Protección de la infancia en Catalunya

Trabajadores de la DGAIA ya alertaron en 2023 del riesgo que suponen las fugas de menores: "Se exponen a explotación sexual y violencia"

La Sindicatura de Greuges urgió en marzo de 2024 al organismo a adoptar una "postura proactiva, anticipándose y planificando actuaciones" para reducir estas prácticas

El Govern anuncia una "transformación profunda" en la DGAIA

Un centro de menores de Catalunya.

Un centro de menores de Catalunya. / DANNY CAMINAL

Montse Baraza

Montse Baraza

Barcelona
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El Col.lectiu d'Educadors i Educadores de Catalunya, que agrupa a trabajadores de los 13 centros públicos que tiene la DGAIA, ya advirtió en noviembre del 2023 de su preocupación por las fugas de adolescentes de los centros residenciales como los CRAE y, ante lo que consideraron inacción del organismo, elevaron la queja a la Sindicatura de Greuges. Denunciaban que se estaba produciendo un "maltrato institucional" y que "por tanto, se están vulnerando los derechos de la infancia en proteccion".

Entonces ya señalaban que la problemática de las fugas –que ha dejado en evidencia el caso de la niña de 12 años bajo custodia de la DGAIA violada y prostituida por un pederasta, en gran parte inevitable dado que estos centros no son de retención y funcionan con la confianza y con el objetivo de que los jóvenes tengan una vida lo más normal posible– era "especialmente sensible cuando se trata de chicas" por las "situaciones de riesgo" a las que se exponían y que eran, subrayan, "motivo de alerta".

Los trabajadores señalaban que durante las fugas las jóvenes "aceptan relaciones a cambio de cualquier cosa, drogas, un móvil o dinero"

Los trabajadores detallaban que "en las fugas, las adolescentes se exponen a situaciones de riesgo de máxima gravedad". Y describían lo que suelen hacer durante las fugas: "Buscan refugio en pisos clandestinos con otros adolescentes o adultos que se aprovechan de ellas, aceptan relaciones a cambio de cualquier cosa, drogas, un móvil o dinero. En este contexto, no es de extrañar que mantengan relaciones sexuales de riesgo o que se fomenten comportamientos antisociales".

Alertaban igualmente que estas situaciones tenían también un impacto en el resto de menores del centro: "En ocasiones afecta negativamente a las compañeras más vulnerables, que acaban reproduciendo conductas disrruptivas". Describían también los retornos conflictivos: "Muchas veces regresan en malas condiciones de higiene, salud o de consumo. Esto repercute en el resto de chicas que intentan llevar una vida lo más normal posible. Y se viven situaciones tensas con gritos, ambulancias, intervención policial, que afectan al resto". 

Denunciaban la "sobresaturación" de los CRAE y pedían centros especializados para dar una atención individualizada

Finalmente, denunciaban una disfunción derivada de la "sobresaturación" de los centros residenciales: cuando un menor se fuga, su plaza la ocupa otra persona, de modo que cuando el menor vuelve, no siempre lo hace al centro en el que estaba, sino en otro, con un entorno y un equipo humano diferentes. Ante esta situación, los trabajadores expresaban su "impotencia" al ver "cómo se deshacen vínculos que se habían podido establecer con el equipo educativo".

En marzo de 2024, la DGAIA admitía estar preocupada por las fugas y que no siempre los EAIA podían hacer con los menores un trabajo previo al ingreso en un centro 

Este colectivo es consciente de que las fugas son inevitables, por ello reclamaban ya entonces centros especializados para adolescentes con diferentes casuáisticas (salud mental, comportamiento, adicciones..) que no pueden seguir la dinámica de un CRAE y requieren una atención más exclusiva. Acababan pidiendo "más recursos adecuados para atender como corresponde a adolescentes tuteladas, teniendo en cuenta sus necesidades para dar una atención más individualizada".

La Síndica, Esther Giménez-Salinas, concluía que "las fugas representan uno de los principales factores de riesgo para sufrir explotación sexual y violencia

Tras recibir la queja, la Sindicatura pidió información a la DGAIA que, según consta en el informe que hizo la Sindicatura en marzo de 2024, admitió estar "muy preocupada por la problemática de las fugas" y afirmaba que eran situaciones que "a menudo no se pueden abordar por la actitud refractaria de los menores al tratamiento y a la medida de protección propuesta". Admitía que cuando el EAIA (Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia) propone un ingreso en un centro, "no siempre se puede hacer un trabajo previo" con el menor. Esos trabajos previos y de prevención son uno de los aspectos que reclaman los educadores.

La Sindicatura recogió quejas de adolescentes sobre la "falta de contacto con los EAIA" y concluyó que la coordinación con la policía "no es siempre suficiente"

La Sindicatura también revisó expedientes de fugas y concluyó que "se observa que la coordinación con las fuerzas policiales no siempre es suficiente y debe ir acompañada de un trabajo de análisis profundo para prevenir nuevos episodios". En este sentido, advertía de que los profesionales "deben estar formados para reconocer indicadores de conducta de fuga, disponer de herramientas y trabajar con otros servicios".

La Síndica, Esther Giménez-Salinas, concluía que "las fugas representan uno de los principales factores de riesgo para sufrir explotación sexual y violencia, especialmente en el caso de las chicas" y que "el deber de prevención exige que la Administración adopte una postura proactiva, anticipándose y planificando actuaciones para reconducir las crisis en adolescentes en centros susceptibles de fugarse". "Reducir el número de fugas debe ser un objetivo del sistema de protección", insistía.

La Sindicatura también visitó diversos centros y habló con algunos jóvenes que le trasladaron su queja por "la falta de contacto con los EAIA". "Muchos adolescentes han manifestado no haber sido escuchados tras su ingreso. Algunos no han tenido ninguna entrevista, otros han solicitado ellos mismos el contacto con EAIA, y otros señalan que solo se les visita cuando hay problemas". Ante esta situación, la Síndica advertía de que era necesario crear espacios de escucha y participación de estos jóvenes. "Se debe procurar que los niños y niñas participen al máximo en las decisiones que les afectan".

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