Las feministas abolicionistas aplauden el plan de Illa contra la prostitución pero exigen "medidas efectivas"

La prostitución es uno de los temas que más dividen al movimiento feminista, por lo que los colectivos catalanes en defensa de las mujeres han recibido con opiniones encontradas la intención del Govern de incluir la abolición de la prostitución en el marco del nuevo Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere la abolición de la prostitución.

El debate no es menor. ¿Qué hacer ante la prostitución? Las feministas abolicionistas consideran que no puede considerarse un trabajo, sino una forma de violencia y explotación que afecta especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad económica o social. Desde el regulacionismo, en cambio, entienden que siempre es preferible que una actividad como la prostitución –estigmatizada y alimentada por el patriarcado, pero también por la pobreza femenina y la ley de extranjería– se lleve a cabo con derechos laborales. La realidad es que las distintas legislaciones europeas –desde la regulación de Alemania hasta la abolición de Suecia– están obteniendo resultados poco claros. También cabe diferenciar la prostitución autónoma del tráfico sexual de personas. Un reciente estudio del Ministerio de Igualdad apuntaba que "al menos" el 24% de las prostitutas son víctimas de trata, cuando hasta el momento se estimaba que esta cifra alcanzaba al 90% de las mujeres prostituidas.

"Las políticas abolicionistas implican más vulnerabilidad, criminalización y estigma sobre las trabajadoras sexuales"

— Lorena Garrido. Activista en favor de la regulación

Ante el anuncio del Govern, los colectivos abolicionistas, tradicionalmente minoritarios en Catalunya pero que en los últimos años han cobrado más fuerza, han recibido con esperanzas la iniciativa. Ahora bien, son conscientes de que podría quedarse "en papel mojado" si el Govern no tiene apoyos suficientes para poner el Plan en práctica y aprobar "medidas efectivas", como multar a los clientes, que sirvan para desincentivar la demanda.

"La dirección es correcta, pero sin medidas, nos quedamos en el mismo sitio y ya vamos tarde, tendrían que haber abolido la prostitución desde que comenzó la democracia porque es la violencia más 'heavy' contra las mujeres", afirma Nuria González, abogada y miembro de Catalunya Abolicionista.

A su vez, Silvia Carrasco, integrante de Feministes de Catalunya, aplaude que el PSC "ponga encima de la mesa" la abolición, puesto que forma parte de su ideario y figura en su programa electoral. A su juicio, una autonomía tiene competencias suficientes para aprobar políticas destinadas a erradicar el sexo de pago, como ha hecho la Comunitat Valenciana, que ha retirado a los prostíbulos del reglamento de espectáculos y ha reestructurado las ayudas a las mujeres en situación de prostitución. De ahí que Carrasco "confíe" en el que el Govern plasme su iniciativa en medidas concretas.

Confunsión con el tráfico de personas

Carrasco recuerda que más de 300 colectivos de mujeres de toda España han aprobado una propuesta de ley abolicionista, que considera "la prostitución como la peor forma de violencia sexual sistémica", llevada a cabo por el "terrorismo machista". Este proyecto reclama desincentivar la demanda con multas a los "puteros", que se ofrezca "alternativas reales de rescate" a las mujeres que ejercen,y que se persiga al proxenetismo y la producción de pornografía.

"Las autonomías tienen competencias suficientes para aprobar políticas destinadas a erradicar el sexo de pago"

— Silvia Carrasco. Feministes de Catalunya

En el lado contrario, Lorena Garrido, integrante de los colectivos Ca la Dona y Novembre Feminista, organizadores de las manifestaciones masivas del 8M y de la movilización del 25 de noviembre, ve muy "preocupante" que el Govern "confunda" la trata y la explotación sexual con los contextos en los que mujeres ejercen en libertad "como forma de supervivencia".

Garrido avisa de que las políticas abolicionistas llevan aparejado más "vulnerabilidad, criminalización y estigma" sobre las trabajadoras sexuales, que ya suelen vivir en situación de precarización y, en muchas ocasiones, sufren violencia.

Regulacionismo

Por tanto, Garrido considera que la propuesta del Govern solo pretende "visibilizar políticas" que tienen un efecto "simbólico" pero "resultados escasos". Además, recuerda que en Catalunya la posición regulacionista es "mayoritaria" entre los colectivos feministas, por lo que considera que el PSC solo pretende "priorizar su ideario", basado en un "feminismo radical de los años 80 y 90", pero sin tener en cuenta la diversidad de opiniones existente en Catalunya. "No piensan en el bien común integrado por los colectivos feministas de base", sentencia.

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