El caso de la niña violada bajo guarda de la DGAIA agrava la crisis del organismo

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolèscencia (DGAIA) gestiona unos 20.000 menores en situación de riesgo en Catalunya, de los que 8.867, según cifras del pasado mes de abril, tienen alguna medida de protección tal como la tutela o la guarda. De estos, 5.249, un 59,2%, viven en alguno de los diversos tipos de residencia que ofrece la Administración. El grueso (2.086 menores, que son un 39,7%) lo hacen concretamente en Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE). Es este un sistema externalizado, en el que fundaciones y entidades privadas son las que gestionan los centros a través de un concierto con la Administración. Los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) son el brazo ejecutor de la DGAIA en los municipios y son los que gestionan y controlan los expedientes de los menores, trabajando coordinadamente con los centros.

El caso de la niña de 12 años que estaba bajo la guarda de la DGAIA cuando fue violada y prostituida por el 'Pelicot catalán', un electricista de 45 años que organizaba las citas desde un piso de Ciutat Vella, ha expuesto las deficiencias del sistema y ha agravado la crisis en la DGAIA, que deberá dar explicaciones sobre su gestión de este caso concreto y del conjunto de los menores que tiene bajo su responsabilidad.

El nuevo director de la DGAIA, Josep Muñoz Luque, tiene el encargo de reorganizar el organismo 

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha ordenado abrir un expediente informativo para revisar las actuaciones realizadas por la DGAIA en el caso de esta niña, cuya tutela la tenían los padres pero estaba bajo guarda de la DGAIA. El objetivo del expediente, apuntan desde la conselleria, es revisar en profundidad la cronología de los hechos, identificar posibles carencias o ámbitos de mejora y reforzar los mecanismos de protección de los niños y niñas que son víctimas de violencia sexual. Martínez Bravo ha solicitado ya comparecer en el Parlament para presentar las conclusiones de ese expediente y dar cuenta de las actuaciones que se han llevado a cabo a raíz del caso.

Entre las cosas a explicar está el lapso de tiempo, un año y medio, que los profesionales que trabajaban con la menor tardaron en detectar lo que estaba pasando. La niña sufrió abusos por parte del 'Pelicot catalán' y fue prostituida por este entre mayo de 2020 y octubre de 2021. Sí es cierto que a finales de ese año fueron los educadores del centro los que percibieron que algo no iba bien y, tras establecer un diálogo con ella, descubrieron en su móvil conversaciones, fotos y vídeos que evidenciaban los abusos y se procedió a denunciar el caso ante los Mossos d'Esquadra.

Los profesionales reclaman más inversión en proteger a la infancia y trabajar la prevención antes de que los casos se agraven 

Otro asunto que deberá explicar la DGAIA es por qué en 2023, cuando la menor tenía 15 años, se le autorizó a abandonar el centro e irse a vivir con su novio, un joven de 25 años, una decisión que según un educador social del centro de L'Hospitalet que atendía a la niña tomó el EAIA de este municipio y que todos los expertos consultados consideran cuanto menos cuestionable, si bien apelan a la prudencia para conocer los detalles. "Si es verdad que esa niña tenía un novio de 25 años y la dejaban irse con él, yo sería el primer sorprendido. Hace muchos años que trabajamos y jamás la DGAIA nos dio permiso para que una niña de 15 años se fuera a vivir con un hombre de 25. Al revés: cuando tenemos una pernocta con un familiar, debemos notificarlo a la Generalitat", explica Jordi Royo, director clínico de Amalgama 7, entidad que desde hace 25 años tiene un concierto con la DGAIA.

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Este suceso se produce en un momento de cambio en la DGAIA, después de que el Govern destituyese el pasado marzo, seis meses después de sus nombramientos, a la directora general, Isabel Carrasco, y a su subdirector, Joan Mayoral. La primera sustituía a Ester Cabanes, que estuvo seis años en el cargo (de mayo a 2021 a agosto de 2024) , sobreviviendo a cuatro consellers. El nuevo director del ente es Josep Muñoz Luque, que tiene entre manos el reto de conducir a la DGAIA a una nueva etapa que comportará una reorganización. El Govern ya admitía hace unos meses que había "tensión" en los equipos de la DGAIA por la mayor complejidad de los casos a atender.

