico y emocional en primera instancia se da en los hospitales cuando se atiende este tipo de agresiones, pero el acompañamiento a más a largo plazo, la continuidad, es lo que vamos a atender desde ese centro.

¿Por qué se decide poner en marcha?

Por dos cuestiones fundamentales. La primera, que el Servicio Madrileño de Salud atiende unas 100 violaciones de hombres al año. Son 100 hombres que van a los hospitales, pero sabemos que hay bastantes que no acuden a los centros de salud.

¿Más que en el caso de mujeres?

Es difícil de saber. Pero hay hombres que no acuden a los centros de salud por miedo a ser estigmatizados. A veces está asociado a prácticas como el chemsex. O son hombres prostituidos que son víctimas de violencia.

Mencionaba dos razones. ¿Cuál es la segunda?

Dar continuidad a los niños que han sido atendidos en los dos centros en los que atendemos a menores víctimas de violencia sexual que tenemos en la Comunidad de Madrid, que a los 18 años dejan de ser atendidos en estos centros. Las niñas pasan a ser atendidos en los centros de la red de atención a las mujeres que tenemos, la más amplia y más completa en recursos de atención a mujeres de España, tenemos seis centros para atender a mujeres víctimas de violencia sexual. Pero en el caso de los chicos podía ser necesario prolongar una atención psicológica porque no haya podido repararse aún el daño sufrido tras la agresión o porque no haya terminado el proceso judicial, por ejemplo, en caso de que se haya iniciado. Y ese acompañamiento queríamos seguir dándolo.