El Govern anuncia una "transformación profunda" en la DGAIA y se personará como acusación en el juicio a la red de pederastia del Raval

La consellera de Drets Social, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este martes que el Govern se personará como acusación popular en la red de pederastia que violó y prostituyó a la menor de 12 años que estaba bajo guarda de la DGAIA. No puede hacerlo en la primera causa, la que incluye las violaciones del cabecilla de la trama a la niña de 12 años, dado que ya está calificada por el fiscal y pendiente de juicio, pero sí en los otros dos procedimientos abiertos: el que aborda las agresiones de más implicados a la misma menor y a otro niño, y la de pornografía infantil. Además, la consellera también ha avanzado que ha ordenado una "transformación profunda" de la DGAIA, que incluirá un plan de medidas para mejorar la protección de la infancia y ha pedido una auditoría sobre las cuentas del organismo. "Iremos hasta el final", ha asegurado la consellera, que ha expresado su "rotundo rechazo" a los hechos "escalofriantes e inaceptables".

Drets Socials también ha pedido una auditoría de las cuentas de la entidad para tomar medidas correctivas

"La DGAIA necesita una transformación profunda, y eso es evidente desde hace años", ha subrayado Martínez Bravo, antes de apuntar que su departament ha sido "el primero en impulsar cambios en el liderazgo de la DGAIA para abrir una nueva etapa e iniciar una revisión" del funcionamiento del organismo. Aludía a la renovación de la cúpula de la DGAIA: el Govern destituyó el pasado marzo, seis meses después de sus nombramientos, a la directora general, Isabel Carrasco, y a su subdirector, Joan Mayoral. La primera sustituía a Ester Cabanes, que estuvo seis años en el cargo (de mayo a 2021 a agosto de 2024) , sobreviviendo a cuatro consellers. El nuevo director del ente es Josep Muñoz Luque, que tiene el encargo de reorganizar la DGAIA.

"La DGAIA necesita una transformación profunda, y eso es evidente desde hace años"

Mónica Mártinez Bravo

— Consellera de Drets Socials

En este marco de reorganización, la consellera ha avanzado que en breve presentará un plan de transformación integral para abordar todas las problemáticas de la DGAIA e introducir mejoras para garantizar la protección de niños y adolescentes que estén bajo el amparo de la Administración. "Tenemos que revisar todos los protocolos para asegurarnos de que hechos como estos no vuelvan a ocurrir nunca más", ha dicho, tras asegurar que el Govern está comprometido con la máxima transparencia sobre este caso.

El Govern gastó más de 100 millones en contratos 'a dedo' y sin amparo legal en centros de menores de 2016 a 2020

Sobre el cuestionamiento de la gestión de la DGAIA en materia de contratación entre 2016 y 2020, ha explicado que la conselleria ha solicitado una auditoría completa para identificar "todas las acciones correctivas necesarias". La DGAIA está siendo investigada por Antifraude por la mala gestión de algunas ayudas a jóvenes extutelados. Hace un año, la Sindicatura de Cuentas ya alertó de contratos prorrogados de forma irregular, y hace unos meses la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) recibió la denuncia de un trabajador de la DGAIA asegurando que algunos jóvenes extutelados seguían cobrando ayudas a pesar de vivir y trabajar fuera de Catalunya, o que las entidades que los tutelaban seguían recibiendo ayudas aunque ya no les estuvieran prestando atención.

La consellera ha querido poner en valor el trabajo que desde los servicios sociales realizan miles de trabajadores que velan por los menores. Y al tiempo ha hecho una llamada a la prudencia para evitar revictimizar a las víctimas y exponer su intimidad.

Expediente informativo

Este martes, Martínez Bravo ya ordenó abrir un expediente informativo para revisar las actuaciones realizadas por la DGAIA en el caso de esta niña, cuya tutela la tenían los padres pero estaba bajo guarda de la DGAIA. El objetivo del expediente es revisar en profundidad la cronología de los hechos, identificar posibles carencias o ámbitos de mejora y reforzar los mecanismos de protección de los niños y niñas que son víctimas de violencia sexual. Martínez Bravo ha solicitado ya comparecer en el Parlament para presentar las conclusiones de ese expediente y dar cuenta de las actuaciones que se han llevado a cabo a raíz del caso.

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolèscencia (DGAIA) gestiona unos 20.000 menores en situación de riesgo en Catalunya, de los que 8.867, según cifras del pasado mes de abril, tienen alguna medida de protección tal como la tutela o la guarda. De estos, 5.249, un 59,2%, viven en alguno de los diversos tipos de residencia que ofrece la Administración. El grueso (2.086 menores, que son un 39,7%) lo hacen concretamente en Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE). Es este un sistema externalizado, en el que fundaciones y entidades privadas son las que gestionan los centros a través de un concierto con la Administración. Los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) son el brazo ejecutor de la DGAIA en los municipios y son los que gestionan y controlan los expedientes de los menores, trabajando coordinadamente con los centros.

El caso de la niña de 12 años que estaba bajo la guarda de la DGAIA cuando fue violada y prostituida por el 'Pelicot catalán', un electricista de 45 años que organizaba las citas desde un piso de Ciutat Vella, ha expuesto las deficiencias del sistema y ha agravado la crisis en la DGAIA, que deberá dar explicaciones sobre su gestión de este caso concreto y del conjunto de los menores que tiene bajo su responsabilidad.