"¿El Govern estaría tranquilo si alguno de sus hijos o familiares menores estuviera bajo la DGAIA? La respuesta es no"

Albert Font-Tarrés

— Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya

También la Sindicatura de Greuges ha abierto una investigación de oficio y ha solicitado información a Drets Socials. Esther Giménez-Salinas ha mostrado su preocupación por este caso. Un informe de este organismo ya advertía en 2023 de carencias estructurales del sistema de protección a la infancia y alertaba de que el riesgo de explotación sexual es más elevado entre las adolescentes que residen en los centros del sistema de protección y, por ese motivo, pedía a la DGAIA que adoptara medidas específicas para evitar que las niñas sufrieran este tipo de abuso. Ahora la Sindicatura considera "inaplazable abordar los graves déficits del sistema de protección que este caso ha puesto de manifiesto".

"Es reduccionista culpar a la DGAIA. Estos niños son fáciles de captar. ¿Qué hacemos como sociedad para protegerlos?"

Jordi Royo

— Director clínico de Amalgama 7

Los profesionales del sector consultados por EL PERIÓDICO llaman a aprovechar la oportunidad para invertir y trabajar más la prevención de modo que se asegure al 100% la protección de los menores que estén bajo el paraguas de la DGAIA. "¿El Govern estaría tranquilo si alguno de sus hijos o familiares menores estuviera bajo la DGAIA? La respuesta es no. Y este debería ser el criterio" para abordar esa reorganización, en palabras del vicepresidente del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Albert Font-Tarrés.

"El colegio hace años que avisa de que todo el sistema debe revisarse. El conjunto de los servicios no están lo suficientemente bien relacionados entre ellos y se pierde calidad. Y este suceso nos da la razón", apunta Font-Tarrés. Según el colegio, este caso no es una excepción: "Desde hace demasiado tiempo, diversos ámbitos profesionales vienen alertando sobre deficiencias estructurales en el sistema de protección a la infancia y sobre la falta de recursos y reconocimiento hacia los equipos profesionales que trabajan en él".

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Dando por sentado que la DGAIA debería revisar su organización, los expertos han coincidido en aclarar dos cuestiones: que los menores escapen de los centros residenciales es inevitable porque son centros abiertos, no cárceles. Y en segundo lugar, que la detección de abusos es compleja y requiere profesionales altamente formados, y aun así, no siempre es fácil.

Los expertos alertan de que las niñas bajo guarda o tutela son presas fáciles de depredadores

En este sentido, han llamado a abrir la mirada y poner el foco como sociedad a la protección de los menores. "Nos parece reduccionista atribuir toda la responsabilidad de este hecho a la DGAIA", manifiesta Jordi Royo. "Recordemos que, cuando hablamos de niños tutelados, estamos hablando de colectivos vulnerables. Y son vulnerables no solo porque están tutelados, sino porque muchos de ellos sufren trastornos emocionales, mentales o estrés postraumático a raíz de un caso de bullying o abuso sexual. Estos niños son fáciles de captar, ¿qué hacemos como sociedad para protegerlos?", plantea Royo. Especialmente vulnerables son las chicas que residen en centros de la DGAIA, "objetivo fácil", advierten los expertos, de depredadores sexuales. Y añaden que los centros no son siempre lo suficientemente conscientes de lo vulnerables que son estas niñas.

En la misma línea, Elisenda Xifre, presidenta de Fedaia, federación que agrupa a un centenar de entidades que atienden a menores, ha lamentado que el foco se esté poniendo en la niña y no en el agresor y en la sociedad en su conjunto. "No deberíamos saber detalles de la vida de esta niña, si está tutelada o no. Es una vulneración de sus derechos y una revictimización", ha denunciado.

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