Juzgan por un delito de odio a un paciente que menospreció a un médico sirio

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga el próximo martes por un delito de odio a un hombre, paciente del consultorio de La Pobla de Farnals, que menospreció a un médico sirio que salió en defensa de una compañera de trabajo.

El hombre se dirigió a la víctima con expresiones de tipo peyorativo por su procedencia, según detalla el fiscal en su escrito de acusación.

Los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2022, cuando el procesado se encontraba gritando a una trabajadora del consultorio en la zona de administración porque pretendía acceder al centro sanitario sin mascarilla.

La víctima le dijo a su compañera que llamara a la Policía y, ante esto, el procesado se dirigió al doctor, de origen sirio y de nacionalidad española, y le dijo: "Vete a tu país que nosotros aquí funcionamos de otra manera", con la intención, según mantiene la Fiscalía, de denigrarlo por su origen.

Las expresiones causaron en el perjudicado sentimiento de humillación, le hirieron en su amor propio y menoscabaron su dignidad, motivo por el cual el Ministerio Fiscal pide para el procesado una pena de prisión de un año.

Juicio a un club cannábico de València

También el martes pero en la Sección Quinta se ha programado el juicio a la presidenta, el secretario y el tesorero de un club cannábico de València a los que la Fiscalía acusa de un delito contra la salud pública.

El 17 de marzo de 2022 se practicó entrada y registro en el local de la entidad por parte de la Policía Nacional y los agentes se incautaron de diversas cantidades de hachís y marihuana que, según mantiene el Ministerio Fiscal, los encausados pensaban destinar a la venta a terceros en el mercado ilícito.

Uno de los procesados, el secretario y responsable del local, tenía antecedentes por hechos similares.

La Fiscalía solicita para ellos penas que oscilan entre los 4 años y medio y los 6 años de prisión.

El jueves en la Sección Tercera se juzgará a nueve personas acusadas de un delito de blanqueo de capitales, a los que la Fiscalía acusa de recibir en sus cuentas bancarias diferentes cantidades procedentes de fraudes realizados por terceros, que no son enjuiciados en este procedimiento.

Los hechos ocurrieron a lo largo del año 2018 cuando, según el Ministerio Fiscal, los encausados recibieron las trasferencias que, bien reenviaron a otras cuentas, bien obtuvieron en mano mediante operaciones de extracción.

La acusación pública solicita para cada uno de ellos una pena de prisión de 2 años y medio y una multa de 50.000 euros.