Drets Socials
El Govern abre un expediente per revisar la actuación de la DGAIA en los abusos de la niña de 12 años tutelada
La consellera Martínez Bravo pide comparecer ante el Parlament para explicar el caso
Mónica Martínez Bravo, en el Parlament. / ACN
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Drets Socials i Inclusió ha iniciado un expediente informativo para revisar qué actuaciones se activaron en 2021, cuando se detectaron los presuntos abusos a una niña bajo la tutela de la administración, víctima de una red de pederastia y prostitución.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha solicitado este miércoles comparecer en el Parlament de Catalunya para explicar los mecanismos de prevención, protección y atención a la infancia de la DGAIA. Durante su intervención, Martínez Bravo informará sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Departament a raíz del caso de la presunta red de pederastia y prostitución en la que habría resultado víctima una niña que se encontraba bajo la tutela de la Administración en el momento de los hechos.
Gestión polémica
El caso, denunciado en el año 2021, afecta a varios menores de edad y está siendo investigado por las autoridades judiciales y policiales. Una de las víctimas, una niña de 12 años, vivía en un centro de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) cuando se habrían producido las agresiones. La gestión del organismo y del centro en el que se encontraba la menor ha creado polémica. Porque si bien es cierto que, gracias a la intervención del personal educativo, se detectaron los indicios de abusos y se activaron los protocolos pertinentes que derivaron en una denuncia y en detenciones, también lo es que la menor fue presuntamente violada y explotada durante más de un año.
La consellera, "ante la gravedad de los hechos y con voluntad de transparencia", afirman desde el departament, presentará en sede parlamentaria las conclusiones preliminares del expediente informativo que ha abierto la DGAIA para aclarar qué actuaciones se llevaron a cabo. El objetivo del expediente es revisar en profundidad la cronología de los hechos, identificar posibles carencias o ámbitos de mejora y reforzar los mecanismos de protección de los niños y niñas que son víctimas de violencia sexual.
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